Un informe de Ruido, basado en datos oficiales de la Biblioteca de Anuncios de Meta y ajustado a precios constantes de noviembre de 2025, revela que Tierra del Fuego se ubica entre las provincias con mayor gasto en publicidad en Facebook e Instagram en términos per cápita.
Entre septiembre de 2019 y octubre de 2025, la provincia destinó $137,8 millones a publicidad en redes sociales. Si se divide ese monto por su población (Censo 2022: 190.641 habitantes), el resultado es contundente: $742 por habitante, una cifra que la coloca en el segundo lugar del ranking nacional, solo detrás de Córdoba.
El promedio nacional fue de $184 por persona. Es decir, Tierra del Fuego cuadruplica el promedio del país en gasto digital por habitante.
2025: año electoral y aumento del gasto
Solo en 2025, el gasto representó aproximadamente $121 por persona, y durante el trimestre de campaña (agosto-octubre) el desembolso provincial alcanzó cerca de $49 por habitante.
En un distrito pequeño, cualquier inversión adquiere mayor peso relativo. Pero el dato adquiere otra dimensión cuando se contrasta con el contexto social y fiscal actual.
Prioridades en discusión
El elevado gasto en redes sociales convive con una serie de conflictos estructurales que atraviesa la provincia:
Policías retirados reclaman el pago de haberes adeudados desde hace 8 meses.
OSEF enfrenta una situación financiera crítica, con demoras en pagos a prestadores y restricciones en la cobertura.
Hospitales públicos registran problemas de insumos, turnos y funcionamiento.
Se destinaron honorarios significativos a estudios jurídicos externos para defender la intervención del puerto, una estrategia que terminó con resultados adversos.
La provincia continúa atravesando una crisis energética estructural, con problemas de abastecimiento y falta de inversiones de fondo.
En este marco, el debate no gira solo en torno al monto total gastado, sino a la oportunidad política y la asignación de prioridades presupuestarias.
Comunicación versus gestión
El gasto en publicidad institucional no es ilegal ni excepcional: todos los gobiernos comunican. Sin embargo, cuando el gasto por habitante supera ampliamente la media nacional y coincide con demandas sociales insatisfechas, la discusión se vuelve inevitable.
En una provincia con menos de 200 mil habitantes, cada peso invertido tiene mayor impacto proporcional. La pregunta que se instala es si el esfuerzo presupuestario estuvo orientado a fortalecer políticas públicas estructurales o a sostener una desesperada presencia digital de una gestión fracasada en la realidad.
Mientras Tierra del Fuego figura entre las que más invierten por persona en redes sociales, amplios sectores de la sociedad reclaman soluciones concretas en seguridad, salud, energía y previsión social.
El debate ya no es comunicacional. Es político y presupuestario.
Apenas asumió la gobernación de Tierra del Fuego, Gustavo Melella dio de baja un acuerdo de 16 años para contratar a la aseguradora del amigo de Alberto Fernández, se trata de Héctor Martínez Sosa hoy procesado y embargado.
Acusado de haberse beneficiado con contratos irregulares con organismos públicos, Melella en la mira de la justicia federal
La falta de estrategia, el manejo político improvisado y errores procesales evidentes terminaron exponiendo a la provincia a un revés judicial que pudo evitarse. Lo que debía ser una defensa firme de los intereses fueguinos derivó en un litigio mal conducido, con consecuencias institucionales, económicas y políticas que ahora paga toda la sociedad.
El banco público provincial, que debería ser una herramienta de desarrollo e inclusión financiera, parece haber invertido su lógica: miles de trabajadores fueguinos cobran allí sus haberes de manera prácticamente obligada, pero acceden a créditos más caros y menos competitivos que los ofrecidos por entidades nacionales. Lejos de democratizar el acceso al financiamiento, el sistema termina consolidando clientes cautivos con beneficios limitados, alimentando una paradoja incómoda: una banca pública que, en lugar de proteger a sus propios usuarios, reproduce condiciones que dificultan su bienestar económico.
La Policía le secuestró 695.457 dólares, casi 20 millones de pesos y 1.960 euros cuando allanó su departamento. Habría tenido un rol clave en el desfalco de la Agencia y además presidia la Comisión del Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego donde también se presume que hubo desvío de fondos y sus decisiones fueron tomadas con fines corruptos y en detrimento de la producción nacional y la estabilidad laboral fueguina.
En un contexto de fuertes aumentos de precios y caída del consumo interno, el acuerdo bilateral con el gobierno de Donald Trump genera expectativas en el sector exportador y cuestionamientos por su impacto muy negativo en el mercado doméstico.
La Policía le secuestró 695.457 dólares, casi 20 millones de pesos y 1.960 euros cuando allanó su departamento. Habría tenido un rol clave en el desfalco de la Agencia y además presidia la Comisión del Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego donde también se presume que hubo desvío de fondos y sus decisiones fueron tomadas con fines corruptos y en detrimento de la producción nacional y la estabilidad laboral fueguina.
El banco público provincial, que debería ser una herramienta de desarrollo e inclusión financiera, parece haber invertido su lógica: miles de trabajadores fueguinos cobran allí sus haberes de manera prácticamente obligada, pero acceden a créditos más caros y menos competitivos que los ofrecidos por entidades nacionales. Lejos de democratizar el acceso al financiamiento, el sistema termina consolidando clientes cautivos con beneficios limitados, alimentando una paradoja incómoda: una banca pública que, en lugar de proteger a sus propios usuarios, reproduce condiciones que dificultan su bienestar económico.
La falta de estrategia, el manejo político improvisado y errores procesales evidentes terminaron exponiendo a la provincia a un revés judicial que pudo evitarse. Lo que debía ser una defensa firme de los intereses fueguinos derivó en un litigio mal conducido, con consecuencias institucionales, económicas y políticas que ahora paga toda la sociedad.
