Polo Sur
Mientras desde Nación se presenta la decisión como una política para alentar la competencia, ampliar el acceso a la tecnología y promover la inclusión digital, en Tierra del Fuego la noticia se vive con inquietud y preocupación, especialmente en las ciudades como Río Grande donde la industria electrónica es el principal motor económico.
Para la provincia, la industria no es una variable más del mercado. El régimen industrial fueguino representa cerca del 78% de la economía provincial y la actividad electrónica genera alrededor de 8.500 puestos de trabajo directos, además de miles de empleos indirectos que dependen del funcionamiento de las plantas fabriles y su cadena de servicios.
Desde el sector sindical advirtieron que la eliminación de aranceles va en sentido contrario a la protección de la producción nacional. “Desde Nación hay una política que va en contra de la producción nacional”, sostuvo Marcos Linares, secretario adjunto de la UOM Río Grande, al referirse al impacto que la apertura importadora podría tener sobre el empleo local.
La preocupación no es nueva. Durante 2025, el sector electrónico atravesó conflictos, suspensiones y un paro por tiempo indeterminado, reflejo de una actividad que ya venía golpeada por la caída del consumo y la falta de previsibilidad. La nueva medida vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que se repite en la provincia desde hace meses: qué va a pasar con el trabajo fueguino.
En Tierra del Fuego, el debate va más allá de si los celulares serán más baratos. Lo que está en juego es el futuro de un modelo productivo que sostiene a miles de familias, en un contexto económico complejo y con señales contradictorias desde el Gobierno nacional. Mientras en Buenos Aires se habla de beneficios para el consumidor, en el sur crece la incertidumbre sobre el impacto real que estas decisiones pueden tener en el empleo, la producción y la estabilidad social de la provincia.
