Melella le pago al Señor de los Trolls más de $267 millones

Mientras el Gobierno de Gustavo Melella argumenta que atraviesa una crisis financiera que le impide cumplir regularmente con sus obligaciones, una investigación periodística vuelve a poner bajo la lupa el destino de los recursos públicos de Tierra del Fuego.

Esta vez, las cifras apuntan a un sector particularmente sensible de la administración provincial: la contratación de servicios de comunicación, publicidad y consultoría política.

Según la investigación difundida, cuatro empresas vinculadas al consultor Gastón Douek facturaron al Estado fueguino $267.673.500 durante 2024.

Douek no es un personaje desconocido en el mundo de la política argentina. Su nombre alcanzó notoriedad por sus antecedentes en el manejo de campañas digitales, cuentas automatizadas y estrategias destinadas a influir en las conversaciones políticas de las redes sociales.

De allí proviene el apodo con el que se lo identifica públicamente: «El señor de los Trolls».

¿Por qué un gobierno que dice no tener recursos para cumplir con sus obligaciones destina semejantes sumas a servicios de comunicación y consultoría?

Cuatro empresas y una facturación millonaria

Las firmas identificadas en las investigaciones periodísticas son P&P Social Media SRL, AdYouWish SRL, Smart Consumer SA y Smart Data SAS.

De acuerdo con los antecedentes publicados, estas compañías aparecen relacionadas con contrataciones del Gobierno fueguino desde 2023, bajo conceptos asociados principalmente a publicidad y servicios de comunicación.

Una investigación difundida en abril de 2025 por el periodista Cristian Muriel ya había señalado la presencia de estas empresas entre los proveedores de la administración provincial.

Ahora, el monto atribuido a sus operaciones durante 2024 alcanza los $267.673.500.

La cifra exige una explicación detallada.

¿Qué contrató el Gobierno con cada empresa? ¿Cuáles fueron los procedimientos de selección? ¿Qué funcionarios autorizaron las operaciones? ¿Qué trabajos se entregaron? ¿Dónde están los informes que acreditan su ejecución?

Y, fundamentalmente, ¿qué beneficio concreto recibió la sociedad fueguina por esos servicios?

Porque cuando se trata de recursos públicos, no alcanza con presentar una factura y mencionar genéricamente una prestación de comunicación.

La Provincia tiene la obligación de demostrar que cada contratación respondió a una necesidad pública, que su precio fue razonable y que el servicio efectivamente se prestó.

El antecedente que vuelve más preocupante el caso

En septiembre de 2019, una investigación publicada por Hugo Alconada Mon en La Nación puso el foco sobre las estrategias de comunicación política desarrolladas por Gastón Douek.

En aquella publicación, el consultor reconoció su participación en campañas que utilizaban miles de cuentas automatizadas para intervenir en las conversaciones digitales.

El antecedente no es menor.

Las redes sociales se convirtieron en uno de los principales escenarios de disputa política. Allí se construyen imágenes públicas, se instalan temas, se amplifican mensajes y también pueden desarrollarse operaciones destinadas a influir artificialmente sobre la opinión pública.

Que una persona con esa trayectoria aparezca vinculada a empresas contratadas por un gobierno provincial no constituye, por sí mismo, una irregularidad.

Pero sí justifica un escrutinio especialmente riguroso sobre la naturaleza de los servicios.

Los fueguinos tienen derecho a saber si sus impuestos financiaron campañas de comunicación institucional o estrategias de posicionamiento político destinadas a beneficiar a los funcionarios de turno.

Son dos cosas muy diferentes.

La primera puede constituir una actividad legítima del Estado, siempre que cumpla las normas correspondientes. La segunda abriría un debate mucho más grave sobre la utilización partidaria de recursos públicos.

Hasta ahora, la información difundida no demuestra que las contrataciones fueguinas hayan financiado cuentas falsas o campañas de desinformación. Precisamente por eso, la publicación de los expedientes completos resulta indispensable.

