
Se trata de un fallo que el país podrá apelar y está encuadrado en la demanda por la que el Estado ya fue condenado a pagar más de USD 16.000 millones por haber expropiado mal la petrolera en 2012
La Justicia fueguina está atravesando un momento oscuro. Las prácticas mafiosas que los fueguinos creíamos desterradas han vuelto a instalarse en el corazón del Poder Judicial. Pero esta vez no se manifiestan solo en la connivencia con sectores de poder, sino en la persecución silenciosa, pero sistemática, de trabajadores judiciales que se atreven a ejercer sus derechos sindicales.
En lugar de acompañar o garantizar el reclamo legítimo de mejores condiciones laborales, ciertos sectores del gremialismo alineado con la nueva cúpula del Superior Tribunal han optado por reprimir, hostigar y desmovilizar a quienes piensan distinto. El accionar es tan perverso como conocido: quitar carteles de protesta, presionar a compañeros para que no adhieran a medidas de fuerza, sembrar el miedo con amenazas veladas y operar políticamente desde adentro para proteger a una gestión que, lejos de cumplir sus promesas, profundiza el deterioro institucional del Poder Judicial.
Lo que los fueguinos estan presenciando no es un simple conflicto entre gremios. Es el resurgir de una lógica mafiosa que utiliza estructuras sindicales para disciplinar, no para defender. Es la utilización del aparato gremial como herramienta de coerción interna, cuando debería ser un espacio de defensa colectiva.
Resulta alarmante que esto ocurra en un ámbito que debería ser ejemplo de legalidad, equidad y garantías. Si en la Justicia se toleran estas prácticas, ¿qué se puede esperar en otros sectores del Estado?
El silencio cómplice de algunos dirigentes y funcionarios resulta tan grave como la acción directa de quienes ejercen esta violencia institucional. Porque callar ante la persecución sindical es legitimar la represión. Es olvidar que los derechos laborales son conquistas que costaron décadas de lucha, no privilegios que se pueden negociar en pasillos de tribunales.
Se trata de un fallo que el país podrá apelar y está encuadrado en la demanda por la que el Estado ya fue condenado a pagar más de USD 16.000 millones por haber expropiado mal la petrolera en 2012
A pesar de no ostentar expertise en el rubro, Javier Iguacel fundó una empresa dedicada a la explotación de petróleo con un capital inicial de u$s6.000 y se quedó con un negocio de u$s100 millones anuales.
Con cerca del 45% de los votos escrutados, se impuso con más del 60% de apoyo frente a Carolina Tohá
Por orden de la jueza María Cristina Barrionuevo, la Policía secuestró equipamiento informático del camarista penal Andrés Leonelli en su despacho y domicilio. La medida se originó tras una alerta internacional que detectó el almacenamiento digital de material pornográfico infantil en una cuenta vinculada al magistrado. Leonelli asegura que los archivos provienen de causas judiciales tramitadas en Ushuaia.
El diseño del frente estará a cargo de dirigentes del PJ y del Frente Renovador.
Como de costumbre con los portales de noticias porteños que buscan desinformar y elaborar noticias falsas, en este caso se tomaron en trabajo de instalar que el gobierno fueguino traslado en avión a 500 personas para apoyar a Cristina Kirchner.
El Ministro de Economía de Tierra del Fuego afirmó que en breve se abonará el Sueldo Anual Complementario y que en julio se pagarán los haberes correspondientes a junio. Las fechas serán confirmadas próximamente.
Por orden de la jueza María Cristina Barrionuevo, la Policía secuestró equipamiento informático del camarista penal Andrés Leonelli en su despacho y domicilio. La medida se originó tras una alerta internacional que detectó el almacenamiento digital de material pornográfico infantil en una cuenta vinculada al magistrado. Leonelli asegura que los archivos provienen de causas judiciales tramitadas en Ushuaia.
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A pesar de no ostentar expertise en el rubro, Javier Iguacel fundó una empresa dedicada a la explotación de petróleo con un capital inicial de u$s6.000 y se quedó con un negocio de u$s100 millones anuales.
Se trata de un fallo que el país podrá apelar y está encuadrado en la demanda por la que el Estado ya fue condenado a pagar más de USD 16.000 millones por haber expropiado mal la petrolera en 2012