PoloSur
El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, procesó a Maximiliano Ariel Vallejo, a un total de 17 personas y a nueve sociedades relacionadas con el grupo Sur Finanzas, por su supuesta participación en delitos de asociación ilícita, lavado de activos y evasión tributaria. En su resolución, el magistrado también dispuso que Vallejo cumpla con prisión preventiva, la cual será bajo arresto domiciliario y con el uso de una tobillera electrónica.
La resolución a la que tuvo acceso Infobae indica que Vallejo habría liderado una estructura que operó entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, utilizando una red de sociedades, cuentas bancarias y una billetera virtual. El grupo es acusado de introducir fondos de origen presuntamente ilícito en el sistema económico formal, así como de mover esos fondos entre empresas vinculadas y utilizarlos para la adquisición de inmuebles, vehículos y otros bienes.
De acuerdo con el fallo, la organización habría utilizado al menos quince sociedades, entre las que se encuentran Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A., Centro de Inversiones Concordia S.R.L., Ars Cambios S.A.S., Cluster Palace Beach S.A., Roma Inversiones S.A. y Sur Pagos S.A. Para el juez, los bienes y las operaciones no estaban aislados, sino que formaban parte de un mismo circuito. El fallo concluyó que las sociedades funcionaban de manera “indistinta e intercambiable” para mover dinero entre empresas, directivos, empleados y terceros.
En cuanto a la situación de Vallejo, el fallo lo procesó como presunto jefe u organizador de una asociación ilícita y coautor de los delitos de lavado de activos agravado, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social. El juez Rodríguez Ponte consideró que existió una organización estable, con un reparto de funciones que operó durante más de cinco años. Según el fallo, las directivas se transmitían desde Vallejo hacia las áreas administrativas, las sucursales y el personal encargado del traslado de dinero.
Además, el juez dispuso un embargo de 40.000 millones de pesos sobre los bienes de Vallejo y fijó el mismo monto para su madre, Graciela Beatriz Vallejo.
El principal acusado, Maximiliano Vallejo, permanecerá en prisión preventiva, la cual cumplirá en una vivienda ubicada en el barrio Fincas de San Vicente, bajo un sistema de monitoreo electrónico. Además, se le ha impuesto la obligación de entregar sus documentos de viaje y se le prohíbe administrar empresas del grupo, así como operar cuentas bancarias, billeteras virtuales o activos virtuales sin la debida autorización judicial.
La resolución judicial identificó una parte crucial de la supuesta maniobra en Centro de Inversiones Concordia S.R.L., una agencia de cambio que cedió sus cuotas en agosto de 2020 a personas cercanas a Vallejo. Según la hipótesis planteada, la empresa habría realizado operaciones de compra y venta de moneda extranjera al margen de las regulaciones que rigen dicho mercado. El Banco Central de la República Argentina detectó irregularidades en la tenencia de divisas y formuló cargos por operaciones que, según la resolución, superaron los 103,5 millones de dólares estadounidenses.
El juez Rodríguez Ponte precisó que el monto investigado como posible activo de origen ilícito no representa el volumen total de las operaciones cambiarias realizadas. La investigación se centra en las ganancias generadas por esas actividades y su posterior reintegración al circuito económico formal. Durante el año 2022, las cuentas de Concordia recibieron más de 4.040 millones de pesos, mientras que las ventas declaradas ascendieron a 2.440 millones de pesos. En el año 2023, las acreditaciones alcanzaron casi 16.000 millones de pesos, y se señala que la firma no presentó su declaración jurada correspondiente.
En su resolución, el magistrado indicó que, cuando la agencia solicitó su baja como operador de cambios, los fondos fueron transferidos a cuentas personales de Graciela y Maximiliano Vallejo, así como a empresas relacionadas, como Gestiones San Miguel S.A. y Neocam S.A.S. El juez destacó que la rapidez y circulación de esos fondos entre sociedades administradas por personas cercanas a Vallejo constituyen indicios significativos. Además, mencionó que “los mismos fondos pudieran recorrer, en cuestión de horas, las cuentas” de diversas firmas y personas.
La parte más significativa de la investigación se centró en Sur Finanzas PSP S.A., anteriormente conocida como Neblockchain S.A., una empresa proveedora de servicios de pago. Una de sus cuentas recibió aproximadamente 1,73 billones de pesos entre enero de 2024 y octubre de 2025.
