Polo Sur
La reciente designación del contador público Alejandro Barrozo como nuevo ministro de Economía de Tierra del Fuego vino acompañada de una definición política clara por parte del gobernador Gustavo Melella: la decisión de “dar continuidad al rumbo” económico que el gobierno provincial viene sosteniendo. Esa afirmación, lejos de ser neutra, merece un análisis crítico a la luz de los resultados concretos de la gestión.
Hablar de continuidad implica, necesariamente, hacerse cargo del balance. Y el balance económico de la provincia dista de ser alentador. Tierra del Fuego atraviesa una situación de fragilidad fiscal persistente, con problemas recurrentes de liquidez, fuerte dependencia del endeudamiento de corto plazo para atender gastos corrientes y una estructura de gasto rígida que deja escaso margen para inversión estratégica. La estabilidad invocada por el Ejecutivo aparece más asociada a la administración de la urgencia que a la construcción de un esquema económico sostenible.
En materia de inversiones, el contraste entre anuncios y resultados es evidente. Durante los últimos años se multiplicaron las promesas de diversificación productiva —puerto en Río Grande, hidrógeno verde, polo petroquímico, entre otras— que nunca lograron traducirse en proyectos concretos, inversiones efectivas ni generación de empleo. La ausencia de avances reales en estas iniciativas no solo revela problemas de gestión, sino también la falta de una estrategia económica integral capaz de atraer capital y reducir la dependencia del régimen industrial tradicional que se encuentra fuertemente atacado por el gobierno nacional.
Ese régimen, a su vez, enfrenta hoy un escenario adverso, caída del consumo nacional y cambios en las reglas de juego que afectan directamente a la industria local. Frente a ese contexto, la provincia llega sin alternativas productivas consolidadas, lo que profundiza su vulnerabilidad económica.
A este cuadro se suman crisis estructurales no resueltas en áreas muy sensiblespara la sociedad fueguina; un sistema de salud tensionado, una obra social provincial (OSEF) en situación crítica, problemas energéticos recurrentes y un sistema educativo atravesado por conflictos y deterioro de infraestructura. Todos estos frentes tienen un denominador común: requieren recursos, planificación y gestión eficiente, precisamente aquello que la continuidad del rumbo actual no ha logrado garantizar.
El reconocimiento al ministro saliente por su “compromiso” y “dedicación” no alcanza para revertir un balance en el cual los resultados económicos y sociales siguen siendo deficitarios. La responsabilidad de un cambio de nombres en el gabinete debería ir acompañada de una revisión profunda de las políticas aplicadas, algo que el propio discurso oficial parece descartar al insistir en la continuidad.
En definitiva, ratificar el mismo rumbo en un contexto de crisis fiscal, estancamiento productivo y deterioro de servicios esenciales no es una señal de previsibilidad, sino de inmovilismo, de ostracismo. Tierra del Fuego no necesita administrar mejor la crisis, sino cambiar el enfoque económico, definir prioridades claras y avanzar con decisiones que permitan construir desarrollo, empleo y sostenibilidad fiscal real. Sin ese giro, la continuidad no será sinónimo de estabilidad, sino de persistencia en un modelo que ya mostró sus límites.
