Polo Sur
Una vez más, el gobierno provincial se coloca del lado contrario a los intereses de los trabajadores fueguinos. La reciente resolución publicada en el Boletín Oficial confirma que la Secretaría de Industria de Tierra del Fuego avaló como “técnicamente viable” la modificación del Proceso Productivo Base (PPB) para la fabricación de celulares, una decisión que, en los hechos, recorta pasos de producción y reduce la necesidad de mano de obra.
El expediente revela que la propia administración de Gustavo Melella —a través de su Ministerio de Producción y Ambiente— intervino en el proceso, otorgando su visto bueno a una medida que debilita el principal sostén del empleo industrial de la provincia. En lugar de defender el régimen de promoción y exigir mayores niveles de integración local, el gobierno optó por convalidar un esquema que simplifica las líneas de montaje, reduce la inversión productiva y, por lo tanto, el número de trabajadores necesarios.
Resulta alarmante que en un contexto de crisis económica y creciente pérdida de puestos de trabajo, el Ejecutivo fueguino se sume a una iniciativa impulsada por la propia industria para abaratar costos a costa del empleo. La justificación de que los nuevos procesos buscan “adecuarse a los estándares tecnológicos actuales” no alcanza para esconder lo evidente: se trata de una flexibilización encubierta que convierte a Tierra del Fuego en un mero punto de ensamblaje, eliminando valor agregado y destruyendo la base del trabajo local.
El silencio del gobernador y de sus funcionarios frente a una resolución que compromete el futuro de cientos de familias fueguinas es, cuando menos, elocuente. Mientras los trabajadores miran con preocupación cómo se achican las plantas y se multiplican los despidos, la provincia —lejos de oponerse— se alinea con las cámaras empresarias que impulsan la “optimización” de procesos como un sinónimo de ajuste.
Melella tenía la oportunidad de defender el empleo y el régimen industrial. Eligió acompañar una medida que lo debilita. Y con ello, una vez más, el gobierno provincial demuestra que ha renunciado a su rol de garante del desarrollo productivo y del trabajo fueguino.
La planta de Telecomunicaciones Fueguinas (TelFu) en Río Grande, dedicada a la fabricación de celulares, cerrará definitivamente en 2026. La decisión afecta a más de 50 trabajadores y es resultado de la caída en el consumo y la eliminación de aranceles a la importación de celulares.
Senadores libertarios votaron un articulo criminal, para que las licencias por enfermedad o accidentes no laborales, los trabajadores cobren el 50% o el 75% del salario.
La importación indiscriminada adoptada por Javier Milei puso Fate entre las cuerdas, la marca argentina de la familia Madanes Quintanilla tiene 80 años de vida. Es la primera compañía grande que abandona su actividad en los últimos años.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, suscitó una ola de críticas y tensiones internas en el oficialismo tras firmar un contrato de alquiler por 720 millones de pesos para oficinas y cocheras ubicadas en pleno centro de Ciudad de Buenos Aires, a contramano de la política estrella del Gobierno de buscar reducir costos locativos con el programa “Alquiler Cero”.
Mientras la provincia se hunde en un déficit millonario y el empleo privado cae, la Jefatura de Gabinete sostiene casi 400 cargos políticos y administra un presupuesto publicitario multimillonario sin señales de austeridad. En tiempos de crisis, el ajuste parece no rozar al poder.
Para mantener el despliegue demagógico de cargos políticos y ñoquis en todas las áreas del gobierno provincial, Melella se vio obligado a pedir un segundo anticipo en lo que va del año dispuesto por la gestión de Javier Milei, que ya en enero había otorgado un salvataje similar para garantizar el pago de salarios y obligaciones corrientes.
El Parlamento peruano decidió en un pleno extraordinario que Jerí deje el cargo en medio de una invetigación en curso y varios cuestionamientos en su contra
Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, el entramado productivo argentino perdió casi 22 mil empresas y más de 290 mil puestos de trabajo, con un impacto particularmente severo en la construcción y en las firmas más jóvenes, según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
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