Se están investigando movimientos que resultan incompatibles con los perfiles de monotributistas de baja categoría, así como de personas no inscriptas y empleados del grupo. Además, se han detectado cuentas que fueron abiertas utilizando correos electrónicos creados en serie, lo que podría sugerir una centralización de las altas. Esta modalidad de apertura de cuentas es considerada sospechosa y podría estar vinculada a prácticas de lavado de activos.
Dentro de los casos que se están analizando, se ha encontrado que el efectivo ingresaba con referencias que no identificaban a sus propietarios, y posteriormente podía ser retirado en sucursales a cambio de una comisión. El juez citó mensajes en los que Vallejo daba instrucciones para cobrar “el 3% más IVA” por estas operaciones, lo que indica un esquema organizado para facilitar el movimiento de dinero de origen dudoso.
La causa también investiga la compra de inmuebles y vehículos que presuntamente fueron pagados en efectivo y están registrados a nombre de sociedades o terceros. Entre los bienes mencionados se encuentran una propiedad en el Saint Thomas Este Country Club, seis unidades en Adrogué, un lote en Fincas de San Vicente, la sede de Sur Finanzas y vehículos de alta gama, incluyendo una Ferrari California que era utilizada por Vallejo. Estas adquisiciones son parte de la investigación sobre cómo se habrían canalizado los fondos ilícitos.
Además de Maximiliano Vallejo y su madre, también fueron procesados María Fernanda Sena Argis, Bárbara Denise Sena Argis, Gerardo Salvador Carrozza, Silvia Torrado, Maite Sofía Lorenzo, Daniela Eliana Sánchez, Juan Ramón Cervín, Sergio Gabriel Da Silveira y Rolando Esteban Soloaga. Todos ellos están implicados en la misma causa, lo que sugiere una estructura más amplia que operaba en el marco de esta presunta asociación ilícita.
La lista de procesados incluye a Micaela Alejandra Sánchez, Susana Beatriz Hoffmann, Nahiara Gamarra, Jonathan Leonardo Ledesma, Juan Miguel Soler, César Abilio Zapaia y Cecilia Elizabeth Fioretti. La cantidad de personas involucradas en este caso resalta la complejidad de la red que se está investigando.
Las nueve sociedades que han sido procesadas son Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A., Cluster Palace Beach S.A., Centro de Inversiones Concordia S.R.L., Ars Cambios S.A.S., Roma Inversiones S.A., Neocam S.A.S., Gestiones San Miguel S.A. y Sur Pagos S.A. Estas empresas están bajo la lupa de la justicia, lo que indica que las operaciones de lavado de activos podrían haber sido realizadas a través de diversas entidades, complicando aún más la investigación.
Un jubilado de 88 años presentó una demanda contra una mujer a quien consideraba su “sobrina del corazón”, logrando que se anularan tanto el boleto de compraventa como la escritura de su vivienda que había sido transferida a su nombre. En la resolución, el magistrado determinó que la mujer había actuado con dolo esencial, lo que llevó a la anulación de la escritura. Además, el fallo dejó sin efecto una declaración de convivencia que había sido firmada por la misma escribana que intervino en la operación. La sentencia también incluyó la orden de pagar una indemnización por daño moral, así como las costas del juicio.
En otro ámbito, la causa por corrupción que ha sido catalogada como “la más extensa de la historia judicial argentina” enfrenta un importante retraso, ya que según la fiscalía, faltan 208 testigos para completar el proceso. Se ha cumplido un año desde el inicio del debate, y el equipo liderado por la fiscal Fabiana León ha expresado que el juicio a Cristina Kirchner y otros 84 acusados mantiene un "ritmo sostenido y favorable", a pesar de las ausencias.
En un incidente ocurrido en un salón de fiestas infantiles, una niña de 9 años sufrió un accidente al caer desde una altura de aproximadamente tres metros, debido al desprendimiento de una tabla de la pasarela del tobogán. Un juzgado de San Isidro determinó que el propietario del local era responsable del accidente, y este fue declarado en rebeldía por no presentarse en la causa. Como resultado, se le condenó a indemnizar a la familia de la menor con más de $11 millones, cubriendo la incapacidad, el daño moral y los gastos médicos derivados del accidente.
Fuente original: Infobae Judiciales.
