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La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata dictó una sentencia que obliga a un hombre a pagar una compensación económica de $18.401.185,44 a su exesposa. El tribunal concluyó que la separación matrimonial dejó a la mujer en una situación desventajosa frente a su exmarido, quien continuó gestionando la actividad comercial que había sustentado los ingresos familiares durante muchos años. La decisión revocó un fallo de primera instancia que había desestimado la demanda presentada por la mujer.
Los jueces, por mayoría, consideraron que la mujer logró demostrar un desequilibrio económico que surgió a raíz del divorcio, tras haber estado casada durante más de 25 años. Durante este tiempo, la distribución de roles dentro del matrimonio limitó sus oportunidades de desarrollar una carrera laboral y previsional de manera independiente. La reclamante había iniciado la acción legal tras el divorcio, que fue decretado en noviembre de 2020, solicitando inicialmente una compensación económica de $4.500.000, o la suma que se determinara a partir de las pruebas presentadas.
En su demanda, la mujer argumentó que durante su vida en común había colaborado en los negocios familiares, además de asumir tareas domésticas y el cuidado de las hijas de la pareja, lo que le había impedido aprovechar oportunidades para su propio desarrollo laboral. Al finalizar su relación, indicó que quedó excluida de la actividad comercial que había sido la principal fuente de ingresos de la familia, y que no contaba con un empleo estable ni con suficientes aportes previsionales, mientras su exesposo continuó operando el negocio.
Por su parte, el demandado solicitó el rechazo de la demanda, argumentando que la actividad comercial había comenzado antes de su matrimonio y que la participación de su exesposa había sido esporádica. Además, sostuvo que ella continuaba residiendo en la vivienda familiar, generando ingresos a través de actividades propias y alquileres, y que había recibido bienes tras la división del patrimonio acumulado durante su unión. La jueza de primera instancia desestimó la acción el 10 de noviembre de 2025, al considerar que no se había probado el requisito esencial de un desequilibrio económico evidente que hubiera perjudicado a uno de los cónyuges como resultado del matrimonio y su posterior disolución.
Para fundamentar su decisión, la magistrada consideró que la demandante no poseía bienes registrables al inicio de la relación y que, tras el divorcio, recibió inmuebles en la liquidación del régimen patrimonial. Además, tuvo en cuenta que contaba con ingresos por alquileres y había desarrollado actividades económicas, lo que llevó a entender que su situación patrimonial había mejorado en comparación con el comienzo del matrimonio.
La mujer apeló y cuestionó este criterio, argumentando que el análisis no debía enfocarse en los bienes obtenidos años después de la separación ni en el resultado de la liquidación patrimonial, sino en las condiciones en las que quedó cada integrante de la pareja al momento del quiebre de la convivencia.
La Sala III de la Cámara de Apelaciones coincidió con este planteo. Los jueces señalaron que la compensación económica no tiene como objetivo dividir nuevamente los bienes ni igualar los patrimonios de los ex cónyuges. Su finalidad es corregir una desventaja económica relevante generada por el fin de la vida en común, especialmente cuando uno de los integrantes dejó de lado su inserción laboral o su desarrollo profesional para sostener el proyecto familiar.
El tribunal sostuvo que la comparación debía realizarse en dos planos. Por un lado, debía analizarse la situación de cada integrante de la pareja frente al otro después de la separación. Por otro, debía revisarse la evolución económica antes, durante y después de la convivencia, con una proyección razonable hacia el futuro.
En este contexto, la Cámara consideró probado que la mujer participó durante gran parte del matrimonio en la organización económica familiar, vinculada a la actividad comercial, mientras también asumió tareas de cuidado y domésticas. Tras la ruptura, el hombre continuó de manera exclusiva con el comercio, mientras que ella tuvo que buscar fuentes de ingreso de menor escala.
Los jueces también evaluaron un antecedente entre las mismas partes relacionado con la liquidación del régimen patrimonial matrimonial. En ese expediente, la Cámara había determinado que el fondo de comercio era un bien propio del demandado, ya que su funcionamiento se había iniciado antes de la comunidad de bienes.
