Milei logró aprobar la precarización laboral en el Senado, ahora queda el turno en diputados

En una sesión maratónica, el oficialismo consiguió los votos necesarios para aprobar el proyecto en general. La votación cerró con 42 avales y 30 rechazos. No obstante, debió aceptar nuevos cambios del texto, de último momento y apremiado por la obligación de contar con el apoyo para evitar un revés político. Una de las modificaciones es que el aporte compulsivo a gremios y cámaras empresariales se mantendrá, ahora sin límite de tiempo.

Los tres senadores por Córdoba avalaron en general la iniciativa. La marcha convocada por gremios y organizaciones sociales frente al Congreso concluyó con incidentes, heridos y detenidos El Gobierno nacional logró finalmente avanzar con la reforma laboral tras imponerse en la votación en general en un maratónico debate en el Senado. El resultado final fue 42 apoyos frente a 30 rechazos. No hubo abstenciones.

La media sanción se consiguió luego de múltiples cambios al texto original, incluso al que ingresó a la Cámara Alta este mediodía para su discusión.

Las modificaciones se concretaron incluso a pocas horas de la votación, ante la urgencia de contar con los votos necesarios para sancionar una norma considerada clave para el Gobierno. Los cambios que en muchos casos desvirtuaron el espíritu del texto enviado por el Ejecutivo, se produjeron ante la chance de un revés político que hubiera tenido consecuencias imprevisibles en lo político pero también en la reacción de los mercados.

En ese contexto y pese a los cambios que anunció la titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, el martes pasado, no fueron suficientes para asegurar los votos para la norma y obligaron al oficialismo a sumar más concesiones en pleno debate.

Aunque Bullrich había anunciado 28 modificaciones al texto para llegar al recinto con un acuerdo consolidado, en los pasillos y despachos del Senado siguieron las negociaciones a lo largo de toda la jornada. Como resultado, los gremios se llevaron otro gesto: la permanencia de la cuota solidaria que se le descuenta a los trabajadores de manera compulsiva. En la última redacción, se fijaba un plazo de vigencia de dos años, que ahora será eliminado.

La cuota solidaria, una de las principales “cajas” sindicales, mantendrá de todos modos el tope de dos por ciento de la remuneración. Lo mismo sucederá con los aportes a las cámaras empresariales, que tampoco caerán en dos años, pero tendrán un techo de 0,5%. Ganancia para gremios y empresas que presionaron hasta último momento.

La líder de la bancada libertaria se cargó al hombro las negociaciones junto con el ministro del Interior, Diego Santilli, quien se instaló en el Congreso. La presencia en el recinto ya entrada la madrugada de la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, fue una clara señal de la importancia que el Gobierno le otorgó a la sanción de la norma.
Respecto a la votación, el dato fue que los tres senadores por Córdoba -Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y la representante de Provincias Unidas, Alejandra Vigo- avalaron en general la iniciativa.

Puntos conflictivos
En el proyecto se mantiene afuera el artículo que autorizaba el pago de sueldos mediante billeteras virtuales, a pesar de que el PRO reclamó su inclusión (ver pág. 5A). Sin embargo, el Gobierno abrirá una puerta: promoverá una circular del Banco Central estableciendo los requisitos que deberán cumplir las billeteras virtuales para demostrar su solvencia y poder hacerlo.

Por otra parte, no habría más retoques en los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) que financiarán las indemnizaciones por despido. Bullrich había informado que las grandes empresas aportarán uno por ciento mensual de la masa salarial, y las mypymes, 2,5% (originalmente, todas las empresas aportaban tres por ciento).

La oposición dura cuestionó que esos aportes se descuenten de la contribución al sistema previsional, que quedará desfinanciado. Pero además, los FAL serán administrados por entidades financieras y pasarán a formar parte del mercado de capitales. Lo que advierten es que se abre la puerta a un nuevo esquema de AFJP.

“Con el FAL pierden los trabajadores, que van a estar más sometidos al despido, porque estará subsidiado; pierden los jubilados, porque la plata de la Anses va a estas administradoras privadas que la van a timbear y no se va a usar para pagar jubilaciones; y ganan las grandes empresas”, alertó el senador y abogado laboralista Mariano Recalde.
El legislador describió: “Una gran empresa que tiene 1.000 trabajadores, aportando uno por ciento, aporta 1.000% por mes. En un mes ya tiene 10 sueldos para despedir a un trabajador con 10 años de antigüedad. ¿Quién se beneficia? Las grandes empresas. ¿Y quiénes son los premiados? Los dueños de las administradoras. Vamos a ver los nombres y apellidos, los vamos a investigar, y cuando volvamos al gobierno los vamos a meter presos. Otra vez lo de
las AFJP, no”.

Principales puntos
El proyecto acordado en el Senado modifica numerosos aspectos del régimen laboral vigente hace décadas, con el supuesto objetivo de generar empleo formal. Entre los principales puntos, reduce el cálculo indemnizatorio, que ya no contemplará ítems como el aguinaldo y las vacaciones.

En cuanto a la negociación colectiva, prevalecerán los convenios por empresa sobre los convenios por actividad o rama. “Un convenio de ámbito menor prevalece, dentro de su ámbito de representación personal y territorial, frente a otro convenio de ámbito mayor, anterior o posterior”, dice el texto.

También se afecta la ultraactividad de los convenios colectivos: una vez que vencen, sólo subsistirán las cláusulas normativas hasta tanto entre en vigencia una nueva convención colectiva o exista un acuerdo de partes que la prorrogue. El resto de las cláusulas (obligacionales) mantendrán su vigencia sólo por acuerdo de partes.

El proyecto además establece “vacaciones más flexibles” (entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, pudiendo acordar fuera de temporada y fraccionar con un mínimo de siete días); y habilita la posibilidad de que empleador y empleado acuerden regímenes voluntarios de banco de horas, de modo de compensar la mayor jornada de algún día con la menor de otro.

Asimismo, se amplía el listado de “servicios esenciales” y de “importancia trascendental”, que en cada caso deberán garantizar una prestación mínima de 75% y 50% cuando haya huelga.

Las fuerzas de seguridad siempre deberán cubrir 100% del servicio, sin excepciones: con ese agregado se busca frenar conflictos policiales como el que atravesó Rosario.

Los sindicatos podrán realizar asambleas “siempre que ello no afecte el normal desarrollo de las actividades de la empresa ni cause perjuicio a terceros”. Además, tendrán que pedir “autorización previa al empleador” para el horario, la duración, y su realización dentro del establecimiento. El trabajador no devengará salarios durante el tiempo que dure la protesta.

El texto luego pasó a debatirse en particular. En tanto, desde el oficialismo esperan que Diputados convierta en ley la norma los últimos días de febrero.