Tras el fracaso absoluto del gobernador Melella por aprobar el presupuesto 2026 en la legislatura fueguina, se vio obligado a implementar la reconducción presupuestaria, esta ejecucion impone un duro ajuste a la justicia fueguina, con lo cual el Superior Tribunal de Justicia bajo una acordada ordenó restringir gastos, suspender viáticos, congelar designaciones y frenar concursos.
La acordada implicó una reducción aproximada del 14 % de los recursos previstos para el Poder Judicial, afectando su funcionamiento operativo y administrativo.
Cuando el Poder Judicial se ve obligado a congelar designaciones, restringir gastos operativos, postergar inversiones tecnológicas y limitar su funcionamiento cotidiano, no se trata de un simple ajuste contable. Se trata, en términos concretos, de potenciales demoras procesales, mayor saturación de juzgados, dificultades para sostener infraestructura adecuada y, en última instancia, un riesgo real para el acceso efectivo a la justicia.
Esta situación no surge en el vacío. Es consecuencia de años de administración provincial sin previsión financiera sólida, con desequilibrios fiscales persistentes, decisiones presupuestarias improvisadas y ausencia de planificación estratégica. La política económica del gobierno de Gustavo Melella ha demostrado reiteradamente dificultades para ordenar las cuentas públicas, priorizar el gasto y anticipar escenarios críticos.
El problema es que cuando falla la administración, el costo termina trasladándose a las instituciones y, finalmente, a los ciudadanos. Un Poder Judicial debilitado presupuestariamente no es un problema corporativo de magistrados o funcionarios: es un problema para cualquier vecino que necesita una resolución judicial rápida, una protección cautelar o una sentencia que garantice derechos.
Además, este escenario genera una tensión institucional innecesaria. La independencia judicial no solo se protege con normas formales; también requiere recursos suficientes para funcionar sin condicionamientos indirectos. La escasez presupuestaria sostenida puede transformarse, de hecho, en una forma de presión estructural sobre el sistema judicial.
La administración provincial debería entender que la solvencia fiscal no es un objetivo técnico aislado, sino una condición básica para el funcionamiento equilibrado del Estado. Sin previsibilidad financiera, las instituciones se deterioran y la confianza pública se erosiona.
Hoy el ajuste lo ejecuta el Poder Judicial, pero el origen del problema está en la política. Y cuando la política administra mal, no solo se afectan números: se afecta la calidad institucional, la seguridad jurídica y, en definitiva, la vida cotidiana de los ciudadanos.
Porque cuando la justicia se demora, la injusticia avanza.
