SE REALIZÓ LA APERTURA DEL PARLAMENTO JUVENIL DEL MERCOSUR 2025, UN ESPACIO DE DEBATE Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Un informe advierte que la estabilización macro no logra reactivar la economía real. La industria sigue en recesión, las ventas se desploman y la obra pública está virtualmente paralizada. El ajuste del Estado explica casi todo el superávit.

Con una resolución firmada por el nuevo ministro de Economía, el gobierno de Gustavo Melella vuelve a meter mano en la coparticipación y reduce los recursos que reciben los municipios. Bajo un argumento legal cuestionado y sin debate legislativo, la Provincia traslada el ajuste a las ciudades, debilitando su autonomía y obligándolas a absorber el costo de una crisis que no generaron.

La unidad duró lo que tardó el ajuste en llegar a las cajas municipales. Mientras antes se llamaba a “estar todos juntos”, una resolución del gobernador Gustavo Melella que recortó recursos a los municipios desató el rechazo inmediato del intendente Walter Vuoto. Del discurso de unidad al conflicto abierto, quedó en evidencia que el acuerdo político era frágil y sostenido solo mientras los intereses económicos estuvieron alineados.

Con el Puerto ya intervenido y los recursos en manos de la Nación, el Gobierno provincial recién acudió a la Justicia para reclamar lo que dejó avanzar durante meses. La reacción tardía de Gustavo Melella expone falta de anticipación política y convierte la defensa de la autonomía en un gesto ex post, cuando el daño institucional, económico y soberano ya estaba consumado.

Mientras el Gobierno libertario avanza con un modelo que destruye empleo, cierra PyMEs y hunde el consumo, la Cámara de Comercio fueguina eligió escuchar sin cuestionar a quienes impulsan la apertura indiscriminada de importaciones, el vaciamiento del FAMP y la eliminación de aranceles que golpean a la producción local. En nombre de una supuesta “modernización”, el sector que debería defender el trabajo y la industria parece acompañar, en silencio, las políticas que los están llevando al abismo.

Con un esquema de retenciones más alto que el de otras provincias, sin incentivos fiscales, sin previsibilidad y con un gobierno provincial aislado de las decisiones nacionales, Tierra del Fuego queda fuera del radar inversor. En este contexto de desventaja estructural, ninguna empresa razonable apostará capital en Terra Ignis, mientras Neuquén, Santa Cruz y Chubut exportan con beneficios y reglas más competitivas.

Mientras la provincia enfrenta una crisis social profunda y servicios públicos al borde del colapso, el gobernador Gustavo Melella destinó una partida de 60.000 dólares, $87millones de pesos al cambio oficial para financiar la demanda judicial contra la Nación. El desembolso, que ya se encuentra bajo la lupa por su alto costo en moneda extranjera, busca una declaración de inconstitucionalidad que no garantiza resultados inmediatos sobre el control operativo de la terminal portuaria, podrían utilizar los abogados del estado provincial, pero sigue el derroche de recursos que hoy pagan los fueguinos por la falta de accion del gobierno provincial

Sin cautelar, sin urgencia reconocida y con serias observaciones del juez, la estrategia judicial del gobernador Gustavo Melella terminó en un fracaso costoso: más de 87 millones de pesos en asesoramiento legal externo tirados a la basura, mientras el Puerto sigue intervenido y la provincia atraviesa una crisis social y financiera sin precedentes. Un nuevo episodio de improvisación y despilfarro que deja expuesta la gestión de un gobierno sin rumbo.