Argentina rechaza la guía británica para empresas en las Malvinas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina manifestó su firme oposición a la guía publicada por el Gobierno del Reino Unido para las empresas que operan en las Falklands/Malvinas. La Cancillería reafirmó su postura sobre la soberanía del territorio y anunció que continuará aplicando su legislación contra actividades económicas no autorizadas en la región.
Actualidad17/09/2026PoloSurPoloSur

Reacción oficial ante la normativa británica

Este martes, la Cancillería argentina expresó su “más enérgico rechazo” a la guía titulada “Doing business with the Falkland Islands”, emitida por la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido. En su comunicado, el Ministerio sostuvo que las Falklands/Malvinas, así como las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur, son parte integral del territorio argentino y se encuentran bajo ocupación ilegítima por parte británica.

La Cancillería argumentó que las normativas británicas, las licencias otorgadas unilateralmente y las actividades comerciales que se promueven en la región infringen la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que exhorta a ambos países a evitar cambios unilaterales mientras persista la disputa. Además, advirtió que las actividades hidrocarburíferas en la zona podrían tener consecuencias irreversibles sobre los recursos no renovables.

Acciones diplomáticas y antecedentes

Ante la reciente decisión de inversión de las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en el proyecto Sea Lion, la Cancillería convocó a los embajadores del Reino Unido y de Israel para presentar notas formales de protesta. Este tipo de acciones no son nuevas; en 2010, Argentina ya había citado a la representación británica por el inicio de perforaciones en la zona, y el Reino Unido había protestado cuando se aprobó una ley que prevé sanciones para las petroleras que operen sin autorización.

La Cancillería ha enviado cerca de 180 notas de advertencia a personas y empresas en 30 países, ha iniciado 60 procedimientos administrativos y el canciller Pablo Quirno ha presentado tres denuncias penales que involucran a diez empresas y sus directivos. Sin embargo, hasta el momento, ninguna imputación ha sido probada y no se han impuesto sanciones.

Fuente original: MercoPress Argentina.

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