Se confirmó la entrega del sindicato a la cúpula judicial y renuncian sus autoridades

La dirigencia del Sindicato de Empleados Judiciales de la Provincia (SEJUP) atraviesa su momento más crítico. A tan solo semanas de haber sido cuestionada por su inacción ante un paro convocado por trabajadores judiciales nacionales, la conducción gremial fueguina quedó expuesta por una ola de renuncias en su cúpula que dejó al descubierto el descontento interno, el vaciamiento institucional y una creciente pérdida de representatividad.

El SEJUP de rodillas ante Battaini

La renuncia de María José Pazos, hasta ahora secretaria gremial del SEJUP, junto a otros integrantes de la conducción, representa un quiebre irreversible en la estructura del sindicato. La exdirigente denunció que el gremio atraviesa una parálisis total, que su cúpula ha optado por el silencio frente al ajuste salarial y el deterioro de las condiciones laborales, y que existe un marcado alejamiento con la base trabajadora.

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“No podíamos seguir siendo parte de una organización que decide no pronunciarse en un contexto tan complejo”, aseguró Pazos, quien además reveló que ni siquiera desde su rol directivo tenía acceso a la información sobre las reuniones que la conducción mantenía con el Superior Tribunal. “Se ha instalado una lógica cerrada, sin transparencia y con nulo compromiso real con las necesidades del personal judicial”, advirtió.

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La denuncia se suma a las fuertes críticas lanzadas semanas atrás por trabajadores afiliados a la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, quienes lograron un alto acatamiento a un paro provincial, mientras que desde el SEJUP se intentaba desactivar la protesta quitando carteles e incluso presionando a compañeros, en una actitud funcional a la nueva gestión del Superior Tribunal de Justicia, presidida por María del Carmen Battaini.

El malestar, que durante años fue contenido a base de silencios cómplices, ahora explota con crudeza: denuncias de hacinamiento en juzgados, estancamiento en recategorizaciones, caída del poder adquisitivo y privilegios para sectores jerárquicos contrastan con la ausencia de una agenda gremial firme y activa.

Pazos fue contundente: “Hoy muchos trabajadores de la justicia prefieren no decir dónde trabajan por vergüenza. No es solo una cuestión salarial, es una cuestión de dignidad. No podemos ser cómplices del silencio”. Y aunque formalizó su alejamiento del sindicato, aseguró que seguirá luchando “por una justicia más ética, transparente y con verdadera representación”.

El SEJUP enfrenta ahora no solo el desafío de recomponer su conducción, sino el de reconstruir su legitimidad. La crisis dejó en evidencia que no alcanza con bombos ni con comunicados tibios: la base exige presencia, firmeza y coherencia. Y sobre todo, exige que alguien los represente de verdad.