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A casi un año de la denuncia penal que sacudió los cimientos de la Cooperativa de Consumo Popular de Electricidad y Servicios Anexos de Río Grande, la impunidad política y el letargo judicial en Tierra del Fuego vuelven a quedar bajo la lupa del poder central. El próximo 20 de junio se cumple el primer aniversario de la presentación judicial que destapó una trama de malversación de fondos públicos, defraudación, enriquecimiento ilícito y presunta asociación ilícita dentro de la cúpula administrativa. La causa fue impulsada originalmente por un ex-empleado de la institución, Roberto Carlos Rainieri Fuentes, quien tras su despido decidió canalizar formalmente las gravísimas maniobras que había advertido dentro de la entidad. Sin embargo, a doce meses del escándalo, el expediente sigue congelado en un limbo procesal, careciendo incluso de un juez definitivo que se digne a avanzar.

La UEJN y la asociación de magistrados salieron a responderle al gobierno de Gustavo Melella y denunciaron públicamente un grave avance institucional contra la independencia judicial. El comunicado, difundido tras las declaraciones del jefe de Gabinete Jorge Canals contra la jueza electoral Mariel Zanini, advierte sobre “presión institucional”, cuestiona las amenazas de “consecuencias políticas” y alerta que el oficialismo está cruzando límites incompatibles con el sistema republicano y la división de poderes.

En un nuevo revés para el gobierno provincial, el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego volvió a rechazar un intento de avanzar contra el juez del Superior Tribunal, Ernesto Nené Löffler. Esta vez, se trató de la ampliación de la denuncia presentada por el abogado Antonio César Petkos, funcionario vinculado al propio Ejecutivo de Gustavo Melella.

El presidente del partido FORJA denunció una orquestada maniobra de desprestigio contra la gestión del gobernador Gustavo Melella. Según el dirigente nacional, la falsa ausencia de María Laura Fernández fue un intento de vincular al mandatario provincial con un hecho de extrema gravedad, buscando un rédito electoral mediante el uso de figuras delictivas sensibles para la historia argentina.

Tras 48 horas de intensa búsqueda y rastrillajes, la mujer denunciada como desaparecida reapareció luego de que la Justicia ordenara el allanamiento de su domicilio. La investigación, que incluyó el peritaje de su teléfono celular y relevamientos de cámaras, comenzó a revelar indicios de que la denuncia podría tratarse de una falsa desaparición con posibles motivaciones políticas, lo que anima a la comunidad a preguntarse ¿que hay detras de toda esta situacion?