El responsable de la catástrofe económica de la provincia ahora habla de políticas sustentables

Del deterioro fiscal a las promesas de sostenibilidad

Hay declaraciones oficiales que, confrontadas con la realidad, resultan difíciles de tomar en serio. La exposición de Francisco Devita ante la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda de la Legislatura fueguina es una de ellas.

El actual ministro de Producción y Ambiente, que anteriormente tuvo responsabilidades al frente del Ministerio de Economía provincial, presentó los lineamientos presupuestarios para 2027 asegurando que su gestión busca orientar recursos hacia políticas sostenibles, agregar valor y ampliar la matriz productiva.

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El problema no está en esos objetivos. Nadie podría cuestionar razonablemente la necesidad de diversificar la economía, fortalecer a las pequeñas y medianas empresas o generar nuevas oportunidades productivas.

El problema es quién los anuncia, desde qué antecedentes de gestión y frente a qué resultados económicos.

Porque Devita no es un funcionario recién incorporado al Gobierno provincial. Es parte de una administración cuya situación financiera sufrió un deterioro suficientemente importante como para que Moody’s Local Argentina rebajara, según la información publicada en enero, la calificación crediticia de Tierra del Fuego de BBB.ar a BB+.ar.

La calificadora fundamentó esa decisión, de acuerdo con la cobertura difundida, en el debilitamiento de los resultados fiscales, el crecimiento del gasto por encima de los ingresos, las dificultades de recaudación y las presiones que enfrenta el sistema previsional de la provincia.

No se trata de una discusión sobre discursos políticos. Se trata de indicadores financieros que exigen explicaciones concretas.

Y es precisamente allí donde aparece la contradicción: uno de los funcionarios que debe rendir cuentas por la conducción económica provincial ahora se presenta ante la Legislatura para explicar cómo deberían administrarse los recursos de manera sostenible.

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Una provincia que perdió 14.708 empleos registrados

Mientras Devita enumera programas de asistencia técnica, misiones comerciales, capacitaciones y proyectos de diversificación, los indicadores del mercado laboral muestran una realidad considerablemente más preocupante.

Según la serie de empleo registrado de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT),  Tierra del Fuego pasó de 79.974 trabajadores registrados en noviembre de 2023 a 65.266 en agosto de 2026.

Esto representa una pérdida de 14.708 puestos de trabajo, equivalente al 18,4% del nivel inicial.

Es una contracción de enorme magnitud para una provincia cuya estructura económica depende fuertemente del empleo industrial, comercial y de servicios.

No corresponde atribuir automáticamente toda esa destrucción de empleo a un único funcionario o exclusivamente a decisiones provinciales. Las políticas nacionales, la actividad industrial, el consumo y el contexto macroeconómico también intervienen fuertemente en este escenario.  Pero tampoco corresponde que quienes tuvieron responsabilidades en la conducción económica provincial se limiten a describir las dificultades externas sin explicar qué medidas adoptaron, cuáles funcionaron, cuáles fracasaron y qué resultados concretos obtuvieron.

La responsabilidad política no exige haber provocado personalmente cada problema. Exige responder por las decisiones tomadas para enfrentarlo.

¿Dónde están los resultados de la diversificación productiva?

Durante su presentación, como si fuera una tomada de pelo, Devita increíblemente destacó iniciativas relacionadas con la cerveza artesanal, el cultivo de hongos, el cannabis medicinal, los módulos electrónicos para motovehículos, la producción avícola, la horticultura y diferentes programas de asistencia a emprendedores.

También mencionó herramientas para aprovechar la capacidad ociosa de la industria fueguina y simplificar procedimientos administrativos.  Su enumeración no constituye, por sí misma, una demostración de éxito de la política productiva.

La pregunta fundamental es otra:

¿Cuántos empleos permanentes generaron esas iniciativas? ¿Cuántas empresas aumentaron su producción? ¿Cuántas inversiones privadas se concretaron? ¿Cuánto crecieron las exportaciones y cuánto valor agregado adicional quedó efectivamente en Tierra del Fuego?

Como ya es costumbre con la gran mayoría de los funcionarios del gobierno de Gustavo Melella, la presentación difundida contiene numerosas referencias a programas, acciones y objetivos, pero no ofrece una evaluación integral de resultados capaz de contrastar esas iniciativas con la magnitud del deterioro laboral y productivo provincial.

La diferencia entre anunciar una política y demostrar su impacto es fundamental.

