Mientras la crisis financiera de Tierra del Fuego se profundiza y Moody’s advierte sobre el deterioro de las cuentas públicas provinciales, el gobierno de Gustavo Melella enfrenta ahora otro frente crítico: una deuda millonaria con los municipios de Ushuaia y Río Grande por fondos coparticipables retenidos y demorados.
Según se expuso durante una mesa técnica convocada por el Ministerio de Economía provincial, la deuda acumulada supera los $31 mil millones entre ambas ciudades:
El encuentro reunió al ministro de Economía, Alejandro Barrozo, con funcionarios técnicos de los municipios fueguinos, en un contexto donde las administraciones locales comienzan a exponer públicamente el impacto financiero que generan las demoras provinciales en la transferencia de recursos.
Desde Río Grande confirmaron que la deuda exigible formalmente reclamada supera los $10 mil millones, aunque advirtieron que el monto real pendiente de transferencia asciende a más de $17 mil millones.
La secretaria de Finanzas riograndense, Valeria Capotorto, sostuvo que el municipio necesita que “los fondos que le corresponden a Río Grande estén disponibles en tiempo y forma” para sostener servicios y políticas públicas.
Por su parte, Ushuaia denunció que actualmente existe un atraso cercano a los 40 días entre el momento en que la Provincia percibe los recursos y la transferencia efectiva al municipio capitalino.
Esa demora ya habría generado una deuda acumulada superior a los $14 mil millones.
El conflicto aparece en medio de un escenario financiero cada vez más delicado para la Provincia.
El último informe de Moody’s expuso:
En ese contexto, las demoras en la coparticipación comienzan a mostrar un problema estructural de liquidez provincial.
Los municipios dependen fuertemente de esos fondos para:
Sin embargo, la Provincia continúa acumulando atrasos mientras intenta reorganizar sus propias cuentas.
Aunque tanto Ushuaia como Río Grande evitaron romper el diálogo institucional con el Ejecutivo, el reclamo expone una tensión cada vez más fuerte entre los municipios y el gobierno provincial.
La reunión terminó sin definiciones concretas sobre:
Solo se acordó continuar negociando en junio.
Mientras tanto, la deuda sigue creciendo.
El problema ya no parece ser solamente administrativo.
Los reclamos municipales empiezan a reflejar una situación financiera provincial mucho más profunda:
una Provincia con déficit creciente, recursos comprometidos y cada vez más dificultades para cumplir en tiempo y forma incluso con las transferencias básicas hacia los municipios.
