Polo Sur
RÍO GRANDE.- Una campaña solidaria destinada a recolectar medicamentos para asistir a vecinos que tienen dificultades para acceder a tratamientos terminó provocando una fuerte polémica política e institucional en Río Grande. El Gobierno de Gustavo Melella intervino para exigir la suspensión de la actividad, generando cuestionamientos tanto por el fondo de la decisión como por la forma utilizada para comunicarla.
La iniciativa había surgido de profesionales vinculados al ámbito de la salud y buscaba canalizar donaciones de medicamentos para personas que, producto de la situación económica, encuentran cada vez mayores dificultades para afrontar esos gastos.
La presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora, no era la organizadora de la campaña, sino que se había sumado a su difusión y acompañamiento.
Sin embargo, una funcionaria provincial intervino en el caso y dirigió hacia la concejal una intimación para que la actividad fuera suspendida.
La controversia excede la discusión sobre las condiciones sanitarias que necesariamente deben respetarse para recibir, conservar y entregar medicamentos.
El punto central pasa por determinar qué procedimiento administrativo utilizó el Gobierno provincial para ordenar la suspensión, cuál fue el fundamento jurídico de la medida y por qué la intimación fue dirigida a una autoridad electa que, según se sostiene, no era responsable de organizar la actividad.
Una decisión estatal de estas características debería encontrarse debidamente fundada, identificar la normativa presuntamente incumplida, determinar quién resulta responsable de la actividad y establecer claramente la competencia de la autoridad que dispone la medida.
Precisamente sobre esos puntos aparecen ahora los principales cuestionamientos.
La polémica adquiere mayor dimensión por el contexto en el que se produce.
Numerosas familias atraviesan dificultades para afrontar gastos cotidianos y los medicamentos constituyen uno de los componentes más sensibles del presupuesto familiar, particularmente para quienes necesitan tratamientos permanentes.
Por eso, la decisión de avanzar contra una iniciativa solidaria genera una contradicción política difícil de explicar: mientras vecinos y profesionales de la salud intentan organizar mecanismos de asistencia comunitaria, el Estado provincial responde exigiendo la suspensión de la actividad.
La discusión, naturalmente, no implica que cualquier mecanismo de distribución de medicamentos pueda realizarse sin controles. Los medicamentos requieren condiciones específicas de conservación, trazabilidad y seguridad sanitaria, que en esta campaña particularmente organizada por profesionales de la salud ya estaba garantizada.
Pero justamente por eso surge otra pregunta: ¿la respuesta del Estado debía ser simplemente impedir la campaña o correspondía trabajar con sus organizadores para analizarla y eventualmente si fuera necesarios adecuarla a las exigencias sanitarias vigentes y permitir que la ayuda pudiera continuar?
Desde el entorno de la presidenta del Concejo Deliberante remarcaron especialmente que Zamora no organizaba la campaña, sino que había colaborado con su comunicación.
El episodio plantea entonces un segundo problema: la utilización de una intimación administrativa contra una autoridad institucional sin establecer previamente, según los cuestionamientos formulados, cuál era su responsabilidad concreta respecto de la actividad cuestionada.
La controversia podría escalar fuertemente si no existe un expediente administrativo, dictamen jurídico o acto debidamente fundado que respalde la medida.
En ese caso, la discusión dejaría de limitarse a la campaña de medicamentos para convertirse en un interrogante acerca de cómo ejerce el Gobierno provincial su poder de fiscalización y cuáles son las garantías administrativas frente a una decisión estatal restrictiva.
En una provincia atravesada por problemas económicos, pérdida de empleo y dificultades crecientes para afrontar gastos esenciales, la imagen política que deja el episodio resulta particularmente sensible: vecinos intentando ayudar a otros vecinos y un organismo del Gobierno provincial ordenando detener la iniciativa.
Ahora corresponde conocer públicamente cuál fue la normativa utilizada, qué autoridad dispuso la medida, qué antecedentes administrativos existen y cuáles fueron específicamente las irregularidades detectadas.
También deberá aclararse por qué la intimación alcanzó a Guadalupe Zamora si la concejal no era organizadora de la campaña, sino una dirigente que había colaborado con su difusión de la campaña.
Porque el Estado tiene la obligación de controlar que la entrega de medicamentos se realice de manera segura, pero también tiene la responsabilidad de actuar dentro de procedimientos administrativos claros, proporcionales y legalmente fundamentados.
En Río Grande, mientras tanto, la controversia ya dejó instalada una pregunta incómoda para la administración de Gustavo Melella:
¿era realmente necesario prohibir una campaña solidaria o el Gobierno podía utilizar sus propios organismos para garantizar que esa ayuda llegara de manera segura a quienes la necesitan?