De proveedor del Estado a funcionario ad honorem

La controversia incorpora otro elemento que merece explicaciones.

Según la investigación, Douek fue designado durante 2025 en un cargo provincial ad honorem mediante el Decreto 1905/2025, firmado por Gustavo Melella.

El carácter no remunerado de la designación no elimina los interrogantes.

Si empresas relacionadas con el consultor mantenían vínculos comerciales con la Provincia, corresponde determinar cuáles fueron sus funciones dentro de la administración, qué participación tuvo en decisiones vinculadas con comunicación y si existieron mecanismos para prevenir posibles conflictos de intereses.

También es necesario establecer si las contrataciones continuaron después de su incorporación al Gobierno y bajo qué condiciones.

Que un funcionario no cobre un sueldo no significa que su relación con el Estado esté exenta de controles.

La transparencia exige conocer tanto las responsabilidades públicas como los intereses privados que puedan vincularse con ellas.

Una provincia sin plata para sus obligaciones y prioridades básicas para las familias fueguinas, pero con millones para consultorías

El caso adquiere una dimensión política todavía mayor cuando se observa la situación financiera de Tierra del Fuego.

El Gobierno de Melella enfrenta reclamos salariales, dificultades presupuestarias y un conflicto creciente con los municipios por la transferencia de recursos coparticipables.

Río Grande, por ejemplo, reclama más de $17.294 millones en transferencias pendientes, mientras la Provincia continúa sin presentar un cronograma concreto para regularizar esa deuda.

Los recursos municipales no son una ayuda discrecional que el gobernador pueda otorgar cuando considere conveniente. Son fondos que corresponden legalmente a la ciudad.

En ese contexto, conocer que empresas vinculadas al mundo de la comunicación política habrían facturado más de $267 millones durante 2024 obliga a revisar las prioridades de la administración provincial.

Es importante precisar que las contrataciones investigadas corresponden a 2024, mientras que el conflicto actual de coparticipación presenta una evolución financiera posterior. No existe evidencia suficiente para establecer que esos pagos hayan provocado directamente la deuda municipal.

Pero la comparación sí plantea una discusión legítima sobre las decisiones presupuestarias del Gobierno.

Cuando faltan recursos para sostener obligaciones esenciales, cada peso destinado a consultoría, publicidad y posicionamiento institucional merece una justificación especialmente rigurosa.

La austeridad no puede exigirse únicamente a los trabajadores, a los municipios y a los servicios públicos.

También debe alcanzar al gasto político y a las contrataciones cuya utilidad social no está claramente demostrada.

El mismo esquema bajo cuestionamiento en otras provincias

La investigación también señala antecedentes de contrataciones con empresas vinculadas a Douek en Chubut y Chaco.

En Chubut, una publicación del diario Jornada de agosto de 2026 identificó cuatro contratos autorizados durante 2024 por un monto conjunto de $1.500 millones.

Según ese relevamiento, el Tribunal de Cuentas chubutense formuló observaciones sobre procedimientos de contratación.

En Chaco también se publicaron investigaciones sobre desembolsos a firmas relacionadas con servicios de publicidad, análisis de información y asesoramiento digital.

Estos antecedentes no prueban irregularidades en Tierra del Fuego. Sin embargo, refuerzan la necesidad de examinar cómo operan estas empresas, qué servicios ofrecen y de qué manera son seleccionadas por distintas administraciones públicas.

La repetición de proveedores en gobiernos provinciales no constituye un delito.

Lo que sí exige una explicación es la combinación de contratos millonarios, servicios difíciles de evaluar públicamente y vínculos con consultores especializados en estrategias de influencia política.

La transparencia que Melella debería practicar

La controversia aparece en un momento particularmente incómodo para el Gobierno provincial.

