PoloSur
Esta mañana, Patricia Bullrich afirmó que los cambios en el sistema de discapacidad no fueron discutidos en la mesa política del oficialismo, a pesar de su participación en la misma. En declaraciones a Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia, la senadora enfatizó que el presupuesto llegó con modificaciones que sorprendieron a los socios de la coalición. “No nos enteramos, yo no miento, es la verdad”, subrayó Bullrich, quien expresó su descontento por la falta de información que deja a los legisladores aliados en una posición comprometida ante sus bloques y la oposición. “Quedás como un tonto o como que engañás, eso resiente las relaciones”, lamentó.
Bullrich también mencionó que ya existía un acuerdo político en la Cámara de Diputados entre el oficialismo y sectores opositores para abordar el tema de discapacidad de una manera específica, un acuerdo que ahora podría verse afectado por la inclusión de estos artículos en el presupuesto. La senadora reconoció que la discusión se ha vuelto “bastante peliaguda”, dado que el Senado actuará como cámara revisora y deberá esperar el texto que llegue desde la cámara baja antes de tomar una decisión.
Las reacciones de los bloques opositores no se hicieron esperar. El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, calificó las modificaciones como “ilegales e inconstitucionales” y denunció que el proyecto busca “desmantelar” la Ley de Emergencia en Discapacidad. Por su parte, el legislador Esteban Paulón, de Santa Fe, destacó que los cambios surgieron tras la iniciativa impulsada por La Libertad Avanza junto a bloques afines, sin que se revelara su contenido real.
El proyecto enviado al Congreso incluye artículos que modifican de manera permanente aspectos fundamentales del sistema de atención a personas con discapacidad, como la derogación de varios artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad y cambios significativos en la ley 24.901, que regula las prestaciones básicas de atención integral desde 1997. La situación plantea un escenario incierto para las familias que dependen de estas prestaciones, ya que las modificaciones podrían afectar gravemente su acceso a servicios esenciales.
Fuente original: Infobae Política.
