Polo Sur
La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) formalizó la contratación directa para alquilar un edificio ubicado sobre calle Ramón Barrios N.º 469 de Ushuaia, donde funcionarán las oficinas del organismo.
La decisión quedó plasmada en la Resolución General N.º 316/26, mediante la cual se adjudicó la locación por 264 millones de pesos para un período inicial de doce meses.
El inmueble posee aproximadamente 1.153 metros cuadrados distribuidos en 19 unidades independientes, y será destinado exclusivamente al funcionamiento de oficinas públicas.
El contrato establece un alquiler inicial de 22 millones de pesos mensuales durante los primeros tres meses, pero el costo no permanecerá fijo.
A partir del cuarto mes comenzarán a aplicarse actualizaciones trimestrales acumulativas mediante el Índice de Contratos de Locación (ICL) elaborado por el Banco Central, por lo que el costo efectivo para la Provincia terminará siendo superior a los 264 millones originalmente comprometidos.
Incluso el contrato contempla que, si el índice dejara de publicarse, el mecanismo de actualización será definido por los propios locadores mediante un índice de características similares.
La contratación se conoce en un momento particularmente delicado para las finanzas provinciales.
El propio Gobierno de Gustavo Melella viene sosteniendo públicamente que la Provincia enfrenta una caída de la recaudación, menores ingresos por coparticipación y un escenario económico que obliga a administrar con extrema prudencia los recursos públicos.
Sin embargo, mientras ese discurso justifica restricciones presupuestarias en distintas áreas del Estado, la administración provincial continúa autorizando gastos millonarios que inevitablemente reabren el debate sobre cuáles son las verdaderas prioridades.
La decisión adquiere mayor relevancia si se considera que la Provincia también impulsa una reforma constitucional cuyo costo estimado supera los 8.000 millones de pesos, mientras distintos sectores reclaman mayores recursos para infraestructura, salud, educación, seguridad y mantenimiento de rutas.
La pregunta no gira únicamente alrededor de la legalidad del procedimiento.
El verdadero debate es político y económico.
¿Era indispensable comprometer cientos de millones de pesos en un nuevo alquiler cuando el propio Ejecutivo sostiene que atraviesa restricciones financieras?
¿Se evaluó la utilización de inmuebles públicos existentes antes de asumir un nuevo compromiso de semejante magnitud?
¿Se analizaron alternativas que implicaran un menor costo para los contribuyentes?
Hasta el momento no hubo explicaciones públicas que permitan conocer el análisis técnico que justificó esta decisión.
El convenio también establece que, si la Agencia deja de pagar dos períodos consecutivos del alquiler, los propietarios podrán iniciar acciones judiciales para reclamar el cobro y promover el desalojo del inmueble.
En paralelo, la Provincia podrá rescindir el contrato luego de transcurridos tres meses de vigencia, siempre que notifique con treinta días de anticipación.
Nadie discute que el Estado necesita oficinas para funcionar.
Lo que sí merece discusión es si, en un contexto de restricciones presupuestarias, caída de la actividad económica y reclamos permanentes por falta de recursos, resulta razonable seguir incorporando compromisos millonarios de gasto corriente.
Porque cuando el Gobierno sostiene que no alcanza el dinero para atender múltiples necesidades públicas, cada decisión de este tipo deja de ser un simple expediente administrativo.
Se convierte en una definición política sobre cómo se administran los recursos de todos los fueguinos.