Mientras Ushuaia recibe un foro federal dedicado a la transparencia, los derechos y la gobernanza digital, la propia administración de Melella enfrenta interrogantes sobre el destino de recursos públicos y las condiciones de determinadas contrataciones.

La contradicción es evidente.

No alcanza con organizar encuentros institucionales, pronunciar discursos sobre acceso a la información y firmar declaraciones de buenas prácticas.

La transparencia comienza por abrir los expedientes propios.

En este caso, el Gobierno debería publicar las contrataciones completas de las cuatro empresas, los procedimientos utilizados, las facturas, las órdenes de pago, los montos efectivamente abonados y la documentación que acredite los servicios prestados.

También debería informar cuál fue la participación de Douek en la estructura provincial y qué controles se aplicaron para prevenir eventuales incompatibilidades.

Si las contrataciones fueron legales, necesarias y correctamente ejecutadas, la documentación permitirá demostrarlo.

Si existieron deficiencias, deberán intervenir los organismos competentes para determinar su alcance y las eventuales responsabilidades.

Lo que no resulta aceptable es que semejantes cifras permanezcan rodeadas de interrogantes mientras el Gobierno reclama comprensión por sus dificultades financieras.

¿Publicidad para informar o recursos para sostener el poder o atacar a la oposición?

La discusión de fondo excede a Gastón Douek y a las cuatro empresas mencionadas.

Se trata de establecer hasta dónde puede llegar un gobierno en la utilización de fondos públicos para contratar servicios de comunicación, la publicidad institucional debe servir para informar a la ciudadanía sobre políticas, servicios, derechos y obligaciones. No debería convertirse en una herramienta de promoción personal de funcionarios ni en un mecanismo para financiar estrategias partidarias y mucho menos para promover el ataque a sectores opositores.

Hay quienes sospechan que la contratación de las empresas de Douek coinciden con un ataque ampliamente desplegado en contra de la familia Löffler, por ahora lo que es una sospecha podría encontrar elementos de prueba que permitan confirmar esta hipótesis con serias consecuencias para todos los involucrados.

Por eso, conocer los productos entregados por las empresas resulta tan importante como conocer los montos facturados.

¿Se realizaron campañas informativas o negativas? ¿Estudios de opinión? ¿Monitoreos de redes sociales? ¿Producción de contenidos? ¿Asesoramiento estratégico? ¿Qué indicadores se utilizaron para evaluar los resultados?

Son preguntas que pueden responderse con documentación.

Y un gobierno que se proclama comprometido con la transparencia debería estar dispuesto a responderlas sin necesidad de que una investigación periodística lo obligue.

Los fueguinos merecen saber qué recibieron a cambio de $267 millones

La administración de Gustavo Melella tiene pendiente una explicación concreta.

Según la investigación difundida, cuatro empresas vinculadas al denominado «señor de los trolls» facturaron más de $267 millones a la Provincia durante 2024.

La documentación disponible públicamente en los antecedentes citados todavía debe permitir distinguir con precisión cuánto fue facturado, cuánto se pagó efectivamente y qué participación tuvo Douek en cada operación.

Esa distinción es fundamental para establecer responsabilidades.

Pero la falta de respuestas completas no reduce la importancia del caso. La aumenta.

Porque el dinero público no pertenece al gobernador, a sus ministros ni a los consultores que contrata. Pertenece a los fueguinos.

En una provincia que atraviesa dificultades para financiar servicios esenciales y cumplir con sus obligaciones, el gasto en comunicación política no puede permanecer fuera del debate público.

Melella debe explicar por qué se contrataron esas empresas, qué hicieron y cuánto dinero recibieron.

La pregunta es simple: mientras Tierra del Fuego enfrenta una crisis financiera, ¿qué obtuvieron los fueguinos a cambio de los más de $267 millones atribuidos a estas contrataciones?

Hasta que el Gobierno publique los expedientes y acredite los servicios, esa pregunta seguirá abierta.

Y ninguna declaración sobre transparencia podrá reemplazar la respuesta.