Desarticulan banda que ofrecía licencias de conducir y borrado de multas en el conurbano

Desde noviembre de 2021 hasta agosto de este año, una organización delictiva se dedicó a la venta de licencias de conducir a cambio de dinero, así como al servicio de borrado de multas de tránsito. Su área de operación abarcaba los municipios de San Martín y Ezeiza, así como la localidad correntina de Ituzaingó. En el caso de que un "cliente" proviniera de otra región, el primer paso consistía en simular la pérdida del DNI y gestionar un nuevo documento con un domicilio en esas jurisdicciones. La captación de clientes se realizaba principalmente a través de plataformas como Facebook y TikTok.

La Cámara Federal de Buenos Aires confirmó los procesamientos de dos acusados, basándose en las pruebas recolectadas por el juzgado federal de María Servini, que incluye intervenciones telefónicas, publicaciones en redes sociales, transferencias de dinero, tareas de campo y documentación secuestrada. La decisión fue tomada por los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico.

Se investigan delitos como asociación ilícita, cohecho activo y falsedad ideológica, en relación con la oferta de licencias "a distancia" o sin cumplir con todos los requisitos necesarios, con precios que oscilaban entre $220.000 y $270.000. Este costo podía incrementarse en situaciones donde existieran impedimentos médicos, judiciales o para categorías profesionales, alcanzando hasta $450.000 en gestiones más complejas. Según la resolución de la Cámara, parte del dinero recaudado se habría destinado a personas dentro de los organismos públicos, un aspecto que aún está bajo investigación.

En una de las escuchas, un integrante del grupo se refería a un cliente el 31 de marzo, comentando que no había aprobado el examen visual y que solucionar ese inconveniente costaría "cien lucas" más. En otra ocasión, el 15 de abril, se mencionó un caso en el que no se podía realizar el pago porque el cliente "no sabe leer ni escribir". Se quejaban de que "no sabe las letras. Ni el nombre sabe". Se le recomendó que practicara escribir su nombre, DNI y firma antes de volver. Uno de los miembros del grupo se mostró molesto, señalando que lo primero que debían preguntar era si la persona sabía leer y escribir. Además, se discutió la posibilidad de obtener un "registro profesional sin hacer nada, solo vista", a cambio de un pago adicional "de adentro" y la necesidad de "acomodar a los médicos".

La operación también abarcaba la supuesta eliminación de infracciones. Los interesados debían enviar la patente, el DNI y los datos del vehículo; posteriormente, se les comunicaba un porcentaje del monto de la deuda y un plazo para que el sistema reflejara que no existían multas.

El 14 de abril del presente año, un interlocutor preguntó si era posible eliminar multas. La respuesta fue afirmativa: “Multa, sí claro, borrarlo sí”. Luego se discutió un cobro cercano al 55% del valor de las infracciones y un plazo de hasta siete días para que el vehículo apareciera “limpio” en el sistema: “Después te doy el libre deuda que está limpia, borrada”.

La Cámara evaluó conversaciones telefónicas en las que uno de los acusados mencionó montos “adentro”, la coordinación de turnos, la resolución de obstáculos para obtener registros y contactos dentro de organismos municipales. El fallo indica que su función no era la de un simple gestor de trámites legales. El Tribunal de Apelaciones destacó que no se trató de hechos aislados, considerando la cantidad de casos, la continuidad temporal, la división de roles y la presunta intención de expandir la operación.

Un peritaje determinó que las licencias eran auténticas como documentos y estaban registradas en el sistema oficial. Sin embargo, existe la sospecha de que contenían datos ideológicamente falsos o que fueron emitidas tras omitir controles obligatorios.

En otras noticias, la Justicia ha ordenado a un padre y a una madre separados y en conflicto a participar en sesiones de terapia conjunta. Tras evaluar informes interdisciplinarios, la Cámara de Apelaciones ratificó un fallo de primera instancia que obliga a ambos progenitores de dos adolescentes a someterse a un tratamiento de coparentalidad. El tribunal dispuso que continuaran las sesiones individuales y que iniciaran una orientación conjunta, bajo el apercibimiento de una multa.

En otro caso, una mujer de 36 años fue víctima de una estafa tras intentar contactar a su banco por Facebook. Los estafadores lograron transferir $32.000 y vendieron sin autorización USD 7.000 de su cuenta. La Cámara confirmó la restitución de esos fondos y ordenó además una indemnización por daño moral.

Por último, se registró un error en el proceso de cremación de un cadáver, que fue incinerado un día antes de lo previsto, lo que frustró la ceremonia. La Justicia condenó a la funeraria y al cementerio involucrados en este incidente.

La funeraria cometió un error al identificar el féretro, lo que llevó a la cremación prematura del difunto. Como resultado, la ceremonia y el cortejo que la familia había planeado se vieron frustrados, ya que la cremación se llevó a cabo un día antes de lo previsto. Ante esta situación, la Cámara de Apelaciones dictó una sentencia que obliga a las empresas responsables a indemnizar a la viuda y a la hija del fallecido por los daños morales y punitivos ocasionados.

La Justicia ha tomado medidas urgentes para abordar un basural a cielo abierto que ocupa 20 hectáreas en San Pedro. Un juez federal ha requerido al municipio de la provincia de Buenos Aires que implemente un plan de contingencia para prevenir posibles daños al medio ambiente. Las inspecciones realizadas en el lugar han revelado la práctica de quemas de residuos, la falta de controles adecuados y la presencia de menores en el predio.

En otro ámbito, un experto en anticorrupción ha señalado los cambios necesarios que debe adoptar el Estado para hacer frente a la corrupción. Roberto de Michele, exdirector de la Oficina Anticorrupción, ha analizado las deficiencias institucionales que facilitan estas prácticas y ha propuesto reformas en los organismos de control, así como en los trámites municipales y en la gestión de la obra pública.

Fuente original: Infobae Judiciales.