Polo Sur
Lo que comenzó como una simple observación médica terminó convirtiéndose, según el denunciante, en una de las presuntas maniobras de corrupción más graves que podrían haber afectado al PAMI en Tierra del Fuego.
El médico gastroenterólogo Carlos Mariño Camacho rompió el silencio y expuso públicamente la documentación que asegura haber reunido durante más de un año para demostrar que el organismo nacional habría pagado prestaciones médicas que nunca pudieron realizarse en la provincia.
La denuncia no apunta solamente a posibles irregularidades administrativas. Según explicó durante una extensa entrevista en FM Stylo, el mecanismo habría permitido facturar estudios inexistentes utilizando órdenes médicas emitidas en nombre de pacientes jubilados, mientras distintos funcionarios del PAMI habrían sido advertidos reiteradamente sin que, según sostiene, adoptaran medidas para detener la operatoria.
Mariño relató que todo comenzó en febrero de 2025 cuando recibió un llamado telefónico del entonces auditor local del PAMI, Juan Silvente.
La advertencia fue llamativa.
Le pidió que dejara de emitir órdenes de un estudio denominado biofeedback anorrectal porque "eran demasiadas" y ya no serían autorizadas.
La respuesta del médico fue inmediata.
Explicó que jamás podía estar solicitando esos procedimientos porque en Tierra del Fuego no existe el equipamiento necesario para realizarlos.
Ese dato abrió una investigación personal que, según afirma, terminó revelando una cadena mucho más amplia de irregularidades.
Uno de los puntos más delicados de la denuncia es que el propio médico logró obtener documentación oficial donde distintos establecimientos reconocen que esos procedimientos no se realizan.
Entre las pruebas exhibidas aparecen respuestas remitidas a Fiscalización Sanitaria donde directores médicos certifican expresamente que el biofeedback anorrectal no se practica porque no cuentan con el equipamiento requerido.
Sin embargo, pese a esas certificaciones oficiales, Mariño mostró órdenes médicas emitidas incluso meses después de esas respuestas administrativas para exactamente el mismo procedimiento.
Es decir, según sostiene, se seguían generando órdenes para estudios cuya imposibilidad técnica ya había sido oficialmente reconocida.
La investigación avanzó todavía más.
El médico exhibió órdenes médicas correspondientes a mujeres de 72, 74 y 60 años, donde figuraban pedidos de estudios de fertilidad incompatibles con la edad y con el estado clínico de las pacientes.
En uno de los casos mostró la documentación correspondiente a una paciente de 72 años con antecedentes de cáncer ginecológico a quien se le solicitaban estudios destinados a evaluar la posibilidad de embarazo.
En otro ejemplo apareció una paciente de 60 años a quien simultáneamente se le indicaban estudios de fertilidad y la colocación de un DIU para evitar un embarazo.
Para Mariño, esos casos reflejan que muchas órdenes jamás fueron confeccionadas con criterio médico.
Consultado sobre el volumen económico de la maniobra, el profesional aseguró que el monto bajo sospecha superaría ampliamente los mil millones de pesos, aunque aclaró que esa cifra corresponde únicamente a la documentación que logró reunir hasta el momento.
Y advirtió que la investigación recién comienza.
"Esto va mucho más allá de la gastroenterología", sostuvo durante la entrevista.
Según explicó, cada vez que profundizaba la documentación aparecían nuevas prestaciones que también generaban dudas sobre su efectiva realización.
Otro aspecto central del relato es que, según Mariño, las irregularidades fueron denunciadas reiteradamente ante distintos responsables del PAMI.
Aseguró haber mantenido reuniones con el entonces titular provincial Fernando Polizzi, -quien tiene un estrecho vinculo con el actual senador Agustín Coto,- con autoridades médicas y con responsables administrativos.
También afirmó haber presentado denuncias formales, cartas documento, expedientes administrativos e incluso actuaciones ante la Unidad Fiscal de Investigación (UFI PAMI).
Sin embargo, sostiene que nunca recibió respuestas concretas ni conoció los resultados de las auditorías que —según le informaban verbalmente— se estaban realizando.
Incluso relató que durante el proceso se le habría dicho que "no era momento" de avanzar porque se atravesaba un período electoral.
Uno de los elementos que el denunciante considera más contundentes es que, aun después de las inspecciones oficiales y de las respuestas donde se reconocía que determinados estudios no podían realizarse, las órdenes médicas continuaron siendo emitidas.
Durante la entrevista mostró documentación correspondiente a junio y julio de 2026 donde seguían apareciendo solicitudes de biofeedback anorrectal.
Para el médico, ese dato demostraría que la operatoria nunca se interrumpió.
Mariño insistió varias veces en que su presentación nunca persiguió un beneficio económico personal.
De hecho, afirmó que en cada denuncia pidió expresamente que también se auditara toda su actividad profesional.
"Quiero que me revisen absolutamente todo", sostuvo.
Según explicó, su objetivo siempre fue que algún organismo investigara el destino de los fondos públicos destinados a los jubilados.
La exposición pública del médico se produjo pocos días después de que la Cámara de Diputados resolviera crear una subcomisión especial de investigación para analizar las presuntas irregularidades denunciadas en el PAMI de Tierra del Fuego.
El diputado nacional Jorge "Coki" Araujo fue quien impulsó la apertura del expediente parlamentario, mientras desde La Libertad Avanza el diputado Santiago Pauli desestimó inicialmente las acusaciones y cuestionó la forma en que fueron presentadas.
Sin embargo, Mariño respondió mostrando expedientes, cartas documento, respuestas oficiales, órdenes médicas y actuaciones administrativas que —según sostiene— respaldan cada una de sus afirmaciones.
El médico confirmó que continúa reuniendo documentación para presentar una denuncia ante la Justicia Federal.
Mientras tanto, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados comenzará a requerir expedientes, auditorías, registros de facturación y toda la información vinculada a las prestaciones bajo sospecha.
Si las irregularidades denunciadas logran comprobarse, el caso podría convertirse en uno de los mayores escándalos vinculados al manejo de fondos públicos del PAMI en Tierra del Fuego.
Porque, detrás de cada estudio presuntamente inexistente, no sólo aparece una posible maniobra de fraude contra el Estado. También aparece una pregunta mucho más profunda: cuántos recursos destinados a la salud de los jubilados terminaron desviándose mientras miles de afiliados esperaban respuestas que nunca llegaron.
