Polo Sur
El fiscal Franco Picardi pidió la detención de Diego Spagnuolo por las coimas de la Andis, a través de un dictamen elevado al juez Sebastián Casanello, para tomarle declaración indagatoria.
El dictamen revela el entramado de corrupción a partir de la prueba recogida en los teléfonos celulares incautados, los dispositivos informáticos y documentación encontrada durante los allanamientos, en el marco de la causa que más atormentó a Karina Milei, a quien referían los audios de Spagnuolo como la beneficiaria del 3% del dinero desviado.
En el escrito, el fiscal también se reclamó la detención de Daniel Maria Garbellini, director de Acceso a la Salud del organismo, y Miguel Ángel Calvete, un hombre vinculado a droguerías y laboratorios que participaban del desvío de fondos.
Lo mismo solicitó para Eduardo Nelio González y Lorena Di Giorno, empleados de Andis, y Pablo Atchabahian, quien ocupó el cargo de Calvete entre 2018 y 2019 y formaba parte de la organización. Además, planteó la citación para que declaren otras 9 personas involucradas en la investigación.
A lo largo de 276 páginas, Picardi demuestra la intervención de lobbistas de los laboratorios y ex funcionarios de la Andis para el direccionamiento de las compras y el pago de sobreprecios. También lista audios e imágenes de chats que comprometen a las personas contra las cuales se libraron los pedidos de detención.
Incluso, llega a exponer un audio en que uno de los operadores le dice a Spagnuolo que mande un "fercho" para retirar dinero.
LPO accedió al material este viernes, luego que se levantara el secreto de sumario. La información recabada demuestra que Spagnuolo fue tomado por cámaras de monitoreo cuando ingresaba al domicilio de uno de los proveedores, el pasado 13 de agosto, con una mochila al hombro.
Según el dictamen de Picardi, "los involucrados en las maniobras resultaron beneficiados con sumas dinerarias como contraprestación a diversas acciones ilícitas, las cuales desplegaron en función de los cargos que ocuparon en ANDIS". Por caso, describe que "Spagnuolo recibió de parte de Miguel Ángel Calvete y Guadalupe Muñoz, cinco millones de pesos argentinos ($5.000.000) en efectivo, para que el primero realizara un viaje".
La fiscalía saca esa conclusión a partir de una conversación mantenida por Calvete con Muñoz, en la que el hombre le pide a la mujer "cinco palos" en efectivo, en pesos. "Cuando ella le pregunta para quién es esa suma de dinero, Calvete le responde: "El boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos".
Captura de una conversación entre Calvete y su pareja.
Picardi sostiene que existe "la puesta en marcha de un sistema irregular de contratación de insumos y medicamentos PACBI (tratamientos de alta complejidad)", y considera que ese mecanismo "permitió la discrecionalidad absoluta en la toma de decisiones, el direccionamiento de procesos de compra, la cartelización y que, además, suponía la violación de los principios legales que deben guiar toda contratación pública: la publicidad, la transparencia y la concurrencia de oferentes".
Su investigación demuestra que se benefició "a un selecto y reducido grupo de droguerías y proveedores de insumos, en detrimento del erario público, la correcta administración de los recursos estatales y a cambio de beneficios espurios". "Se detectó un sistema de compulsas 'especiales' en el que se invitaba a solo cuatro oferentes, y en las que siempre dos de ellos cumplían un rol de 'competencia aparente'", notificó.
El fiscal asegura que "a cambio de asegurar, gestionar y garantizar la ejecución todas estas maniobras ilícitas se consumaron pagos indebidos a funcionarios/as -algunos de alto rango de ANDIS- en especial a Diego Orlando Spagnuolo, Daniel Maria Garbellini, Eduardo Nelio González y Lorena Di Giorno, quienes permitieron y fueron parte activa para que todas estas maniobras sean desplegadas y la organización criminal lograra sus objetivos: hacerse de dinero del erario estatal destinado a personas con discapacidad".
Noticia en desarrollo.
