PoloSur
La fiscal Ochoa presentó un escrito ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien está a cargo del caso, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae. La solicitud de la fiscal busca esclarecer si hubo un uso indebido de fondos públicos en el contexto de la salida de Bolsonaro del país.
Flávio Bolsonaro, tras perder las elecciones en Brasil, se vio afectado por medidas judiciales que le prohibían abandonar su país y que le exigían la entrega de sus documentos de viaje. No obstante, logró abordar un vuelo privado desde Puerto Iguazú, que hizo una escala en Guayaquil, Ecuador, y finalmente llegó a Miami, Estados Unidos, acompañado de su esposa e hijas.
En Brasil, el senador enfrenta una causa por presunto lavado de dinero, relacionada con operaciones que involucran a empresas del abogado Willer Tomaz y plataformas de apuestas. También está bajo investigación por el financiamiento irregular de "Dark Horse", una película sobre su padre, Jair Bolsonaro.
La semana pasada, la jueza Capuchetti tomó medidas preliminares en la denuncia presentada contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios, por una supuesta intervención irregular en el traslado de Bolsonaro hacia Estados Unidos. En un caso paralelo, la fiscalía federal de Puerto Iguazú, en Misiones, descartó la existencia de delitos relacionados con su ingreso al país, un hecho que fue corroborado por la Fiscalía de Revisión de esa provincia.
Estos antecedentes fueron enviados a los tribunales federales de Retiro, donde se consideró que aún es necesario investigar si hubo un uso incorrecto de fondos públicos en este caso. La magistrada porteña había ordenado algunas de las medidas solicitadas por la fiscal, incluyendo la preservación de imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Puerto Iguazú entre el 27 y el 28 de octubre. También se enviaron oficios para verificar si se recibió alguna notificación oficial desde Brasil sobre la situación judicial de Bolsonaro.
La denuncia fue presentada por Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, quien acusa de supuestos delitos como encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales. En este contexto, se solicita investigar si hubo algún ilícito por parte de funcionarios argentinos en relación al ingreso y la posterior salida de Flávio Bolsonaro, quien perdió las elecciones en Brasil ante Lula Da Silva.
En otras noticias judiciales, el juicio por el caso de los Cuadernos tuvo un nuevo capítulo con la declaración de un chofer que trabajó con Oscar Centeno. Este debate oral, que tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner, se reanudó este jueves y se encuentra en su primer aniversario, con más testimonios presentados ante el Tribunal Oral Federal 7.
En el ámbito financiero, la fiscal Cecilia Incardona solicitó que Ariel Vallejo permanezca en prisión y sea procesado por asociación ilícita y lavado de dinero. La acusación sostiene que el financista, vinculado a Chiqui Tapia, habría creado una estructura destinada a lavar activos, evadir impuestos y realizar intermediación financiera de manera ilegal. La Fiscalía también ha pedido medidas contra un total de 15 personas físicas y seis empresas.
En un caso particular en Mar del Plata, una mujer decidió demandar luego de que un intento de insonorización en su departamento resultara en una reducción del espacio de su habitación. La propietaria buscaba mitigar los ruidos provenientes de la vivienda contigua, pero tras el frustrado intento, inició un juicio reclamando una indemnización considerable. La sentencia finalizó aceptando únicamente el reclamo por daño moral.
En otro incidente, un accidente ocurrido en el cruce de la avenida Córdoba y Gallo llevó a un prolongado conflicto entre el propietario de un vehículo y su compañía de seguros, que se negó a cubrir los daños por la destrucción total del auto. La Cámara Comercial determinó que hubo una aceptación tácita del siniestro, ordenando a la aseguradora indemnizar al conductor por el valor actualizado de un automóvil similar, además de conceder compensaciones por privación de uso, daño moral y daño punitivo.
Finalmente, una mujer que tropezó frente a un colegio y demandó por lesiones y secuelas vio su reclamo rechazado por la Justicia, que además la obligó a hacerse cargo de las costas del juicio.
Una mujer inició una demanda contra la municipalidad y la administradora de una institución educativa, argumentando que sufrió una fractura en el pie debido al mal estado de la vereda.
No obstante, el tribunal puso en duda la validez de las fotografías presentadas como prueba y destacó la ausencia de testigos directos que pudieran corroborar el accidente, lo que llevó a la decisión de rechazar la demanda.
Fuente original: Infobae Judiciales.
