Se reveló la mentira del gobierno provincial: No eran 500 trabajadores en ypf, eran apenas 50

Las propias declaraciones de la ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo, terminaron por desnudar lo que durante semanas fue presentado como una crisis laboral de gran escala. En una entrevista radial en FM Aire Libre de Río Grande, la funcionaria admitió que no eran 500 los trabajadores de YPF en riesgo, sino apenas 50 empleados directos, quienes serán indemnizados por la petrolera e incorporados a Terra Ignis por un año bajo un esquema de “evaluación y reordenamiento”.

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El resto de los casos que los sindicatos y el gobierno provincial utilizaron como argumento de presión política corresponden a empresas tercerizadas, muchas de las cuales ya habían reducido personal mediante retiros voluntarios o acuerdos privados. La propia Castillo reconoció que desconoce el número exacto de trabajadores tercerizados, confirmando que el escenario real estaba lejos del dramatismo instalado públicamente.

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Incluso citó el caso de la empresa DLS, que indemnizó a 44 trabajadores y luego volvió a contratar personal por un plazo de dos años para tareas específicas de remediación de pozos. Es decir, no hubo despidos masivos ni un colapso laboral, sino reconfiguraciones contractuales propias de una etapa de cierre y transición.

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Con estos datos sobre la mesa, queda claro que el gobierno provincial infló deliberadamente las cifras, utilizando a los trabajadores como herramienta de presión para acelerar decisiones políticas y justificar una ley aprobada a las apuradas. El “riesgo para 500 familias” fue, en los hechos, un número sin sustento.

Una vez más, la gestión provincial queda atrapada en su propio libreto: exageraciones, anuncios grandilocuentes y un relato que se cae cuando aparecen los datos reales. El caso YPF–Terra Ignis no es una excepción, sino la confirmación de un patrón: el gobierno del humo, del escándalo permanente y de cifras que cambian según la conveniencia política del momento.

Mientras tanto, la incertidumbre productiva, financiera y energética de la provincia sigue sin resolverse. Porque cuando el relato se impone sobre la verdad, la confianza es lo primero que se pierde.