Mientras miles de docentes reciben un aumento simbólico del 1% que no compensa ni una fracción de la inflación acumulada, el gabinete político de 500 ñoquis de Melella se asegura una recomposición del 35%. En plena crisis fiscal y con el discurso del ajuste como bandera, la distribución de los incrementos revela con crudeza cuáles son las verdaderas prioridades del gobernador Gustavo Melella
Actualidad20/02/2026
Polo Sur
La motosierra no siempre corta donde se promete. En Tierra del Fuego, mientras el discurso oficial habla de esfuerzo, equilibrio y responsabilidad fiscal, los números cuentan otra historia: aumentos del 35% para un ejercito de 500 ñoquis o funcionarios y apenas un 1% para docentes.
La lógica es clara y brutal. Ajuste para quienes sostienen el sistema educativo. Recompensa para quienes administran el poder. Una pirámide invertida donde la política se protege a sí misma mientras exige sacrificios a los trabajadores.
El argumento de la “crisis” aparece como comodín permanente. Sin embargo, cuando se trata de la estructura política, la austeridad se vuelve selectiva. La docencia, que enfrenta inflación acumulada, pérdida de poder adquisitivo y deterioro de condiciones laborales, recibe un aumento que ni siquiera compensa el arrastre mensual de precios. En términos reales, es una reducción salarial encubierta.
Este esquema reproduce, a escala provincial, la matriz que el propio gobierno nacional impulsa: ajuste hacia abajo, concentración hacia arriba. Se le pide comprensión al aula, pero se garantiza actualización plena en los despachos. Se invoca el equilibrio fiscal, pero el esfuerzo nunca es simétrico.
El problema no es solo presupuestario; es político y moral. Las señales importan. Y cuando un gobierno decide priorizar su propia estructura de mas de 500 ñoquis antes que la educación pública, está enviando un mensaje inequívoco sobre sus verdaderas prioridades.
En un contexto donde la discusión nacional gira en torno a reformas laborales, recortes y reconfiguración del Estado, Tierra del Fuego no debería convertirse en un laboratorio de desigualdad interna. Gobernar no es administrar privilegios. Es distribuir responsabilidades y sacrificios con criterio de justicia.
Si el ajuste es inevitable, debe empezar por arriba. De lo contrario, deja de ser una política económica y se convierte en una decisión de poder.
Tras años de anuncios que nunca se materializaron y promesas que quedaron en titulares, el lanzamiento de un supuesto “nuevo impulso” suena más a estrategia de supervivencia política que a plan de gobierno. Cuando la distancia entre discurso y realidad se vuelve crónica, la credibilidad no se recupera con formularios online, se reconstruye con hechos concretos que, hasta ahora, siguen ausentes.
Juran cumplir la Constitución, pero cuando el Congreso debate leyes que afectan derechos y recursos de millones, sus bancas quedan vacías. En una democracia representativa, no estar presente no es un detalle administrativo, es incumplir gravemente el mandato popular y erosionar la responsabilidad institucional que exige la República.
Regían desde abril del año pasado. Advierten que el fallo puede llevar a conflictos por la devolución de billones de dólares.
Mientras en las redes proclamaban que “los derechos se defienden”, en el Congreso la banca que debía expresar ese rechazo quedó vacía. La épica digital contrastó con la realidad parlamentaria: en una votación ajustada, la ausencia fue determinante y terminó facilitando la aprobación de la reforma laboral que públicamente dicen combatir.
En una votación decisiva para el futuro del régimen laboral argentino, la ausencia del diputado de origen cordobés que supuestamente representa al pueblo fueguino alineado con el gobernador Gustavo Melella terminó siendo clave para que el oficialismo avance. Cuando los números son ajustados, no ocupar una banca puede pesar tanto como votar a favor. En el tablero fino del Congreso, cada gesto tiene consecuencias, y esta vez Tierra del Fuego quedó del lado que facilitó la reforma.
Con el recinto al límite y los números ajustados 135 votos a favor y 115 en contra, seis gobernadores peronistas garantizaron el quorum y Melella junto a Llaryora garantizaron la ausencia de diputados de su entorno para avanzar con la reforma laboral. En una votación clave para el futuro del sistema previsional y los derechos laborales, la ingeniería política de las provincias terminó inclinando la balanza a favor de la Casa Rosada.
Son tres los diputados iban a votar en contra de la reforma laboral y el FAL de Caputo. El ex gobernador no estará presente, Torres viajó a España para dar un curso y se desconoce dónde está Aresca.
En plena temporada alta y con fin de semana largo, Ushuaia apenas alcanzó un 66% de ocupación. Un número que, lejos de ser celebrado, expone la falta de una estrategia turística sólida y competitiva por parte de la autoridad local, que no logra capitalizar el potencial del destino más emblemático del país.
Mientras miles de docentes reciben un aumento simbólico del 1% que no compensa ni una fracción de la inflación acumulada, el gabinete político de 500 ñoquis de Melella se asegura una recomposición del 35%. En plena crisis fiscal y con el discurso del ajuste como bandera, la distribución de los incrementos revela con crudeza cuáles son las verdaderas prioridades del gobernador Gustavo Melella
En una votación decisiva para el futuro del régimen laboral argentino, la ausencia del diputado de origen cordobés que supuestamente representa al pueblo fueguino alineado con el gobernador Gustavo Melella terminó siendo clave para que el oficialismo avance. Cuando los números son ajustados, no ocupar una banca puede pesar tanto como votar a favor. En el tablero fino del Congreso, cada gesto tiene consecuencias, y esta vez Tierra del Fuego quedó del lado que facilitó la reforma.
Mientras en las redes proclamaban que “los derechos se defienden”, en el Congreso la banca que debía expresar ese rechazo quedó vacía. La épica digital contrastó con la realidad parlamentaria: en una votación ajustada, la ausencia fue determinante y terminó facilitando la aprobación de la reforma laboral que públicamente dicen combatir.
Regían desde abril del año pasado. Advierten que el fallo puede llevar a conflictos por la devolución de billones de dólares.
Juran cumplir la Constitución, pero cuando el Congreso debate leyes que afectan derechos y recursos de millones, sus bancas quedan vacías. En una democracia representativa, no estar presente no es un detalle administrativo, es incumplir gravemente el mandato popular y erosionar la responsabilidad institucional que exige la República.
Tras años de anuncios que nunca se materializaron y promesas que quedaron en titulares, el lanzamiento de un supuesto “nuevo impulso” suena más a estrategia de supervivencia política que a plan de gobierno. Cuando la distancia entre discurso y realidad se vuelve crónica, la credibilidad no se recupera con formularios online, se reconstruye con hechos concretos que, hasta ahora, siguen ausentes.