Lo resolvió la sala II de la Cámara Federal porteña que lo dejó cerca de ser enviado a juicio oral acusado de negociaciones incompatibles con la función pública por favorecer a un broker amigo con contrataciones de pólizas de seguros durante su mandato, el mismo mecanismo habría sido el utilizado al inicio de la gestión Melella en Tierra del Fuego, involucrando al banco de la provincia.
Actualidad18/11/2025
Polo Sur
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa Seguros y ratificó además procesamientos, embargos y prohibiciones de salida del país del broker Héctor Martínez Sosa, y de su esposa y ex secretaria privada del ex mandatario María Cantero, entre otros acusados.
Para el Tribunal hubo “participación directa” del entonces Presidente en la trama delictiva.
El Tribunal de Apelaciones confirmó así procesamientos resueltos por el juez federal Sebastián Casanello en la causa en la que interviene el fiscal Carlos Rívolo y advirtió además que “nada obsta a que del devenir de la investigación, conforme a la evolución de esta causa, surja una participación más grave.”
Al respecto se ordenó profundizar en algunos aspectos de la pesquisa, en una decisión de los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico con la disidencia parcial de Eduardo Farah.
Se dio por probada la existencia de un esquema de “recaudación y distribución de fondos públicos” que operó mediante la “irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ‘NACIÓN SEGUROS S.A.’”, aproximadamente entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.
El rol de Alberto Fernández
Sobre el ex mandatario, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que “el ejercicio de influencia por parte del por entonces Presidente de la Nación Alberto Fernández, a través de su secretaria María Cantero, (…) tuvo como factor característico y neurálgico el favorecimiento del nombrado”.
Para la Cámara hubo en lo ocurrido “una participación directa de Alberto Fernández, haciendo uso del cargo que ostentaba.”
El tribunal también ratificó los procesamientos de exfuncionarios, productores de seguros y directivos de Nación Seguros, y ordenó avanzar sobre nuevas medidas para profundizar la pesquisa.
El rol del expresidente
Se consideró acreditado que Alberto Fernández fue un eslabón central del entramado delictivo con el “ejercicio de influencia” en su rol de Presidente de la Nación “a través de su secretaria María Cantero”
Los jueces recordaron el mensaje del 24 de mayo de 2023, cuando Cantero alertó a su entonces jefe sobre la designación de otro broker en Cancillería:
“Ya me ocupo”, respondió Fernández.
Cinco días después, la designación había sido revertida, lo que para los jueces demostró “una participación directa de Alberto Fernández, haciendo uso del cargo que ostentaba” y descartó la explicación de la defensa vinculada a una “irregularidad administrativa”.
“Toda la prueba descripta hasta aquí apunta en otra dirección: la de su involucramiento en un interés particular en la negociación”, sostiene la resolución a la que tuvo acceso Infobae.
Para los camaristas fue el rol de Fernández como presidente de la Nación lo que favoreció el crecimiento de su entonces amigo y broker Martínez Sosa en la contratación de pólizas con organismos públicos.
Alberto Fernández y su amigo el broker Martínez Sosa
“Porque si no fueron las acciones de Alberto Fernández las que facilitaron el exponencial aumento de los negocios de Héctor Martínez Sosa con el Estado, ¿quién, entonces, tenía el conflicto de interés?”, se preguntaron.
El fallo detalla que, desde la asunción de Fernández, Martínez Sosa percibió un equivalente al 59,6% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros S.A. a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales.
En la resolución se recuerda que “existía entre ellos, además de una relación de amistad, actividad comercial, una deuda periódicamente renovada, financiamiento de gastos personales, obsequios, etc.”
Un vínculo que permite “deducir razonablemente" la injerencia del ex Presidente “en el favorecimiento de los negocios del empresario con el Estado”.
El caso fueguino:
Según consta en el expediente, Tierra del Fuego replicó localmente el mecanismo denunciado en Nación: en julio de 2020, mediante el Decreto Provincial 1000/20, el gobierno de Melella rescindió un contrato histórico con el Banco de Tierra del Fuego para la administración de seguros públicos, y habilitó la participación exclusiva de Martínez Sosa, broker vinculado personalmente al entonces presidente.
A través de este decreto, la empresa fue designada como asesor único en materia de seguros para todo el sector público fueguino, incluyendo organismos centrales, descentralizados y entes autárquicos. Los honorarios de la firma eran abonados directamente por las aseguradoras, pero sin intermediación estatal ni licitaciones públicas.
La Justicia investiga si esa decisión fue parte de una maniobra coordinada con Nación para favorecer negocios privados mediante el uso de estructuras públicas. La empresa, cuyo titular está casado con la exsecretaria de Fernández, también figura en contrataciones directas posteriores realizadas por el gobierno provincial, algunas de ellas vigentes en 2024 y 2025.
Además, fuentes judiciales citadas en medios nacionales sostienen que existen mensajes, correos electrónicos y registros de llamadas que ubican a Melella en el entramado con actores de la causa sospechados.
Mientras la causa avanza con el procesamiento de Fernández y su entorno más cercano, se espera que la fiscalía solicite nuevas declaraciones y peritajes que podrían comprometer aún más a funcionarios fueguinos. El expediente, que ya reveló un circuito de comisiones millonarias, podría develar un esquema de negocios paralelos en varias provincias, y Tierra del Fuego aparece como una de las más comprometidas.
Otros procesamientos
La Cámara confirmó también el procesamiento del ex presidente de Nación Seguros Alberto Pagliano y los de Gustavo Argibay, Carlos Soria, Fernando Arana y Mauro Tanos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación contra la administración pública.
En relación a cinco acusados, se sumó el procesamiento por el delito de cohecho y se ordenó recalcular embargos en base a esta nueva figura penal.
En otros ocho casos se revocaron procesamientos, al igual que para dos cooperativas.
La investigación se centró en la firma del Decreto 823/2021, que obligó a las entidades del sector público nacional a contratar seguros a través de Nación Seguros S.A., para lo cual se usaron intermediarios -brokers-, sobre todo Martínez Sosa.
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