Polo Sur
Los métodos extremos de Melella quien se niega ajustar a su planta política de 1200 funcionarios y prefiere incrementar costos a los más vulnerables para seguir con la fiesta del gasto político. La medida se desprende de la Resolución M.E. N° 205/2026, que comenzó a ser notificada a los usuarios a través de la empresa privada Gas Austral. El dato más alarmante: el primer incremento, previsto para abril, supera el 100%, llevando el valor del kilo de gas de $80 a $120.
Lejos de tratarse de un aumento aislado, el esquema contempla una serie de subas escalonadas a lo largo de todo 2026. Según el cronograma oficial, el precio del kilo continuará en alza hasta alcanzar los $300 en diciembre, lo que implica un incremento total cercano al 275% en menos de un año.
Traducido al bolsillo de los vecinos, un tubo de 45 kilos —elemento esencial para calefaccionarse, cocinar y garantizar condiciones mínimas de vida— pasará de costar alrededor de $3.600 a $13.500 hacia fin de año.
Este impacto recae directamente sobre más de 6.500 familias fueguinas que no cuentan con acceso a la red de gas domiciliaria, en su mayoría ubicadas en la ciudad de Ushuaia, aunque también con presencia en Río Grande y Tolhuin.
Uno de los puntos que más indignación genera entre los usuarios es la falta total de comunicación por parte del Gobierno provincial. La medida no fue anunciada públicamente ni explicada por las autoridades, sino que comenzó a conocerse a partir de notificaciones emitidas por la empresa distribuidora.
Tampoco hubo pronunciamientos de funcionarios, ni de áreas vinculadas a la asistencia social o energética, lo que profundiza la sensación de abandono en sectores que dependen exclusivamente del gas envasado para atravesar el invierno.
En las últimas horas, vecinos afectados elevaron una nota formal al gobernador Melella en la que denuncian un “aumento encubierto”, un “incumplimiento de deberes” y un “abandono comunicacional”.
En el documento, advierten que la decisión “confirma un nuevo y brutal ataque a la economía de las familias fueguinas” y cuestionan que el Gobierno haya optado por implementar el ajuste sin dar explicaciones públicas.
Además, remarcan una fuerte contradicción: el incremento se produce en paralelo a la falta de respuestas sobre millonarias inversiones en infraestructura de gas que no se tradujeron en soluciones concretas para los vecinos.
El conflicto adquiere mayor dimensión al considerar que Tierra del Fuego es una provincia productora de gas. Sin embargo, miles de familias deben recurrir al sistema más caro e ineficiente: el gas envasado.
La paradoja es evidente: mientras se incrementan los costos para quienes menos tienen, no se registran avances significativos en la ampliación de la red domiciliaria, lo que perpetúa la desigualdad en el acceso a un servicio básico.
El impacto de este ajuste no será menor. En un contexto de inflación creciente a nivel nacional y deterioro del poder adquisitivo, el aumento del gas envasado suma una nueva presión sobre economías familiares ya golpeadas.
Con temperaturas extremas durante gran parte del año, el acceso al gas no es un lujo en Tierra del Fuego, sino una necesidad vital. Por eso, la medida no sólo tiene implicancias económicas, sino también sociales.
El reclamo ya está sobre la mesa. Los vecinos exigen la suspensión inmediata de la resolución y la convocatoria a una mesa de emergencia energética. Mientras tanto, el ajuste ya comenzó a correr y, una vez más, los sectores más vulnerables aparecen como los principales afectados.
