Polo Sur
La polémica abogada y amiga personal del Jefe de Gabinete de la provincia, quien tiene a cargo el Juzgado de Familia y Minoridad N.º 2 de la ciudad modificó, de manera unilateral y discrecional, sus pautas de funcionamiento restringiendo el acceso a la justicia de los ciudadanos, lo hizo a través de una notificación oficial remitida este 16 de marzo de 2026. En el documento enviado a las autoridades del Colegio Público de Abogados, la jueza Marina Paola Montero justificó la decisión en base a episodios recientes donde particulares se presentaron de manera espontánea en estado de exaltación o acompañados por trabajadores de prensa.
La disposición más polémica radica en la prohibición de atender a personas que no cuenten con patrocinio letrado al momento de acercarse al tribunal. Según el nuevo esquema, aquellos vecinos que no tengan un abogado particular deberán acudir primero a la sede del Colegio de Abogados para que se les asigne un profesional de oficio. Hasta tanto no se cumpla con este requisito de representación legal, los interesados tendrán que permanecer fuera de las dependencias del juzgado.
Desde la oficina de Montero sostuvieron que estas limitaciones intentan “preservar el orden del servicio de justicia” y brindar un entorno seguro tanto para los empleados como para el público. Asimismo, argumentaron que la medida pretende garantizar un trato equitativo para todas las partes involucradas en los procesos judiciales.
La resolución despertó críticas inmediatas debido a que condiciona el acceso directo a la Justicia en un fuero dedicado a temáticas sumamente delicadas. Habitualmente, en las causas de familia se producen presentaciones por urgencias donde los afectados concurren por sus propios medios antes de lograr designar a un abogado que los represente formalmente.
Estas pautas de atención permanecerán vigentes hasta que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia redacte un protocolo definitivo sobre seguridad y modalidades de atención al público. La restricción se implementa en un clima de malestar generalizado, marcado por un hecho reciente en el que una mujer sufrió una descompensación mientras reclamaba por el avance de un expediente en los pasillos de tribunales.
