Mientras el Gobierno impulsa un nuevo paquete legislativo con promesas de modernización, más de 50 leyes ya aprobadas siguen sin reglamentarse, evidenciando un problema estructural: no es falta de normas, es incapacidad para hacerlas cumplir.
El gobernador Gustavo Melella salió al cruce de quienes proponen un ajuste en las estructuras políticas del Estado provincial como un gesto de salida a la crisis financiera. Aseguró que los cargos políticos representan apenas un porcentaje mínimo del presupuesto y que el verdadero problema radica en el desplome de la recaudación nacional y la parálisis de la industria local, con lo cual su respuesta anticipó que durante su gestión habrá fiesta para rato para su gabinete y más de 1200 funcionarios políticos que muchos califican de ñoquis.
En silencio, sin anuncios oficiales ni comunicación pública, el Gobierno de la provincia de Gustavo Melella para evitar un recorte en su planta política puso en marcha un esquema de aumentos en el gas envasado que impactará de lleno en los sectores más vulnerables de Tierra del Fuego en pleno invierno. Con subas que alcanzarán hasta un 275% en 2026 y un primer aumento superior al 100% en abril, justo en la antesala de un invierno que se anticipa especialmente crudo.
La política impulsada por Javier Milei y sus socios en Tierra del Fuego avanza generando desempleo en la industria fueguina, el fin de marzo llega con nuevas desvinculaciones en la industria electrónica de Río Grande: al menos 25 trabajadores ya quedaron afuera en Radio Victoria. El caso enciende señales de alarma en un sector que acumula caída de producción, incertidumbre y riesgo de más despidos en los próximos meses.
Mientras los representantes del gobierno nacional en tierra del fuego se muestran públicamente indignados por la vigencia de la ley de interrupción del embarazo, eligen el silencio frente al desempleo del modelo económico nacional que defienden y también guardan silencio frente a la autorización de una nueva suba del gas que comenzará a regir desde el 1º de abril, aplicando el modelo de tarifas móviles y ajustes por inflación.
La presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora, reclamó al gobierno de Javier Milei la inmediata activación de los 250 millones de dólares del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP). “Los recursos existen, pero la inacción agrava la crisis”, advirtió, y exigió decisiones urgentes para frenar el deterioro del entramado productivo fueguino.
Según el informe de la consultora Neodelfos, casi el 80% de los fueguinos rechaza la reforma constitucional, mientras que apenas una pequeña minoría la respalda y otro pequeños sector se muestra indiferente. Además, la mayoría considera que no es una prioridad, y exige respuestas urgentes en materia económica y social.