Improvisación judicial: Melella fue a la cancha equivocada

El reciente fallo del Juzgado Federal de Ushuaia, que se declaró incompetente para intervenir en el conflicto entre la Provincia de Tierra del Fuego y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, deja una señal preocupante: más allá del fondo del reclamo, la estrategia procesal provincial evidencia falencias que terminan debilitando su propia posición institucional.

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El magistrado fue claro. Al tratarse de una provincia litigando contra el Estado Nacional en materia federal, la competencia originaria corresponde directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No es una cuestión novedosa ni discutible; está expresamente prevista en la Constitución Nacional. Sin embargo, la provincia impulsó el expediente en una instancia judicial que, jurídicamente, carecía de competencia para resolver el caso.

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Este error no es menor. La consecuencia inmediata es la pérdida de tiempo procesal y la dilación en la resolución del conflicto, mientras la medida nacional cuestionada sigue produciendo efectos. Además, el juez rechazó tratar la cautelar solicitada por la provincia precisamente por esa falta de competencia, dejando sin protección provisoria los intereses que se pretendían resguardar.

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ademas se suma un error que no es menor, ya que el propio secretario legal de la provincia al momento de presentar la denuncia no se encontraba debidamente matriculado en el fuero federal, adicionalmente evitaron convocar el fiscal de estado que es por mandato constitucional el representante legal del gobierno ante litigios de este tipo.

Cuando se trata de recursos estratégicos como el Puerto de Ushuaia —clave para la logística antártica, el comercio marítimo y la proyección geopolítica austral— la defensa institucional exige rigurosidad técnica, previsión jurídica y claridad política. La improvisación o el voluntarismo no solo no fortalecen la posición provincial, sino que la exponen.

Resulta legítimo que Tierra del Fuego defienda su autonomía, sus recursos y su capacidad de decisión. Lo cuestionable es hacerlo sin la solidez jurídica necesaria. Una defensa mal planteada puede terminar siendo funcional a aquello que se busca evitar.

Este episodio debería servir como advertencia. La disputa de competencias entre Nación y provincias es parte estructural del federalismo argentino, pero requiere profesionalismo, planificación y estrategia.