La provincia de Santa Cruz atraviesa una crisis financiera que obligó al Gobierno de Claudio Vidal a pagar los sueldos estatales de manera desdoblada, mientras que el municipio de Río Gallegos declaró la emergencia administrativa y económica hasta 2026 para equilibrar sus cuentas.
Actualidad17/11/2025
Polo Sur
El Ministerio de Economía provincial precisó a través de un comunicado que los haberes de los trabajadores estatales se abonarían en dos tramos y que los pagos finalizarían esta semana, en una medida que implicó un retraso considerable respecto de las fechas habituales y generó malestar entre los empleados públicos.
Desde el Ejecutivo provincial reconocieron que los recursos disponibles “no alcanzan para cubrir en tiempo y forma las obligaciones salariales”, debido a la caída de las transferencias automáticas de Nación y a una merma de casi el 30% en las regalías petroleras entre enero y septiembre.
En paralelo, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, firmó el Decreto N° 6861 que declara la emergencia administrativa y económica del distrito hasta el 31 de diciembre de 2026.
La disposición congela la planta de personal, suspende nuevos ingresos y ordena una revisión integral de la estructura municipal para reducir gastos y mantener el equilibrio financiero.
Según el texto oficial, los ingresos nacionales y provinciales del municipio cayeron 10,4% en términos reales respecto de 2023, mientras la inflación ronda el 25% y los acuerdos salariales alcanzan el 29,4%, lo que presiona sobre las cuentas públicas.
Con el pago escalonado de sueldos en la administración provincial y las medidas de ajuste en la capital, Santa Cruz enfrenta uno de los cuadros fiscales más delicados de los últimos años, en medio de un escenario de alta inflación y retracción de la actividad hidrocarburífera.
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Impulsada por Gustavo Melella, la llamada “ley de soberanía energética” nació viciada: se aprobó con cifras falsas, sin informes técnicos, sin plan de inversiones y con una empresa estatal sin capacidad demostrada para asumir el desafío. Lejos de resolver problemas, el gobernador forzó una votación basada en el miedo y el relato, dejando a la provincia al borde de un nuevo fracaso anunciado.
El Chiqui acusó al ministro y al empresario Tofoni por las investigaciones sobre la AFA.
Las intervenciones se concentraron en las intersecciones de las calles Beauvoir y Ricardo Rojas; avenida 9 de Julio y Alberdi; Moyano, entre avenida 9 de Julio y Espora; y Chubut, entre Viedma y Resistencia.
Un informe de la UADE trazó una comparación con el turismo internacional, que se volvió más accesible en comparación con el doméstico en los últimos dos años.
Otro año termina y las promesas vuelven a quedar en palabras. Puertos que no existen, industrias que no llegaron, energía que no se ordenó y salarios que nunca encontraron solución. La gestión de Gustavo Melella cerró un nuevo ciclo con anuncios reciclados, resultados nulos y una credibilidad cada vez más erosionada. Cuando gobernar se reduce a prometer, el fracaso deja de ser coyuntural y se convierte en método.
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