Impulsada por Gustavo Melella, la llamada “ley de soberanía energética” nació viciada: se aprobó con cifras falsas, sin informes técnicos, sin plan de inversiones y con una empresa estatal sin capacidad demostrada para asumir el desafío. Lejos de resolver problemas, el gobernador forzó una votación basada en el miedo y el relato, dejando a la provincia al borde de un nuevo fracaso anunciado.
Actualidad30/12/2025
Polo Sur
La promulgación de la ley que transfiere a Terra Ignis las áreas de explotación petrolera que abandona YPF no representa un hito histórico ni un acto de soberanía energética. Por el contrario, consolida una de las decisiones más opacas y cuestionables de la actual gestión provincial, aprobada a fuerza de relato, presión política y datos falsos, sin los elementos mínimos que exige una definición de esta magnitud.
Durante semanas, el gobierno provincial sostuvo que 500 trabajadores estaban en riesgo si la ley no era aprobada. Esa cifra fue utilizada como argumento central para apurar el tratamiento legislativo y condicionar voluntades. Sin embargo, las propias declaraciones posteriores de funcionarios del Ejecutivo desmintieron el relato: no eran 500, eran apenas 50 empleados directos, todos indemnizados por YPF y reabsorbidos de manera transitoria. El resto correspondía a empresas tercerizadas que ya habían resuelto sus situaciones laborales. La “emergencia social” fue, en los hechos, una construcción mediatica.
La ley se aprobó sin informes técnicos independientes, sin estudios económicos que demuestren la viabilidad del traspaso, sin un plan de inversiones, sin cronograma de desarrollo y sin certezas sobre la real existencia de inversores interesados. Tampoco se presentó un análisis serio de los pasivos ambientales, ni de los costos operativos de áreas que vienen en declive desde hace años y que hoy registran pérdidas millonarias.
Más grave aún es el estado de Terra Ignis, la empresa estatal que ahora queda a cargo de estos activos. Su directorio carece de antecedentes técnicos sólidos en explotación petrolera, arrastra fuertes cuestionamientos por falta de transparencia en el manejo de fondos públicos y no ha logrado mostrar resultados concretos desde su creación. Su titular, además, no es fueguino, reside en Buenos Aires y no tiene experiencia en el sector hidrocarburífero, acumulando fracasos reiterados en proyectos que nunca pasaron del anuncio: el puerto de Río Grande, el hidrógeno verde, la urea granulada, el amoníaco y el polo petroquímico.
Aun así, el gobierno pidió un cheque en blanco a la Legislatura. Pretendió que se votara confianza donde no hubo información, esperanza donde no hay planificación y soberanía donde solo hay improvisación. Todo ello en una provincia que hoy no puede pagar sus compromisos sin pedir adelantos de impuestos a empresas privadas, y que enfrenta crisis simultáneas en energía, educación y salud.
Esta ley no garantiza producción, empleo ni ingresos. Garantiza, sí, más opacidad, más riesgo fiscal y más discrecionalidad. Por eso es una ley fantasma: se sostiene en promesas que no existen, en números inflados, en inversores que no aparecen y en una empresa estatal sin capacidad demostrada para asumir semejante responsabilidad.
Cuando la política reemplaza a la técnica y el relato suplanta a los datos, las consecuencias no tardan en llegar. Tierra del Fuego no necesitaba otra promesa vacía. Necesitaba verdad, planificación y responsabilidad. Nada de eso estuvo presente en esta decisión.
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