
Crisis política en Paraguay: Santiago Peña renuncia y Pedro Alliana asume la presidencia
PoloSur
Este jueves, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció en un contexto de crisis debido a la caída de Ueno Bank. El vicepresidente, Pedro Alliana, ha sido designado para asumir el Poder Ejecutivo y finalizar el mandato que se extiende hasta agosto de 2028. La renuncia se produjo en un momento crítico, ya que la Cámara de Diputados estaba discutiendo el juicio político en contra de Peña y Alliana. Aunque el proceso en contra del vicepresidente fue rechazado con 48 votos a favor y 30 en contra, el juicio político contra Peña continúa su curso. Este viernes, el mandatario deberá presentarse ante el pleno del Senado, donde aún ostenta su cargo, para responder a las acusaciones en su contra. Se espera que se decida si se acepta su solicitud de una prórroga de 72 horas para preparar su defensa.
A pesar de que Peña sigue en funciones, el consenso en el parlamento, al menos hasta el jueves, era avanzar en su destitución, ya sea a través de su renuncia o mediante el proceso judicial. La diferencia entre ambas opciones radica en las implicaciones para el futuro del presidente: si renunciaba, podría conservar un ingreso como senador vitalicio, un privilegio que la oposición se opone firmemente. En cambio, el juicio político le privaría de este beneficio. Según lo estipulado en la Constitución, con la renuncia de Peña, el vicepresidente Alliana debe asumir la presidencia. En consecuencia, el Senado deberá elegir a uno de sus miembros para ocupar la vacante dejada por Alliana, aunque el Partido Colorado sostiene que "cualquier ciudadano" podría ocupar el cargo. Rodolfo Friedmann, un dirigente de la fuerza política, mencionó que el candidato para asumir sería Antonio “Tony” Barrios.


En caso de que tanto el presidente como el vicepresidente no estuviesen en funciones, una interpretación de la Corte Suprema de 1999 establece que el cargo máximo pasaría al presidente del Senado, luego al de Diputados y, finalmente, al de la Corte. El sucesor completaría el período sin necesidad de convocar a elecciones presidenciales. La sucesión fue objeto de negociaciones este jueves, cuando el ex presidente Horacio Cartes, actual presidente de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado) y líder de su sector mayoritario, Honor Colorado, se reunió con Alliana en la sede de la Junta de Gobierno del partido. Esta reunión se produjo tras más de un mes de distanciamiento debido a las diferencias sobre la dupla presidencial del oficialismo y el quiebre del sector. Fuentes del partido citadas por ABC Color indicaron que estaban planificando la sucesión.
Horas antes de que se presentara el juicio político contra Santiago Peña, el expresidente Horacio Cartes emitió un comunicado en el que expresó su apoyo a la iniciativa. En su mensaje, Cartes afirmó: “No estaremos de lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados”. Su respaldo resultaba fundamental, ya que el oficialismo contaba con mayoría en ambas cámaras del Congreso, y la oposición requería de sus votos para alcanzar el quórum necesario de 41 de los 80 diputados. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Carlos Alliana, quien había pausado su precandidatura presidencial, manifestó su disposición a respaldar a Peña en este contexto.
El pedido de juicio político fue presentado el miércoles por un grupo de 35 legisladores de la oposición y disidentes colorados, y también apuntaba contra Alliana, a quien se le acusa de haber blindado legislativamente la crisis y de no haber actuado ante las alertas que se habían emitido. Tras la renuncia de Peña, la Cámara de Diputados decidió archivar el caso en contra de Alliana, pero optó por rechazar la renuncia de Peña y continuar con el proceso en su contra. Para destituir a un presidente, se requieren dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados y 30 de los 45 votos en el Senado.
En medio de esta crisis política, el Banco Central de Paraguay inició el proceso de resolución de Ueno Bank, un banco digital que cuenta con aproximadamente 2,9 millones de clientes. Esta decisión se tomó después de que el índice de solvencia del banco cayera a cerca del 6%, cifra que representa la mitad del mínimo legal establecido, que es del 12%. Como resultado, los depósitos de los clientes quedaron inaccesibles por un periodo mínimo de 15 días. En junio, el Banco Central había detectado indicios de que se habían otorgado créditos a empresas vinculadas al grupo que controla el banco, lo que llevó a la Fiscalía a abrir una causa penal por presunta lesión de confianza. Hasta el momento, ocho directivos del banco han sido detenidos.
La situación ha afectado gravemente al Instituto de Previsión Social, el sistema jubilatorio del país, ya que alrededor de 380 millones de dólares quedaron inmovilizados, lo que afecta a aproximadamente 32.000 jubilados que tienen depósitos en el banco. El Fondo de Garantía establece que se cubren hasta 228,3 millones de guaraníes (equivalentes a unos 38.000 dólares) por cada depositante.
En cuanto a la responsabilidad de Santiago Peña, se destaca que fue accionista de Ueno Holding, el conglomerado propietario del banco, hasta abril de 2025. Carlos Carvallo, quien ha sido presidente del Banco Central desde 2023, había dirigido previamente la Financiera Ueno, que fue la antecesora del banco. La acusación por parte de la oposición sostiene que Peña incurrió en un conflicto de intereses al designar a Carvallo y permitir que el Instituto de Previsión Social concentrara fondos en el banco por encima de los límites establecidos. Sin embargo, estas son acusaciones y no hechos comprobados; un académico consultado por El Comercio indicó que no existen indicios que demuestren que Peña favoreció al banco. En respuesta a la situación, Peña solicitó la renuncia de Carvallo y anunció la presentación de una ley destinada a acelerar la devolución de los depósitos a los clientes afectados.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, convocó a sus ministros para que evalúen posibles medidas que permitan mejorar la situación de las cuentas públicas del país. Durante una reunión celebrada en el palacio de Alvorada, Lula se reunió con funcionarios del área económica, asesores y economistas que están vinculados al Partido de los Trabajadores (PT). En este contexto, los mercados están a la espera de señales más claras que indiquen una mayor disciplina fiscal por parte del Gobierno brasileño.
En la República Dominicana, haitianos consultados expresaron su apoyo a la presencia militar de El Salvador en su país, aunque hicieron un llamado a que se eviten víctimas civiles durante los operativos. Los residentes haitianos, que fueron entrevistados en la frontera con la República Dominicana, respaldaron la misión salvadoreña y exigieron que se realicen acciones precisas para proteger a los inocentes en el marco de estas intervenciones.
El exmandatario de Costa Rica y actual ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, condicionó una inversión de 13 millones de dólares en la comunidad de Turrúcares, Alajuela, a que se permita la construcción de un relleno sanitario. Chaves ofreció a los vecinos de la localidad la construcción de carreteras, puentes, un colegio técnico y centros de atención social, siempre y cuando la municipalidad retire las acciones judiciales que se han interpuesto contra el proyecto de la empresa EBI.
En Guatemala, la viceministra de Hospitales presentó su renuncia tras verse involucrada en un escándalo de nepotismo. La contratación del hijo de una alta funcionaria del Ministerio de Salud, realizada sin concurso y con credenciales insuficientes, ha puesto de manifiesto una discrepancia entre los principios que el gobierno proclama y las decisiones que se toman en la administración pública.
Por otro lado, Estados Unidos ha decidido renovar por un año la emergencia nacional que permite mantener las sanciones contra el régimen de Nicaragua. Esta disposición, que fue comunicada a través de avisos del Registro Federal, extiende hasta noviembre de 2027 las facultades de la Casa Blanca para congelar activos y limitar las transacciones de personas o entidades que se encuentren bajo estas sanciones.
Fuente original: Infobae América.



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