Polo Sur
Hay momentos en los que las decisiones políticas dejan de analizarse de manera aislada y comienzan a observarse como parte de un mismo proceso, eso es exactamente lo que hoy ocurre en Río Grande.
Por un lado, el gobernador Gustavo Melella mantiene una deuda superior a los 17.000 millones de pesos con el Municipio, recursos que corresponden a la ciudad y que podrían destinarse a infraestructura, pavimento, servicios públicos, salud, deporte o asistencia social, en un contexto de creciente demanda social y vulnerabilidad económica.
Por el otro, el Gobierno nacional de Javier Milei profundiza una política económica que golpea directamente a la principal fuente de empleo privado de la provincia, la industria fueguina.
La apertura indiscriminada de importaciones, la eliminación de aranceles para productos fabricados en Tierra del Fuego y la creciente incertidumbre sobre el régimen industrial configuran un escenario que amenaza miles de puestos de trabajo.
Como si fuera poco, también se decidió modificar el destino de recursos del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), privilegiando proyectos radicados en Ushuaia mientras Río Grande, donde históricamente se concentra el corazón industrial de la provincia, observa cómo disminuyen las inversiones estratégicas que podrían generar empleo y desarrollo.
La sensación que comienza a instalarse entre muchos vecinos es inevitable, mientras el Gobierno nacional golpea la economía de Río Grande, el Gobierno provincial tampoco parece defenderla con la firmeza que la situación requiere.
Los recursos que pertenecen a la ciudad permanecen retenidos, las inversiones productivas se postergan, las fábricas atraviesan un escenario de incertidumbre, los comercios venden menos, los trabajadores viven con preocupación el futuro de sus empleos y las respuestas estructurales siguen sin aparecer.
Río Grande no es un municipio cualquiera.
Es la ciudad que concentra la mayor población de Tierra del Fuego, el principal polo industrial de la provincia, un enclave estratégico para la soberanía nacional y el motor económico que durante décadas sostuvo buena parte del crecimiento fueguino.
Cuando Río Grande se frena, las consecuencias terminan alcanzando a toda la provincia.
Por eso preocupa que, mientras la ciudad enfrenta uno de los contextos económicos más complejos de los últimos años, las decisiones que llegan tanto desde Buenos Aires como desde Ushuaia parezcan ir en la dirección opuesta a lo que necesita su aparato productivo.
No se trata de una discusión partidaria, se trata de prioridades.
Porque mientras se discuten fondos, competencias y anuncios, miles de familias dependen de que la industria siga funcionando, de que lleguen inversiones reales y de que el empleo pueda sostenerse.
Río Grande necesita políticas que fortalezcan su perfil industrial, que respeten los recursos que le corresponden y que promuevan nuevas inversiones.
No puede convertirse en la variable de ajuste coordinada entre Milei y Melella, ni en la principal perjudicada por decisiones tomadas a cientos o miles de kilómetros de distancia.
Porque defender a Río Grande no debería ser una bandera partidaria, debería ser una obligación de todos quienes tienen responsabilidades de gobierno.
