PoloSur
El juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, tomó la decisión de no incorporar a Lázaro Báez y a su pareja, Claudia Insaurralde, al régimen penitenciario destinado a personas privadas de la libertad de alto riesgo. Esta medida había sido solicitada por el fiscal federal de la Unidad Fiscal Río Gallegos (UFI), Julio Zárate, quien lidera la investigación sobre la supuesta participación de ambos en una red de narcotráfico y lavado de activos.
El rechazo a la inclusión en el régimen de alto riesgo significa que, por el momento, Báez e Insaurralde no formarán parte del Sistema Integral de Gestión de Alto Riesgo, el cual está diseñado para aquellos reclusos que tienen supuestos vínculos con organizaciones criminales complejas. La defensa de Báez había argumentado en contra de su posible integración a este sistema, calificando la solicitud como excesiva y desproporcionada. Asimismo, los abogados de Insaurralde también se opusieron, planteando consideraciones sobre arraigo, salud y situación familiar.
Con esta decisión, se ratifica la prisión preventiva de ambos durante 180 días, con la prohibición de mantener reuniones, recibir visitas o comunicarse, ya sea de manera directa o a través de terceros, con otras personas relacionadas con las maniobras que están siendo investigadas. Además de Báez e Insaurralde, otras personas involucradas en el caso, como Cristian Sebastián Ibáñez, Fausto Ignacio Devetac, Jorge Manuel Ulloa, Jorge Elías Agustín Agüero y Oscar Raúl Núñez, también se encuentran bajo prisión preventiva por el mismo plazo y con restricciones similares.
Por otro lado, Valentina Micaela Devetac, Paula Beatriz Godfrid, Mauro Gastón Trevisan Godfrid y Diego Ernesto Navarro deberán cumplir con reglas de conducta, que incluyen presentarse periódicamente ante la Justicia, no salir del país y evitar cualquier tipo de comunicación con los demás involucrados en el caso. Lázaro Báez está imputado como presunto líder de una estructura que habría continuado administrando, desde la cárcel, bienes y fondos que han sido objeto de embargos, decomisos u otras restricciones judiciales.
La investigación busca determinar si Báez impartía instrucciones sobre propiedades, alquileres, estancias y otros activos para mantenerlos operativos y canalizar sus ingresos. En este contexto, Claudia Insaurralde es mencionada como una de las personas que habría ejecutado las directrices de Báez, participando en la administración de propiedades, rentas y movimientos económicos. La causa ha sido declarada compleja, lo que implica un mayor nivel de atención y recursos en su desarrollo.
En el marco del sistema acusatorio vigente en Río Gallegos, el juez determinó que la investigación penal preparatoria podrá extenderse hasta un máximo de dos años a partir de la formalización, debido a la complejidad del caso. Esta decisión se fundamenta en que la investigación se encuentra en su fase inicial y aún hay medidas de prueba pendientes, cuya cantidad y duración no pueden ser precisadas en este momento.
Además, el juez prorrogó las órdenes de allanamiento en los establecimientos rurales involucrados en la causa, lo que incluye un total de 27 procedimientos realizados en las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires. Esta prórroga fue habilitada con el fin de completar el relevamiento, conteo e identificación de las cabezas de ganado que se encuentran en los predios.
La resolución también contempla la solicitud de información societaria a diversos organismos y registros públicos. Por otro lado, la fiscalía tiene un plazo de 30 días para presentar un inventario detallado de los bienes y elementos que fueron incautados durante los operativos.
Es importante señalar que el plazo de dos años no se establece de manera definitiva. El magistrado advirtió a las defensas que tienen la posibilidad de solicitar una revisión si consideran que existe una inactividad injustificada por parte del Ministerio Público Fiscal.
La Justicia ha ordenado que se remitan copias de esta resolución a los Tribunales Orales en lo Criminal Federal N.º 2, N.º 4 y N.º 5 de la Capital Federal, donde se tramitan otros expedientes relacionados con Lázaro Báez, en las causas conocidas como Ruta del Dinero K, Vialidad y Los Sauces-Hotesur. Esta medida tiene como objetivo informar sobre las cautelares patrimoniales y las medidas de coerción personal que se han dispuesto, facilitando así la coordinación entre los distintos órganos judiciales.
En otros temas relacionados, la Justicia ha decidido despojar a Lázaro Báez de su empresa agropecuaria, Austral Agro S.A., la cual será liquidada para cubrir la multa impuesta en la causa de la “Ruta del Dinero K”. Esta empresa había sido objeto de investigación por parte de un fiscal en Río Gallegos, debido a la sospecha de que el empresario continuaba explotando sus estancias a pesar de los decomisos y embargos judiciales. En virtud de esta condena, se establece que debe restituir más de 329 millones de dólares al patrimonio público.
Por otro lado, la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social ha declarado inconstitucional el aumento a jubilados que se implementó durante el gobierno de Alberto Fernández, ordenando que se recalculen los haberes. Esta resolución se produce en el contexto de una demanda interpuesta contra ANSES, donde se determinó que el mecanismo establecido por la Ley 27.609 provocó una pérdida adquisitiva del 46,83%.
El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será el encargado de recibir la 62ª reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP). Este evento se llevará a cabo en la capital argentina y tiene como objetivo definir el futuro institucional de una red que abarca 175 países. Durante la reunión, el fiscal general Juan López Zavaleta liderará encuentros bilaterales con altos funcionarios de Azerbaiyán, Armenia y Dubái.
En el ámbito judicial, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal ha rechazado los recursos presentados por Máximo y Florencia Kirchner, hijos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un intento por frenar la ejecución del decomiso de bienes. Las presentaciones de los Kirchner y de las sociedades Hotesur y Los Sauces fueron declaradas inadmisibles. Los solicitantes buscaban llevar la discusión sobre la suspensión del trámite y la intervención de las empresas cuyos bienes fueron embargados ante la Corte Suprema.
En relación con Lázaro Báez, conocido como "El Tío", se ha abierto una investigación que vincula sus negocios con el narcotráfico. Una pesquisa por tráfico de cocaína en la provincia de Santa Cruz ha permitido establecer conexiones con el patrimonio de Báez, así como la existencia de una presunta financiera en El Calafate. Además, se han detectado movimientos de hasta 50.000 dólares semanales. Claudia Insaurralde, pareja de Báez, ha sido detenida en el marco de esta investigación.
Fuente original: Infobae Judiciales.
