PoloSur
La controversia se originó cuando una antena de telefonía celular de 48 metros fue instalada a escasos 25 metros de la vivienda de una pareja en Temperley. Los vecinos comenzaron a expresar su preocupación por los ruidos y los riesgos potenciales que la estructura representaba para su salud y bienestar. Este conflicto se prolongó durante casi tres décadas, culminando en una decisión del Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 11 de Lomas de Zamora, que dictó una sentencia condenatoria contra las dos empresas involucradas, ordenando el pago de $16.500.000, más intereses.
La torre fue erigida en 1996 e incluía no solo antenas de telefonía móvil, sino también una sala de radiocomunicaciones, un grupo electrógeno y un sistema de pararrayos. Desde su instalación, los propietarios de la vivienda cercana comenzaron a reportar una serie de problemas vinculados al funcionamiento de la torre. Entre las quejas más frecuentes se encontraban los ruidos y vibraciones generados por los equipos, fallas en las luces de señalización en la parte superior de la estructura, el temor a posibles desprendimientos debido a la altura y cercanía de la torre, así como emisiones de humo relacionadas con el funcionamiento del generador.
Uno de los incidentes más significativos ocurrió el 10 de noviembre de 1999, cuando tanto vecinos como bomberos intervinieron tras observar humo en el predio. Las empresas responsables negaron que se hubiera producido un incendio, argumentando que el episodio se debió al contacto de aceite del generador con una superficie caliente. Ante la continua escalada del conflicto, la pareja decidió presentar una demanda judicial en mayo de 2000.
A pesar de que la antena fue clausurada, continuó operando durante varios años. En el momento de su construcción, la instalación contaba con un certificado de localización y planos aprobados por el municipio. Sin embargo, el 15 de enero de 2001 se promulgó una ordenanza que prohibió la instalación de estructuras similares en ciertas áreas residenciales. En septiembre de 2002, la Municipalidad de Lomas de Zamora llevó a cabo inspecciones y ordenó la clausura de la estación, además de emitir una orden para su desmantelamiento.
A pesar de las medidas adoptadas, el expediente judicial demostró que la antena continuó operando durante los años posteriores a su instalación. Fue en junio de 2009 cuando una inspección técnica reveló que el sitio ya no presentaba actividad radioeléctrica y que los sistemas de transmisión habían sido desmantelados.
Durante el proceso judicial, se exploraron los posibles efectos de las radiaciones en la salud de los vecinos. Las mediciones realizadas se encontraban por debajo de los límites máximos establecidos, y la Justicia no halló pruebas suficientes que vincularan las emisiones con las enfermedades físicas que habían sido denunciadas.
La sentencia, emitida el 21 de agosto de 2026, determinó que la cercanía de una torre de tales dimensiones podía ocasionar molestias y riesgos que superaban lo razonablemente tolerable entre vecinos. Aunque se desestimaron los reclamos por incapacidad física permanente, se reconoció el sufrimiento emocional que la situación había causado.
La indemnización se distribuyó de la siguiente manera: se otorgaron $10.000.000 por daño moral al hombre que inició la demanda, mientras que su pareja recibió $5.000.000 por el mismo concepto. Además, se asignaron $1.500.000 para cubrir el tratamiento psicoterapéutico necesario para la atención psicológica del demandante.
El fallo responsabilizó a Telecom Personal S.A. y Telefónica Comunicaciones Personales S.A., empresas sucesoras de la firma vinculada a la instalación de la antena. Por otro lado, se desestimó la demanda contra la Municipalidad de Lomas de Zamora, al considerar que esta había actuado adecuadamente mediante inspecciones y órdenes de clausura tras la aprobación de la normativa restrictiva.
La resolución es de primera instancia. Las empresas deberán abonar los $16,5 millones dentro de los diez días posteriores a que la sentencia adquiera firmeza. Además, al monto se le sumarán intereses del 6% anual desde enero de 2001 hasta la fecha del fallo, y posteriormente, se aplicará la tasa pasiva más alta del Banco Provincia.
Fuente original: TN.
