Polo Sur
Una vez más, el gobierno provincial se coloca del lado contrario a los intereses de los trabajadores fueguinos. La reciente resolución publicada en el Boletín Oficial confirma que la Secretaría de Industria de Tierra del Fuego avaló como “técnicamente viable” la modificación del Proceso Productivo Base (PPB) para la fabricación de celulares, una decisión que, en los hechos, recorta pasos de producción y reduce la necesidad de mano de obra.
El expediente revela que la propia administración de Gustavo Melella —a través de su Ministerio de Producción y Ambiente— intervino en el proceso, otorgando su visto bueno a una medida que debilita el principal sostén del empleo industrial de la provincia. En lugar de defender el régimen de promoción y exigir mayores niveles de integración local, el gobierno optó por convalidar un esquema que simplifica las líneas de montaje, reduce la inversión productiva y, por lo tanto, el número de trabajadores necesarios.
Resulta alarmante que en un contexto de crisis económica y creciente pérdida de puestos de trabajo, el Ejecutivo fueguino se sume a una iniciativa impulsada por la propia industria para abaratar costos a costa del empleo. La justificación de que los nuevos procesos buscan “adecuarse a los estándares tecnológicos actuales” no alcanza para esconder lo evidente: se trata de una flexibilización encubierta que convierte a Tierra del Fuego en un mero punto de ensamblaje, eliminando valor agregado y destruyendo la base del trabajo local.
El silencio del gobernador y de sus funcionarios frente a una resolución que compromete el futuro de cientos de familias fueguinas es, cuando menos, elocuente. Mientras los trabajadores miran con preocupación cómo se achican las plantas y se multiplican los despidos, la provincia —lejos de oponerse— se alinea con las cámaras empresarias que impulsan la “optimización” de procesos como un sinónimo de ajuste.
Melella tenía la oportunidad de defender el empleo y el régimen industrial. Eligió acompañar una medida que lo debilita. Y con ello, una vez más, el gobierno provincial demuestra que ha renunciado a su rol de garante del desarrollo productivo y del trabajo fueguino.
