Polo Sur
El veto total del gobernador Gustavo Melella a la compensacion de los recursos perdidos por los municipios no puede leerse como un acto de prudencia fiscal ni como una decisión técnica. Es, lisa y llanamente, una definición política destinada a sostener el control centralizado de los recursos y a trasladar el ajuste generado por la provincia hacia los municipios.
Mientras Melella se ampara hoy en la supuesta falta de estudios técnicos, hace apenas un mes aceptó sin debate público ni consulta institucional la reducción de la alícuota general de regalías, que pasó del 12% al 10% tras el acuerdo con la empresa estatal Terra Ignis. Esa decisión fue unilateral y tuvo una consecuencia directa: menos recursos para la Provincia y, automáticamente, menos recursos para los municipios. No hubo vetos preventivos, ni advertencias sobre riesgos sistémicos, ni preocupación por la sustentabilidad financiera.
Esta nueva norma aprobada por la Legislatura, pero anulada por Melella venía a corregir parcialmente ese daño. No creaba un privilegio nuevo ni un gasto descontrolado: buscaba equilibrar una pérdida concreta ya generada por el propio gobierno provincial. Sin embargo, el gobernador decidió vetarla por completo, dejando en claro que cuando el ajuste lo pagan los municipios, el Ejecutivo no ve ningún problema.
El discurso oficial resulta insostenible. Se habla de proteger la salud, la educación, la seguridad y la justicia, como si los municipios no garantizaran servicios esenciales todos los días: calles, recolección, asistencia social, mantenimiento urbano, servicios de salud, espacios comunitarios y atención directa a los vecinos. Desfinanciar a los municipios también es desfinanciar al Estado.
La calificación de la ley como “desproporcionada e irracional” no es un argumento técnico, sino una descalificación política hacia el Poder Legislativo y hacia los gobiernos municipales. Es la expresión de un Ejecutivo que no tolera que se discuta la distribución de recursos y que pretende conservar discrecionalidad absoluta, aun después de haber reducido voluntariamente la masa de regalías.
Este veto expone, además, un problema más profundo: un gobierno sin un programa económico claro, que toma decisiones de alto impacto fiscal sin planificación, y luego bloquea cualquier intento institucional de corregir sus propios errores. La supuesta “planificación de largo plazo” aparece solo cuando sirve para justificar vetos, nunca para anticipar consecuencias.
El mensaje es claro: la Provincia puede resignar recursos sin consultar a nadie, pero los municipios no pueden defenderse cuando esa decisión los perjudica. Es una lógica de poder que erosiona la autonomía municipal, vacía de contenido el rol de la Legislatura y profundiza la desigualdad territorial.
Este no es un veto para cuidar las finanzas públicas. Es un veto para disciplinar políticamente a los municipios y sostener un esquema de centralización que ya muestra signos evidentes de agotamiento. La pregunta que queda en el aire es incómoda, pero necesaria: ¿cuánto más ajuste pueden absorber las ciudades antes de que el costo recaiga, como siempre, sobre los vecinos?
