Polo Sur
La motosierra no siempre corta donde se promete. En Tierra del Fuego, mientras el discurso oficial habla de esfuerzo, equilibrio y responsabilidad fiscal, los números cuentan otra historia: aumentos del 35% para un ejercito de 500 ñoquis o funcionarios y apenas un 1% para docentes.
La lógica es clara y brutal. Ajuste para quienes sostienen el sistema educativo. Recompensa para quienes administran el poder. Una pirámide invertida donde la política se protege a sí misma mientras exige sacrificios a los trabajadores.
El argumento de la “crisis” aparece como comodín permanente. Sin embargo, cuando se trata de la estructura política, la austeridad se vuelve selectiva. La docencia, que enfrenta inflación acumulada, pérdida de poder adquisitivo y deterioro de condiciones laborales, recibe un aumento que ni siquiera compensa el arrastre mensual de precios. En términos reales, es una reducción salarial encubierta.
Este esquema reproduce, a escala provincial, la matriz que el propio gobierno nacional impulsa: ajuste hacia abajo, concentración hacia arriba. Se le pide comprensión al aula, pero se garantiza actualización plena en los despachos. Se invoca el equilibrio fiscal, pero el esfuerzo nunca es simétrico.
El problema no es solo presupuestario; es político y moral. Las señales importan. Y cuando un gobierno decide priorizar su propia estructura de mas de 500 ñoquis antes que la educación pública, está enviando un mensaje inequívoco sobre sus verdaderas prioridades.
En un contexto donde la discusión nacional gira en torno a reformas laborales, recortes y reconfiguración del Estado, Tierra del Fuego no debería convertirse en un laboratorio de desigualdad interna. Gobernar no es administrar privilegios. Es distribuir responsabilidades y sacrificios con criterio de justicia.
Si el ajuste es inevitable, debe empezar por arriba. De lo contrario, deja de ser una política económica y se convierte en una decisión de poder.
