Polo Sur
En octubre de 2002, hace casi 23 años, Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz y peleaba como precandidato del PJ para llegar a ser presidente en las elecciones del año siguiente, las que ganaría finalmente con el respaldo del entonces jefe de Estado, Eduardo Duhalde.
¿Qué decía en ese entonces Néstor Kirchner sobre la situación fiscal de las provincias, un tema recurrente en la Argentina?. Fiel a su estilo, no tenía grises: “Si una provincia quiebra, el gobernador debe ir preso" , aseguraba en medio de su campaña electoral.
Ante el comentario de los periodistas de que esa posición podría verse como una idea adjudicada a la centroderecha, Kirchner respondía que “administrar bien no es patrimonio de la centroderecha . “Yo creo que hay gobiernos serios o no. Racionales o no" , evaluaba tras una década al frente de su provincia.
A partir de esas definiciones —contundentes, sin matices— emerge una discusión que trasciende la coyuntura de 2002 y se proyecta con plena vigencia sobre el presente: la responsabilidad en la gestión y administración de los recursos públicos como pilar indelegable del sistema democrático.
Cuando Néstor Kirchner afirmaba que la quiebra de una provincia debía tener consecuencias penales para su gobernador, no estaba planteando únicamente una consigna electoral de alto impacto, sino una concepción de fondo sobre el ejercicio del poder. Gobernar, en esa lógica, no es solo decidir prioridades políticas, sino administrar con racionalidad, previsión y respeto por el esfuerzo colectivo que representan los fondos públicos.
La crisis fiscal de un Estado subnacional no es un fenómeno abstracto ni inevitable. Es, en la mayoría de los casos, el resultado de decisiones concretas: gasto sin planificación, endeudamiento irresponsable, ausencia de controles, improvisación presupuestaria o utilización de los recursos con fines ajenos al interés general. Cuando esas prácticas se naturalizan, el costo no lo paga quien gobierna, sino la sociedad en su conjunto: salarios que no se pagan, servicios que se deterioran, obras que se paralizan y derechos que se licúan.
Por eso, la responsabilidad fiscal no puede reducirse a un concepto tecnocrático ni a una bandera ideológica. Es, ante todo, una obligación ética y política. Administrar bien no es “de derecha” ni “de izquierda”, como señalaba el propio Kirchner, sino una condición mínima para que cualquier proyecto de gobierno sea sostenible, creíble y justo. Sin cuentas ordenadas, no hay política social posible; sin previsibilidad financiera, no hay desarrollo; sin control del gasto, no hay soberanía real sobre las decisiones públicas.
La reflexión cobra especial relevancia en contextos de crisis recurrentes, donde muchas veces se busca diluir responsabilidades o atribuir los desequilibrios exclusivamente a factores externos. Sin desconocer el impacto de variables macroeconómicas nacionales, la autonomía provincial implica también autonomía para rendir cuentas, para explicar qué se hizo con los recursos y por qué se tomaron determinadas decisiones.
En definitiva, la frase pronunciada hace más de dos décadas interpela al presente con fuerza intacta: gobernar es hacerse cargo. De los aciertos, pero sobre todo de los errores. Y en una república que aspire a ser madura, la mala administración de lo público no puede ser una anécdota ni un daño colateral tolerable, sino un hecho grave que exige responsabilidades claras, políticas y, cuando corresponde, institucionales.
