La Justicia fueguina está atravesando un momento oscuro. Las prácticas mafiosas que los fueguinos creíamos desterradas han vuelto a instalarse en el corazón del Poder Judicial. Pero esta vez no se manifiestan solo en la connivencia con sectores de poder, sino en la persecución silenciosa, pero sistemática, de trabajadores judiciales que se atreven a ejercer sus derechos sindicales.
En lugar de acompañar o garantizar el reclamo legítimo de mejores condiciones laborales, ciertos sectores del gremialismo alineado con la nueva cúpula del Superior Tribunal han optado por reprimir, hostigar y desmovilizar a quienes piensan distinto. El accionar es tan perverso como conocido: quitar carteles de protesta, presionar a compañeros para que no adhieran a medidas de fuerza, sembrar el miedo con amenazas veladas y operar políticamente desde adentro para proteger a una gestión que, lejos de cumplir sus promesas, profundiza el deterioro institucional del Poder Judicial.
Lo que los fueguinos estan presenciando no es un simple conflicto entre gremios. Es el resurgir de una lógica mafiosa que utiliza estructuras sindicales para disciplinar, no para defender. Es la utilización del aparato gremial como herramienta de coerción interna, cuando debería ser un espacio de defensa colectiva.
Resulta alarmante que esto ocurra en un ámbito que debería ser ejemplo de legalidad, equidad y garantías. Si en la Justicia se toleran estas prácticas, ¿qué se puede esperar en otros sectores del Estado?
El silencio cómplice de algunos dirigentes y funcionarios resulta tan grave como la acción directa de quienes ejercen esta violencia institucional. Porque callar ante la persecución sindical es legitimar la represión. Es olvidar que los derechos laborales son conquistas que costaron décadas de lucha, no privilegios que se pueden negociar en pasillos de tribunales.
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