Polo Sur
El reciente diálogo del presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luis Iglesias, con FM Radio del Pueblo, expuso con crudeza la difícil situación que atraviesa el sector privado fueguino. En su análisis, Iglesias describió una realidad marcada por el endeudamiento, la pérdida de rentabilidad y el deterioro del tejido social. Sin embargo, en medio de un diagnóstico tan severo, sorprendió la falta de un pronunciamiento claro respecto del decreto 333/25, una medida impulsada por el gobierno nacional que amenaza directamente la base económica e industrial de la provincia.
El decreto, firmado por la administración central y acompañado políticamente por el oficialismo provincial —representado, entre otros, por la legisladora Natalia Gracianía—, reduce a cero los aranceles de importación de productos electrónicos a partir de enero de 2026. En los hechos, esta decisión golpea de lleno al régimen de promoción industrial fueguino, especialmente en Río Grande, donde se concentran las plantas fabriles y el empleo manufacturero que sostiene a miles de familias.
Una advertencia que se queda a mitad de camino
Iglesias fue contundente al señalar que “los funcionarios no funcionan” y que “los tiempos de la política no son los de la gente común”, reflejando la desesperación de un sector comercial que ve cómo se multiplican las moras, los cierres de negocios y las deudas imposibles de afrontar. También reclamó una moratoria provincial y nacional para evitar un colapso financiero inminente.
Pero el reclamo, aunque legítimo, omitió lo esencial: el origen estructural de la crisis actual no solo está en las tasas de interés o en la falta de crédito, sino en una política económica nacional que desarma el modelo productivo fueguino, eliminando el diferencial arancelario que protegía la producción local frente a las importaciones asiáticas.
En ese sentido, mientras el dirigente comercial denuncia la falta de empatía estatal y la desconexión de los funcionarios con la realidad de la calle, el silencio institucional de la Cámara frente al decreto 333/25 deja en evidencia una contradicción: no se puede pedir auxilio financiero sin cuestionar las medidas que destruyen la fuente de ese mismo empleo y actividad económica.
Río Grande: el epicentro del impacto
Las palabras de Iglesias respecto a la caída del empleo fabril y al cierre de líneas de producción confirman que el golpe ya comenzó a sentirse en la industria. Las fábricas que planean cesar operaciones o reducir turnos lo hacen ante un escenario de incertidumbre total. La eliminación de aranceles deja a los ensambladores locales sin competitividad frente a productos terminados importados, lo que significa menos producción, menos trabajo y menos consumo.
Sin embargo, en vez de elevar la voz institucionalmente para exigir la derogación del decreto, la Cámara optó por una postura más técnica, centrada en la necesidad de moratorias y acompañamiento financiero. Es un enfoque comprensible en lo coyuntural, pero insuficiente frente a un cambio estructural que puede borrar de un plumazo décadas de desarrollo industrial en la provincia.
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El reconocido militante ambientalista; pero además Doctor en Biología, licenciado en Filisofía, investigador del CONICET y docente en la UBA; tuvo una mirada crítica hacia el intento de reformar la Ley 1355 en nuestra provincia. Dijo, entre otras cuestiones, que “son proyectos que no tienen ningún tipo de justificación, salvo de grandes negociados, intentos desesperados de un sector político que ven eso, una entrada de dinero rápida y bajo ningún punto de vista, una proyección a cinco o diez años”. Además, señaló que “acá no se trata de la dicotomía conservar versus producir, sino que lo que estamos hablando son de las formas de producir”. ESCUCHÁ EL AUDIO COMPLETO DE LA NOTA
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La curva negativa con proyección ascendente de la percepción pública sobre la gestión de Gustavo Melella no es un fenómeno repentino ni producto del clima de coyuntura político nacional. Es, más bien, la consecuencia directa de una acumulación de errores, omisiones y promesas incumplidas que han erosionado cada vez más la confianza de los fueguinos sobre la propia figura del gobernador.
Mientras el Gobierno provincial da de baja pensiones del RUPE a personas con discapacidad, avanza con contratos por casi $500 millones para alquilar cuatro vehículos oficiales, profundizando un ajuste que golpea a los sectores más vulnerables.
Frente a las graves sospechas de coimas y la incautación de USD 700.000 que pesan sobre Ornella Calvete, su aval al Proceso Productivo de Celulares —rechazado por la UOM y el secretario General de ASIMRA por amenazar miles de empleos— carece de toda legitimidad. Exigir la anulación inmediata de todas las resoluciones de la exfuncionaria en la Comisión del Área Aduanera Especial, bajo la presunción de que sus decisiones fueron tomadas con fines corruptos y en detrimento de la producción nacional y la estabilidad laboral fueguina deben ser un imperativo de todos los fueguinos.
El reconocido militante ambientalista; pero además Doctor en Biología, licenciado en Filisofía, investigador del CONICET y docente en la UBA; tuvo una mirada crítica hacia el intento de reformar la Ley 1355 en nuestra provincia. Dijo, entre otras cuestiones, que “son proyectos que no tienen ningún tipo de justificación, salvo de grandes negociados, intentos desesperados de un sector político que ven eso, una entrada de dinero rápida y bajo ningún punto de vista, una proyección a cinco o diez años”. Además, señaló que “acá no se trata de la dicotomía conservar versus producir, sino que lo que estamos hablando son de las formas de producir”. ESCUCHÁ EL AUDIO COMPLETO DE LA NOTA
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