La decisión del tribunal había impedido que la mujer pudiera acceder a una participación en el negocio o a un derecho de compensación por su explotación. Sin embargo, el tribunal aclaró que esa determinación no limitaba el análisis de las consecuencias económicas que tuvo para ella el haber colaborado en una actividad que, tras la separación, continuó exclusivamente bajo la gestión de su exesposo.
La mayoría de los jueces consideró que el desequilibrio no se originaba en la titularidad del comercio, sino en los efectos concretos de la ruptura. Entre los factores que se mencionaron se incluyeron la pérdida de oportunidades laborales y previsionales, la salida de la principal actividad económica de la familia y la continuidad de esa fuente de ingresos en manos del demandado.
Para determinar el monto de la compensación, la Cámara utilizó como referencia la oportunidad previsional que la mujer habría perdido al dejar una actividad laboral al inicio del matrimonio. El tribunal subrayó que la compensación no debía convertirse en un pago de aportes no realizados ni en el equivalente total de una futura jubilación, pero consideró que esa expectativa podía servir como parámetro para evaluar el alcance de la desventaja.
La sentencia calculó un haber jubilatorio docente hipotético basándose en valores salariales proyectados para enero de 2026 y aplicó un corrector del 8%. De este cálculo resultó la suma de $18.401.185,44, que deberá ser abonada dentro de los 10 días siguientes a que el fallo quede firme.
Uno de los magistrados propuso una fórmula alternativa para calcular la compensación y estimó un monto superior, de $23.512.351,58. Sin embargo, prevaleció el criterio del voto principal, al que se adhirió un segundo integrante de la Cámara, por lo que se fijó la cifra de $18,4 millones.
La Cámara también desestimó la apelación del demandado respecto a las costas. Dado que la sentencia de primera instancia fue revocada y la demanda tuvo éxito, los gastos del proceso inicial y de la apelación quedaron a cargo del hombre. La regulación de honorarios se diferirá para una etapa posterior.
Un tribunal aceptó la demanda presentada por un hombre que había obtenido un ticket por casi $23 millones en una máquina tragamonedas de un bingo. El establecimiento argumentó que el comprobante era inválido y que el jugador había manipulado un pulsador. Sin embargo, el fallo del tribunal ordenó el pago del monto reclamado, además de una indemnización por daño moral y daño punitivo, y dispuso que se levantara la restricción que le impedía ingresar a la sala de juegos.
En otro caso, la Cámara Comercial condenó a los responsables de la revisión y habilitación del sistema de GNC de un vehículo, tras determinar que las pruebas presentadas no podían descartar su responsabilidad en la falla que ocasionó la explosión del auto. La víctima, quien sufrió múltiples quemaduras, falleció posteriormente durante el proceso judicial. Como resultado, el tribunal ordenó una indemnización de $30 millones.
En un caso relacionado con el contrabando, un individuo que había sido condenado por enviar dos toneladas de cocaína líquida en transformadores de electricidad fue finalmente absuelto. Aunque inicialmente se revirtió un fallo de primera instancia que lo había condenado, la demora en la emisión de una sentencia firme resultó en su absolución definitiva por no haber sido juzgado en “un plazo razonable”.
En el marco del caso Adorni, el fiscal Gerardo Pollicita propuso que se inicie una investigación en el fuero Penal Económico sobre los empresarios y la escribana involucrados en los negocios del ex jefe de Gabinete, debido a la supuesta ocultación maliciosa de gastos frente al fisco.
Por último, se revocó un fallo que había condenado a una municipalidad por la caída de una joven en la vereda. La demandante había conseguido una sentencia favorable en primera instancia, que le otorgó una indemnización por las lesiones físicas, los gastos médicos y el daño moral. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones consideró que las pruebas presentadas no eran suficientes para demostrar que el desperfecto en la vereda había causado el accidente.
Fuente original: Infobae Judiciales.
