Polo Sur
RÍO GRANDE. Lo que durante el fin de semana era una amenaza denunciada por los representantes gremiales terminó convirtiéndose este lunes en un escenario de enorme conflictividad social en el Parque Industrial de Río Grande.
Según la información difundida, el Grupo Mirgor avanzó con alrededor de 300 desvinculaciones, de las cuales 223 corresponderían al establecimiento de calle Einstein y otras 73 a la planta de Malvinas.
Trabajadores afectados permanecen frente a las instalaciones de Einstein y la protesta provocó interrupciones en el tránsito, mientras se aguarda la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica.
La escalada no surgió de la nada. Durante los últimos días ya existía una fuerte tensión entre la compañía y la UOM. El viernes, delegados habían advertido públicamente que podían producirse alrededor de 300 desvinculaciones después de finalizada la conciliación obligatoria. Hasta ese momento, la cifra no había sido confirmada oficialmente por la empresa.
La situación adquiere todavía mayor gravedad por lo ocurrido durante los días previos.
José Luis Alonso, CEO de Mirgor, había concurrido a la planta en medio del conflicto con los trabajadores. De acuerdo con la información disponible, la compañía buscaba plantear la situación productiva y laboral, mientras desde el sector gremial se denunciaba la posibilidad de cientos de despidos.
Desde la perspectiva sindical, el mensaje recibido fue contundente: había que garantizar producción para sostener los puestos laborales.
Pocos días después llegaron las desvinculaciones.
El contraste abre inevitablemente una discusión sobre el modelo de relaciones laborales que pretende imponerse dentro de uno de los grupos empresarios más importantes de Tierra del Fuego: cuando cae la producción o aumenta la conflictividad, ¿el trabajador vuelve a convertirse en la primera variable sobre la cual ajustar?
La situación también vuelve particularmente incómoda una fotografía política que durante años fue presentada como símbolo del supuesto nuevo desarrollo fueguino.
En abril de 2022, Gustavo Melella y José Luis Alonso presentaron formalmente el proyecto para construir un puerto multimodal en Río Grande. Entonces se habló de una inversión superior a USD 360 millones, más de 400 trabajadores y una infraestructura destinada a transformar el aparato productivo provincial. El propio Gobierno aseguraba que estaría operativo en mayo de 2025.
Meses después volvieron a presentarlo, esta vez con una inversión estimada en USD 380 millones y una fecha de funcionamiento prevista para 2025.
En julio de 2024, Melella volvió a anunciar que después de la veda invernal comenzarían los movimientos de suelo.
Agosto de 2026 encuentra a Río Grande en una realidad muy diferente a aquella prometida.
En lugar de cientos de nuevos empleos vinculados al desarrollo portuario, hoy cientos de trabajadores industriales enfrentan la pérdida de sus puestos.
Sería un error reducir todo lo ocurrido a una disputa entre una empresa y un sindicato.
Los despidos llegan mientras la industria fueguina enfrenta un escenario extremadamente delicado y existe una fuerte discusión sobre el impacto que las políticas económicas nacionales pueden producir sobre el régimen industrial.
Por eso también resulta necesario discutir responsabilidades políticas.
El Gobierno provincial no puede limitarse a observar el conflicto desde afuera. Melella construyó durante años una relación institucional con Mirgor y presentó públicamente sus inversiones como parte central de su estrategia de diversificación productiva.
Cuando había anuncios, estaban las fotografías.
Cuando había proyectos, estaban los funcionarios.
Cuando se prometían inversiones multimillonarias, estaba el Gobierno.
Ahora que hay cientos de familias atravesando la incertidumbre laboral, la presencia política resulta mucho menos visible.
También circulan cuestionamientos políticos respecto de los vínculos empresariales de Mirgor con la familia Caputo. Sin embargo, cualquier afirmación que pretenda vincular directamente esos lazos familiares con estas desvinculaciones requiere evidencia concreta. Convertir una relación familiar en prueba de una decisión coordinada sería ir más allá de lo que actualmente puede demostrarse.
La discusión política puede plantearse de una manera mucho más contundente sin necesidad de hacerlo.
Porque el dato central está frente a los fueguinos:
una empresa que durante años fue presentada junto al Gobierno provincial como protagonista de una nueva etapa de inversiones y desarrollo hoy protagoniza uno de los conflictos laborales más graves del sector industrial.
Y detrás de cada número hay una familia.
Hay alquileres.
Hay créditos.
Hay alimentos.
Hay trabajadores que esta mañana ingresaron al Parque Industrial sin saber si conservarían su fuente laboral.
Tierra del Fuego necesita saber qué ocurrió, qué pretende hacer Mirgor y, fundamentalmente, qué piensa hacer el Gobierno provincial para defender los puestos de trabajo.
Porque después de tantos discursos sobre desarrollo, diversificación e inversiones, llegó el momento en que las fotografías dejaron de alcanzar.
Cuando se prometían millones de dólares, Melella estaba.
Ahora que cientos de trabajadores quedan afuera de las fábricas, los fueguinos esperan saber dónde está.