Con récord de semanas sin clases normales, jornadas reducidas y datos oficiales que el Gobierno provincial se niega a transparentar, Tierra del Fuego cierra uno de los peores ciclos lectivos de su historia. Mientras tanto, otras provincias como Santa Fe lograron garantizar 185 días de clases mediante acuerdos que premia EL PRESENTISMO y la continuidad pedagógica, dejando en evidencia que la crisis educativa fueguina no es inevitable, sino el resultado de decisiones políticas.
La Legislatura fueguina de Tierra del Fuego aprobó una nueva ley de acuicultura, que deroga la normativa vigente que limitaba la cría industrial de salmones en las aguas de la provincia. El proyecto fue impulsado por Melella en sociedad con los libertarios.
El reconocido militante ambientalista; pero además Doctor en Biología, licenciado en Filisofía, investigador del CONICET y docente en la UBA; tuvo una mirada crítica hacia el intento de reformar la Ley 1355 en nuestra provincia. Dijo, entre otras cuestiones, que “son proyectos que no tienen ningún tipo de justificación, salvo de grandes negociados, intentos desesperados de un sector político que ven eso, una entrada de dinero rápida y bajo ningún punto de vista, una proyección a cinco o diez años”. Además, señaló que “acá no se trata de la dicotomía conservar versus producir, sino que lo que estamos hablando son de las formas de producir”. ESCUCHÁ EL AUDIO COMPLETO DE LA NOTA
Es el segundo socio que pierde YPF bajo la gestión de Horacio Marin, tras la salida de Petronas. Problemas de management y cepo
El líder republicano se alzó con casi el 60% de los votos y asumirá el 11 de marzo de 2026
La curva negativa con proyección ascendente de la percepción pública sobre la gestión de Gustavo Melella no es un fenómeno repentino ni producto del clima de coyuntura político nacional. Es, más bien, la consecuencia directa de una acumulación de errores, omisiones y promesas incumplidas que han erosionado cada vez más la confianza de los fueguinos sobre la propia figura del gobernador.
Mientras el Gobierno provincial da de baja pensiones del RUPE a personas con discapacidad, avanza con contratos por casi $500 millones para alquilar cuatro vehículos oficiales, profundizando un ajuste que golpea a los sectores más vulnerables.
Frente a las graves sospechas de coimas y la incautación de USD 700.000 que pesan sobre Ornella Calvete, su aval al Proceso Productivo de Celulares —rechazado por la UOM y el secretario General de ASIMRA por amenazar miles de empleos— carece de toda legitimidad. Exigir la anulación inmediata de todas las resoluciones de la exfuncionaria en la Comisión del Área Aduanera Especial, bajo la presunción de que sus decisiones fueron tomadas con fines corruptos y en detrimento de la producción nacional y la estabilidad laboral fueguina deben ser un imperativo de todos los fueguinos.
El reconocido militante ambientalista; pero además Doctor en Biología, licenciado en Filisofía, investigador del CONICET y docente en la UBA; tuvo una mirada crítica hacia el intento de reformar la Ley 1355 en nuestra provincia. Dijo, entre otras cuestiones, que “son proyectos que no tienen ningún tipo de justificación, salvo de grandes negociados, intentos desesperados de un sector político que ven eso, una entrada de dinero rápida y bajo ningún punto de vista, una proyección a cinco o diez años”. Además, señaló que “acá no se trata de la dicotomía conservar versus producir, sino que lo que estamos hablando son de las formas de producir”. ESCUCHÁ EL AUDIO COMPLETO DE LA NOTA
La Legislatura fueguina de Tierra del Fuego aprobó una nueva ley de acuicultura, que deroga la normativa vigente que limitaba la cría industrial de salmones en las aguas de la provincia. El proyecto fue impulsado por Melella en sociedad con los libertarios.
Con récord de semanas sin clases normales, jornadas reducidas y datos oficiales que el Gobierno provincial se niega a transparentar, Tierra del Fuego cierra uno de los peores ciclos lectivos de su historia. Mientras tanto, otras provincias como Santa Fe lograron garantizar 185 días de clases mediante acuerdos que premia EL PRESENTISMO y la continuidad pedagógica, dejando en evidencia que la crisis educativa fueguina no es inevitable, sino el resultado de decisiones políticas.
