La fabrica de ñoquis de Melella sigue creciendo

La Agencia de Innovación de Tierra del Fuego incorporó una Secretaría de Ciberseguridad a su estructura política y, apenas un día después, designó a Teresita de Jesús Gómez al frente del área. La decisión vuelve a poner bajo la lupa el crecimiento del organismo, que ya supera los 215 empleados y demandó más de 20 mil millones de pesos desde su creación, mientras la provincia continúa enfrentando dificultades financieras.
Tierra del Fuego04/08/2026Polo SurPolo Sur

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Primero crearon el cargo y después nombraron a la funcionaria
La Agencia de Innovación Fueguina (AIF) volvió a quedar en el centro de la escena luego de que el Boletín Oficial publicara dos resoluciones consecutivas que evidencian una modalidad cada vez más frecuente dentro del Estado provincial: primero se crea una nueva estructura política y, casi de inmediato, se designa a la persona que la ocupará.
La secuencia administrativa resulta llamativa.
El 29 de junio de 2026, mediante la Resolución de Presidencia AITF N.º 295/2026, la presidenta de la Agencia Analía Cubino resolvió incorporar a la estructura orgánica una Secretaría de Ciberseguridad, justificando la medida en el crecimiento de la digitalización de los servicios públicos y la necesidad de proteger la infraestructura tecnológica provincial frente a amenazas y ataques informáticos.
La nueva estructura quedó conformada por:
  • Secretaría de Ciberseguridad.
  • Dirección de Seguridad de la Información y Ciberdefensa.
  • Departamento de Respuesta a Incidentes y Monitoreo.
  • División de Operaciones y Análisis de Vulnerabilidades.
Sin embargo, apenas 24 horas después, el 30 de junio, mediante la Resolución N.º 297/2026, la misma Agencia designó como Secretaria de Ciberseguridad a Teresita de Jesús Gómez, quien comenzó a desempeñar funciones desde la notificación del acto administrativo.
La rapidez con la que se sucedieron ambas resoluciones inevitablemente abre interrogantes.
Porque más allá de que la ciberseguridad sea hoy una necesidad estratégica para cualquier administración pública moderna, la secuencia deja instalada una pregunta política difícil de evitar: ¿la Secretaría fue creada por una necesidad institucional o para posibilitar una nueva designación política?
"Fábrica de Talentos" o "Fabrica de cargos" o "Fabrica de ñoquis"
 
Cuando el Gobierno de Gustavo Melella impulsó la creación de la Agencia de Innovación Fueguina en 2022, la presentó como uno de los proyectos más ambiciosos para transformar la matriz productiva provincial.
La AIF fue concebida como una agencia con personalidad jurídica autónoma destinada a vincular al Estado con el sector privado, universidades y centros tecnológicos para desarrollar la economía del conocimiento, fomentar la innovación y reducir la histórica dependencia del subrégimen industrial fueguino.
En los papeles, el objetivo parecía claro. Sin embargo, casi cuatro años después, el crecimiento más visible no parece haber sido el de la innovación tecnológica sino el de la propia estructura estatal.
Los números oficiales muestran una expansión constante.
  • 2023: la Agencia contaba con 87 empleados entre planta permanente y cargos políticos, administrando un presupuesto cercano a 4.000 millones de pesos.
  • 2024: la estructura escaló a más de 185 trabajadores, mientras el gasto alcanzó 5.400 millones de pesos, sin que se difundieran informes públicos que permitan medir con precisión el impacto concreto de esas inversiones sobre la economía fueguina.
  • 2025: el presupuesto superó los 8.000 millones de pesos, con alrededor de 200 empleados, siendo una parte importante cargos políticos y personal de confianza.
  • 2026: la propia Agencia reconoce actualmente una estructura integrada por 225 personas, mientras la proyección presupuestaria supera los 11.000 millones de pesos.
Solo durante 2025, el gasto destinado al personal ascendió a 8.112 millones de pesos.
 
Más de 20 mil millones de pesos en apenas cuatro años
Si se suman los recursos asignados desde su creación, la denominada "Fábrica de Talentos" ya demandó más de 20.000 millones de pesos del presupuesto provincial.
La cifra cobra una dimensión todavía mayor cuando se la compara con la situación financiera que atraviesa Tierra del Fuego. Se trata de un monto equivalente al que el propio gobernador Gustavo Melella buscó obtener mediante adelantos impositivos solicitados a empresas fueguinas y a las negociaciones financieras realizadas con el Ministerio de Economía de la Nación para afrontar el déficit de caja. Se piden adelantos para despilfarro con contratos para funcionarios. 
 
Mientras el Gobierno provincial sostiene que atraviesa restricciones presupuestarias, solicita asistencia financiera y advierte sobre la caída de recursos, la Agencia continúa expandiendo su estructura política.
Más cargos políticos y pocos resultados visibles
Nadie discute que la ciberseguridad sea hoy una política pública necesaria. La creciente digitalización del Estado exige especialistas capaces de prevenir ataques informáticos, proteger datos sensibles y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos.
Lo que sí comienza a generar cuestionamientos es el modo en que se amplía la estructura del Estado. La creación de una nueva Secretaría política seguida casi inmediatamente por el nombramiento de su titular vuelve a alimentar el debate sobre el crecimiento permanente del aparato estatal.
A ello se suma otra pregunta que hasta el momento sigue sin una respuesta clara:
 
¿Cuáles son los resultados concretos que justifican un organismo que ya supera los 215 empleados y un presupuesto superior a los 11 mil millones de pesos?
Hasta el momento, no existen informes públicos ampliamente difundidos que permitan evaluar el impacto real de la Agencia sobre la diversificación productiva, la radicación de empresas tecnológicas, la generación de empleo privado o la captación de inversiones.
 
Mientras faltan recursos para áreas esenciales, el Estado sigue creciendo
La creación de una nueva Secretaría ocurre en un contexto donde el propio Gobierno provincial sostiene que atraviesa dificultades financieras. 

  1. La educación continúa inmersa en un conflicto salarial que mantiene a miles de alumnos sin clases.
  2. Persisten los reclamos por problemas en el sistema sanitario.
  3. La infraestructura energética continúa requiriendo inversiones millonarias para sostener el servicio.
  4. Y distintos organismos públicos vienen señalando restricciones presupuestarias.

Sin embargo, el Estado sigue incorporando nuevas estructuras políticas.
La discusión ya no parece ser únicamente sobre la necesidad de contar con especialistas en ciberseguridad. El verdadero debate pasa por determinar si el crecimiento constante del aparato estatal está acompañado por resultados concretos que mejoren la vida de los fueguinos o si simplemente continúa ampliándose la estructura política financiada con recursos públicos.
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