Polo Sur
Una vez más, el gobierno provincial se coloca del lado contrario a los intereses de los trabajadores fueguinos. La reciente resolución publicada en el Boletín Oficial confirma que la Secretaría de Industria de Tierra del Fuego avaló como “técnicamente viable” la modificación del Proceso Productivo Base (PPB) para la fabricación de celulares, una decisión que, en los hechos, recorta pasos de producción y reduce la necesidad de mano de obra.
El expediente revela que la propia administración de Gustavo Melella —a través de su Ministerio de Producción y Ambiente— intervino en el proceso, otorgando su visto bueno a una medida que debilita el principal sostén del empleo industrial de la provincia. En lugar de defender el régimen de promoción y exigir mayores niveles de integración local, el gobierno optó por convalidar un esquema que simplifica las líneas de montaje, reduce la inversión productiva y, por lo tanto, el número de trabajadores necesarios.
Resulta alarmante que en un contexto de crisis económica y creciente pérdida de puestos de trabajo, el Ejecutivo fueguino se sume a una iniciativa impulsada por la propia industria para abaratar costos a costa del empleo. La justificación de que los nuevos procesos buscan “adecuarse a los estándares tecnológicos actuales” no alcanza para esconder lo evidente: se trata de una flexibilización encubierta que convierte a Tierra del Fuego en un mero punto de ensamblaje, eliminando valor agregado y destruyendo la base del trabajo local.
El silencio del gobernador y de sus funcionarios frente a una resolución que compromete el futuro de cientos de familias fueguinas es, cuando menos, elocuente. Mientras los trabajadores miran con preocupación cómo se achican las plantas y se multiplican los despidos, la provincia —lejos de oponerse— se alinea con las cámaras empresarias que impulsan la “optimización” de procesos como un sinónimo de ajuste.
Melella tenía la oportunidad de defender el empleo y el régimen industrial. Eligió acompañar una medida que lo debilita. Y con ello, una vez más, el gobierno provincial demuestra que ha renunciado a su rol de garante del desarrollo productivo y del trabajo fueguino.
Con récord de semanas sin clases normales, jornadas reducidas y datos oficiales que el Gobierno provincial se niega a transparentar, Tierra del Fuego cierra uno de los peores ciclos lectivos de su historia. Mientras tanto, otras provincias como Santa Fe lograron garantizar 185 días de clases mediante acuerdos que premia EL PRESENTISMO y la continuidad pedagógica, dejando en evidencia que la crisis educativa fueguina no es inevitable, sino el resultado de decisiones políticas.
La Legislatura fueguina de Tierra del Fuego aprobó una nueva ley de acuicultura, que deroga la normativa vigente que limitaba la cría industrial de salmones en las aguas de la provincia. El proyecto fue impulsado por Melella en sociedad con los libertarios.
El reconocido militante ambientalista; pero además Doctor en Biología, licenciado en Filisofía, investigador del CONICET y docente en la UBA; tuvo una mirada crítica hacia el intento de reformar la Ley 1355 en nuestra provincia. Dijo, entre otras cuestiones, que “son proyectos que no tienen ningún tipo de justificación, salvo de grandes negociados, intentos desesperados de un sector político que ven eso, una entrada de dinero rápida y bajo ningún punto de vista, una proyección a cinco o diez años”. Además, señaló que “acá no se trata de la dicotomía conservar versus producir, sino que lo que estamos hablando son de las formas de producir”. ESCUCHÁ EL AUDIO COMPLETO DE LA NOTA
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La curva negativa con proyección ascendente de la percepción pública sobre la gestión de Gustavo Melella no es un fenómeno repentino ni producto del clima de coyuntura político nacional. Es, más bien, la consecuencia directa de una acumulación de errores, omisiones y promesas incumplidas que han erosionado cada vez más la confianza de los fueguinos sobre la propia figura del gobernador.
Mientras el Gobierno provincial da de baja pensiones del RUPE a personas con discapacidad, avanza con contratos por casi $500 millones para alquilar cuatro vehículos oficiales, profundizando un ajuste que golpea a los sectores más vulnerables.
Frente a las graves sospechas de coimas y la incautación de USD 700.000 que pesan sobre Ornella Calvete, su aval al Proceso Productivo de Celulares —rechazado por la UOM y el secretario General de ASIMRA por amenazar miles de empleos— carece de toda legitimidad. Exigir la anulación inmediata de todas las resoluciones de la exfuncionaria en la Comisión del Área Aduanera Especial, bajo la presunción de que sus decisiones fueron tomadas con fines corruptos y en detrimento de la producción nacional y la estabilidad laboral fueguina deben ser un imperativo de todos los fueguinos.
El reconocido militante ambientalista; pero además Doctor en Biología, licenciado en Filisofía, investigador del CONICET y docente en la UBA; tuvo una mirada crítica hacia el intento de reformar la Ley 1355 en nuestra provincia. Dijo, entre otras cuestiones, que “son proyectos que no tienen ningún tipo de justificación, salvo de grandes negociados, intentos desesperados de un sector político que ven eso, una entrada de dinero rápida y bajo ningún punto de vista, una proyección a cinco o diez años”. Además, señaló que “acá no se trata de la dicotomía conservar versus producir, sino que lo que estamos hablando son de las formas de producir”. ESCUCHÁ EL AUDIO COMPLETO DE LA NOTA
La Legislatura fueguina de Tierra del Fuego aprobó una nueva ley de acuicultura, que deroga la normativa vigente que limitaba la cría industrial de salmones en las aguas de la provincia. El proyecto fue impulsado por Melella en sociedad con los libertarios.
Con récord de semanas sin clases normales, jornadas reducidas y datos oficiales que el Gobierno provincial se niega a transparentar, Tierra del Fuego cierra uno de los peores ciclos lectivos de su historia. Mientras tanto, otras provincias como Santa Fe lograron garantizar 185 días de clases mediante acuerdos que premia EL PRESENTISMO y la continuidad pedagógica, dejando en evidencia que la crisis educativa fueguina no es inevitable, sino el resultado de decisiones políticas.
