La Justicia fueguina está atravesando un momento oscuro. Las prácticas mafiosas que los fueguinos creíamos desterradas han vuelto a instalarse en el corazón del Poder Judicial. Pero esta vez no se manifiestan solo en la connivencia con sectores de poder, sino en la persecución silenciosa, pero sistemática, de trabajadores judiciales que se atreven a ejercer sus derechos sindicales.
En lugar de acompañar o garantizar el reclamo legítimo de mejores condiciones laborales, ciertos sectores del gremialismo alineado con la nueva cúpula del Superior Tribunal han optado por reprimir, hostigar y desmovilizar a quienes piensan distinto. El accionar es tan perverso como conocido: quitar carteles de protesta, presionar a compañeros para que no adhieran a medidas de fuerza, sembrar el miedo con amenazas veladas y operar políticamente desde adentro para proteger a una gestión que, lejos de cumplir sus promesas, profundiza el deterioro institucional del Poder Judicial.
Lo que los fueguinos estan presenciando no es un simple conflicto entre gremios. Es el resurgir de una lógica mafiosa que utiliza estructuras sindicales para disciplinar, no para defender. Es la utilización del aparato gremial como herramienta de coerción interna, cuando debería ser un espacio de defensa colectiva.
Resulta alarmante que esto ocurra en un ámbito que debería ser ejemplo de legalidad, equidad y garantías. Si en la Justicia se toleran estas prácticas, ¿qué se puede esperar en otros sectores del Estado?
El silencio cómplice de algunos dirigentes y funcionarios resulta tan grave como la acción directa de quienes ejercen esta violencia institucional. Porque callar ante la persecución sindical es legitimar la represión. Es olvidar que los derechos laborales son conquistas que costaron décadas de lucha, no privilegios que se pueden negociar en pasillos de tribunales.
El Partido Judicial en su máximo esplendor, mientras en una causa que tramitaba desde el año 2001, si desde el año 2001, totalizando 23 años, a días de la jubilación de uno de los miembros de la corte y a fin del año 2024 le depositaron un regalito de navidad al ex presidente Mauricio Macri.
El TOF2 ordenó que la expresidenta se presente en cinco días hábiles en Comodoro Py para comenzar la ejecución de la pena: seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Lo expresó la presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande y referente del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Guadalupe Zamora, sobre la confirmación de la condena contra la expresidenta Cristina Fernández por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El gobernador Gustavo Melella cuestionó el fallo de la Corte Suprema de Justicia contra Cristina Fernández de Kirchner por la Causa Vialidad y su inhabilitación como candidata. Advirtió que “los argentinos y argentinas asistimos con preocupación a un momento que marcará nuestra historia democrática”.
Con una causa armada y plagada de graves irregularidades, la expresidenta había sido condenada en diciembre de 2022 por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El referente del Frente Renovador se expresó en sus redes sociales respecto al fallo judicial que puede condenar a Cristina Kirchner a prisión. Allí, defendió a la expresidenta y cuestionó a la Corte Suprema.
La posibilidad de que Cristina Kirchner pueda ser detenida la Corte movilizó al mundo sindical. Se habla de marchas y hasta paros.
Lo expresó la presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande y referente del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Guadalupe Zamora, sobre la confirmación de la condena contra la expresidenta Cristina Fernández por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Partido Judicial en su máximo esplendor, mientras en una causa que tramitaba desde el año 2001, si desde el año 2001, totalizando 23 años, a días de la jubilación de uno de los miembros de la corte y a fin del año 2024 le depositaron un regalito de navidad al ex presidente Mauricio Macri.
