PoloSur
Las audiencias del Legajo Nº 142/17, titulado “Pavón, Néstor Roberto s/Abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causa y femicidio”, se desarrollarán desde el 29 de octubre hasta el 11 de noviembre. Las sesiones se llevarán a cabo en la Sala N°1 de los Tribunales de Gualeguay, comenzando a las 9 de la mañana. Además, se podrá seguir el juicio en vivo a través del Canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia.
Micaela García, una joven de 21 años y militante del Movimiento Evita, fue interceptada el 1° de abril de 2017 en Gualeguay por Sebastián Wagner y Néstor Pavón. Una semana más tarde, su cuerpo fue encontrado con evidencias de violencia física y agresión sexual. Wagner, que contaba con un historial delictivo significativo, había sido condenado previamente a 9 años de prisión por la violación de dos mujeres y, al momento del femicidio de Micaela, se encontraba en libertad condicional. En octubre de ese mismo año, Wagner fue sentenciado a prisión perpetua, mientras que Pavón fue condenado a 5 años de cárcel por encubrimiento, pena que ya cumplió. Gabriel Ignacio Otero, por su parte, fue absuelto. Casi una década después del crimen que impactó a la sociedad argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido reabrir el juicio contra Pavón, ahora como coautor del femicidio.
El tribunal que llevará a cabo el juicio estará conformado por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Santiago Brugo, quien actuará como presidente. Los vocales Maximiliano Otto Larrocca Ress, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, y Nicolás José Gazali, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, completarán el panel. La fiscal Maite Burruchaga representará al Ministerio Público Fiscal, mientras que la parte querellante estará a cargo de los abogados José Rodolfo Iparraguirre y Marcelo Boeykens, quienes representan a Andrea Graciela Lescano y Néstor Aníbal Emilio García. La defensa de Pavón será asumida por los abogados Edwin Henrry Valenzuela Rojas y Ramón Elías Salto. Además, la Asamblea Feminista ha solicitado que se aplique la perspectiva de género en este nuevo juicio contra Pavón.
La Asamblea Feminista expresó de manera contundente su postura respecto a la actuación de la justicia entrerriana, afirmando que "la justicia entrerriana protegió al juez que liberó a Wagner y después resolvió el caso de Micaela sin la perspectiva de género que exige la ley que lleva su nombre". Según la organización, fue necesaria la intervención de la Corte Suprema para corregir esta situación, lo que representa una "deuda institucional que la provincia todavía no saldó".
En este contexto, la Asamblea destacó que Micaela se ha convertido en un símbolo de la lucha por una vida libre de violencias. Su nombre está asociado a la Ley 27.499, que establece la obligación de capacitar en género y violencia por motivos de género a todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Esta legislación fue impulsada debido a que las instituciones que debían proteger a Micaela fallaron en su deber. "No queremos que sea una ley de papel", afirmaron.
En relación al nuevo juicio, la Asamblea Feminista exigió que se respete la Ley Micaela y que se juzgue con perspectiva de género. Esto implica "valorar la prueba sin estereotipos, no revictimizar a Micaela ni a su familia y analizar la responsabilidad de cada acusado en el contexto de violencia sexual en que ocurrió el femicidio". La organización subrayó que este enfoque está respaldado por la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, que obligan al Estado argentino a actuar con la debida diligencia en la investigación y sanción de la violencia contra las mujeres. "Ese estándar no es opcional para ningún tribunal", enfatizaron.
Finalmente, la Asamblea Feminista resaltó que la familia de Micaela ha mantenido su reclamo durante casi diez años, enfrentando demoras y obstáculos en el proceso judicial. La organización reafirmó su apoyo a la familia y al equipo de querella, concluyendo que "justicia es que no vuelva a pasar". La consigna de la Asamblea fue clara: “¡Micaela García presente!”.
En cuanto a la transmisión y cobertura del juicio, se informó que el mismo será emitido en vivo a través del Canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia, siguiendo una disposición del Tribunal. Esta decisión fue tomada a raíz de un pedido de la querella. Además, se prohibió a los testigos y peritos ver el debate en línea o a través de cualquier medio de comunicación hasta que no hayan prestado su testimonio.
En los fundamentos del caso se resalta que las normas y excepciones relacionadas con la publicidad del debate están establecidas en los artículos 418 y 419 del Código Procesal Penal. De la interpretación de estos artículos se desprende que la regla general es la publicidad durante la etapa plenaria, siendo la única restricción que se puede observar, de manera preliminar, la posibilidad de que se afecte el derecho a la intimidad de la víctima. Sin embargo, en esta ocasión, es la propia querella la que renuncia a este derecho, llegando al punto de solicitar que el juicio sea transmitido en línea a través del Sistema de Información de Causas (SIC) del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Asimismo, se destaca que la solicitud de la querella cuenta con el consentimiento de la Fiscalía, que ha manifestado no tener objeciones al respecto. Por otra parte, se ha dispuesto que los periodistas tendrán acceso libre a la sala del juicio, aunque este acceso estará condicionado por el espacio disponible en la misma. En cuanto a los camarógrafos y fotógrafos, se les permitirá tomar imágenes antes de que comience el debate, debiendo retirarse posteriormente debido a las circunstancias mencionadas anteriormente.
En el caso de que se presenten imágenes o elementos de prueba que puedan resultar sensibles para el público presente, el Tribunal tiene la facultad de ordenar el desalojo de la sala o prohibir la difusión de dicho material. En este contexto, se informa que con Néstor Pavón presente en la sala, ha comenzado un nuevo juicio en relación con su participación en el femicidio de Micaela García.
En otras noticias relacionadas con el ámbito judicial, se ha dado a conocer que el Poder Judicial ha finalizado la remodelación de los sanitarios en los Tribunales de Gualeguay. Además, se ha anunciado que se solicitará el sobreseimiento del policía acusado de dispararle a un joven que ingresó a la casa de su novia con la supuesta intención de robar. También se ha determinado que Sergio Urribarri será juzgado por presunto enriquecimiento ilícito.
La Justicia ha vuelto a intimar a la Provincia debido a la obstrucción del arroyo El Salto. En el día de hoy se definirá si la causa que investiga a Urribarri por presunto enriquecimiento ilícito avanzará a juicio. Por otro lado, se ha ordenado a una obra social privada que reafilie a una trabajadora de casas particulares que se jubiló y fue retirada del padrón. Además, se ha condenado a dos integrantes de una banda dedicada a la venta de cocaína en las localidades de Concordia, Chajarí, Federación y San Jaime de la Frontera.
Finalmente, se informa que este sábado se llevará a cabo una parada programada en la Planta Potabilizadora de Concordia. En otro ámbito, la Provincia ha capacitado a pescadores artesanales y ha entregado carnets habilitantes en Colón. En Paraná, debido a la creciente, se han realizado modificaciones en el embarque de excursiones náuticas. Por último, se invita a la Expo Pymes Tala, que se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de noviembre. En el contexto del femicidio de Micaela García, se ha rechazado el planteo defensivo que buscaba evitar que el condenado Sebastián Wagner declare.
Flávio Bolsonaro ha solicitado información a Karina Milei en relación con un vuelo privado y los supuestos gastos asociados a su estadía en Iguazú. La solicitud se enmarca en un contexto de transparencia y rendición de cuentas.
Además, se han licitado obras destinadas a mejorar la accesibilidad y realizar mejoras edilicias en una escuela integral ubicada en San Salvador, con el objetivo de optimizar las condiciones para los estudiantes.
Fuente original: APF Judiciales.
