Desde el jueves 15 de enero, los teléfonos celulares y smartphones que ingresan al país dejaron de pagar aranceles a la importación. La medida, implementada en el marco del Decreto 333/2025, fue celebrada por el Gobierno nacional como una política “pro empleo, pro crecimiento y progresiva”. Sin embargo, lejos de representar un avance para la Argentina productiva, el anuncio expone una burla explícita a la realidad económica y laboral que atraviesan millones de argentinos.
El argumento oficial se apoya en una promesa repetida hasta el cansancio: más importaciones traerán más competencia y, en consecuencia, precios más bajos. Pero la experiencia histórica demuestra lo contrario. La apertura indiscriminada no genera desarrollo, no crea empleo y no fortalece el mercado interno. Solo reemplaza producción nacional por productos importados, destruyendo puestos de trabajo formales y debilitando la capacidad industrial del país.
Federico Sturzenegger celebró la eliminación total del arancel como si se tratara de una política moderna e inclusiva. Sin embargo, omite deliberadamente el costo social de esa decisión. Cada celular que ingresa sin arancel no es solo un producto más en góndola: es menos producción local, menos turnos en fábricas, menos empleo directo e indirecto y menos salarios que sostengan el consumo interno. Presentar esta medida como “pro empleo” no es un error conceptual, es una provocación.
La narrativa oficial insiste en que el beneficio llegará al “bolsillo del consumidor”. Pero en una economía con salarios deprimidos, empleo en caída y creciente informalidad, la baja de precios —si es que ocurre— no compensa la pérdida de trabajo. No hay acceso a tecnología posible cuando se destruye la principal fuente de ingresos de las familias. El consumo sin empleo es una ficción estadística.
Más llamativo aún es el intento del Gobierno de cerrar el argumento asegurando que la apertura se combina con “incentivos a la producción nacional”, especialmente la radicada en Tierra del Fuego. La afirmación roza el cinismo. El régimen industrial fueguino depende precisamente de la protección arancelaria frente a productos importados. Quitar esa barrera y, al mismo tiempo, hablar de incentivos es desconocer cómo funciona la economía real o, peor aún, fingir que no importa.
La industria es el sector que genera empleo formal, salarios por encima del promedio y un fuerte efecto multiplicador en toda la economía. Atacarla en nombre de una supuesta eficiencia de mercado es repetir un experimento que en la Argentina siempre terminó igual: desindustrialización, desempleo y mayor dependencia externa.
Sturzenegger no anunció una política de desarrollo. Anunció una rendición. Y lo hizo con tono celebratorio, como si destruir empleo industrial fuera un precio razonable a pagar por celulares un poco más baratos. Esa mirada no es técnica ni moderna: es ideológica y profundamente ajena a la realidad de los trabajadores argentinos.
El arancel cero no es una solución estructural. Es una burla a quienes producen, trabajan y sostienen la economía real. Y como tantas veces en la historia, el costo de esta decisión no lo pagarán quienes la celebran desde un escritorio, sino las familias que se quedarán sin trabajo.