Una provincia puede organizar exposiciones, brindar capacitaciones, promover emprendimientos y presentar proyectos innovadores. Pero si simultáneamente pierde miles de empleos registrados, la ciudadanía tiene derecho a exigir una explicación sobre la escala y la efectividad de esas intervenciones.

La sostenibilidad también empieza por las cuentas públicas

Uno de los aspectos más cuestionables del discurso de Devita es la utilización reiterada del concepto de sostenibilidad sin una explicación equivalente sobre la situación financiera de la provincia.

La sostenibilidad no es solamente ambiental. También es fiscal, económica, institucional y social.

Un Estado que enfrenta dificultades para equilibrar sus ingresos y gastos, que observa deteriorarse su calificación crediticia y que debe administrar crecientes presiones sobre sus recursos necesita demostrar que puede sostener sus compromisos sin trasladar indefinidamente los costos a la sociedad.

En enero de 2026, la rebaja de Moody’s puso en discusión precisamente esa capacidad.

El informe periodístico sobre la decisión de la calificadora destacó el crecimiento del gasto público, la caída real de determinados ingresos, el deterioro de las regalías hidrocarburíferas y las dificultades asociadas al déficit previsional.

Frente a ese escenario, resulta legítimo preguntarse qué responsabilidad tuvo la conducción económica provincial en la evolución de esas variables y qué decisiones se adoptaron para corregirlas.

Hablar de políticas sostenibles sin explicar previamente cómo se llegó al deterioro fiscal actual es, como mínimo, una contradicción política que el Gobierno debería aclarar.

Un discurso que puede sentirse como una burla para los fueguinos

Para quienes perdieron su empleo, para las familias que enfrentan dificultades económicas y para los comerciantes que ven deteriorarse su actividad, escuchar nuevamente promesas de diversificación y desarrollo puede resultar profundamente frustrante.

Más todavía cuando esas promesas provienen de funcionarios que ya tuvieron responsabilidades de conducción dentro del mismo Gobierno.

Desde una mirada crítica, las declaraciones de Devita pueden interpretarse como una tomada de pelo a la sociedad fueguina: no porque la sostenibilidad o la diversificación sean objetivos equivocados, sino porque se anuncian como horizontes de futuro sin ofrecer primero un balance convincente de los resultados del pasado.

La ciudadanía no necesita solamente saber qué pretende hacer el Ministerio de Producción y Ambiente durante 2027.

Necesita conocer qué ocurrió con los recursos administrados, por qué se deterioraron los indicadores fiscales, qué resultados produjeron las políticas económicas anteriores y qué cambios concretos propone ahora un funcionario que formó parte de esa conducción.

El Gobierno provincial puede señalar, con fundamentos, que buena parte de las dificultades económicas responde a decisiones nacionales y a factores externos. Pero esa explicación no elimina su obligación de rendir cuentas sobre la administración de los recursos propios y sobre la eficacia de sus políticas públicas.

La responsabilidad no desaparece cuando se cambia de ministerio

El paso de Francisco Devita desde el área económica hacia Producción y Ambiente no debería significar que su trayectoria anterior quede fuera del debate público.

Por el contrario, su experiencia en la conducción económica provincial vuelve especialmente pertinente evaluar la coherencia entre sus decisiones anteriores y sus propuestas actuales.

Si el Gobierno considera que la estrategia económica aplicada fue correcta, debería presentar sus resultados y explicar por qué los indicadores evolucionaron negativamente.

Si reconoce que existieron errores, debería identificar cuáles fueron, qué medidas se corrigieron y cómo evitará repetirlos.

Lo que resulta insuficiente es presentar una nueva agenda de programas sin un balance verificable de la gestión anterior.

Tierra del Fuego no necesita otra enumeración de buenas intenciones. Necesita una política económica capaz de recuperar empleo, fortalecer su industria, generar inversiones y demostrar resultados medibles.

La sostenibilidad no se declama: se acredita con cuentas ordenadas, proyectos viables, recursos bien administrados y oportunidades concretas para la población.

Y quienes participaron de la conducción económica de la provincia tienen una responsabilidad especial en esa tarea.

Porque el problema no es que Francisco Devita hable hoy de políticas sostenibles.

El problema es que, después del deterioro fiscal y productivo que atravesó Tierra del Fuego durante su participación en el Gobierno, todavía falta una explicación pública suficientemente clara sobre los resultados de aquella gestión.

Antes de prometer un futuro sostenible, corresponde rendir cuentas sobre el presente que ayudaron a administrar.