

El Banco Central y el FGS tienen en su poder prácticamente la mitad de la voluminosa deuda que emitió en pesos la administración de Javier Milei para cubrir el déficit financiero y mantener funcionando la bicicleta financiera o carry trade y que ahora el Gobierno quiere reestructurar, según versiones de voceros paraoficiales, con la intención de reiniciar un nuevo proceso de endeudamiento.
En conjunto, el BCRA y el FGS tienen el 49% del total de los bonos por 229 mil billones de pesos que están en circulación, según las estimaciones “basadas en múltiples fuentes oficiales y estimaciones propias” que hizo la consultora 1816. El 51% restante se lo distribuyen 26% los bancos públicos y privados y 25% Fondos Comunes de Inversión (FCI), compañías de seguro y fundamentalmente el manejo de la liquidez de las empresas y ahorristas.
La estrategia de utilizar al Banco Central y el FGS para financiar las necesidades del Tesoro fue recurrente sin distinción de administración, solo que la gestión de Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, siempre renegó y adjudicó a esta práctica el origen de la inflación en la economía argentina.
El BCRA tiene prohibido participar en las licitaciones primarias del Tesoro, por lo que su rol es sostener el valor de la deuda en el mercado secundario, lo que ejecuta haciendo compras, muchas veces al propio FGS, para que este pueda ingresar con los fondos en una nueva licitación. También por esta vía otorga liquidez a bancos oficiales que venden los títulos al BCRA en el mercado secundario y van con los pesos a comprar deuda en la emisión primaria. Es decir, con un mismo peso, se compran dos títulos: uno en efectivo en las licitaciones del Tesoro y otro vía canje con la tenencia que acumula el BCRA.






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Un contundente informe de la Fiscalía de Estado detalla una serie de incumplimientos y acciones irregulares por parte de la empresa estatal Terra Ignis Energía S.A. El dictamen, que desnuda un preocupante patrón de falta de transparencia, advierte que las maniobras de la compañía ponen en riesgo el patrimonio público y abren la puerta a la "captura de intereses particulares".

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