Polo Sur
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) le solicitó al presidente Javier Milei que aclare una serie de medidas que podrían representar un "ataque a la independencia judicial" y un deterioro de la democracia. A través de un comunicado oficial firmado por nueve relatores del Consejo de Derechos Humanos, denunció graves casos de represión a la protesta social, hostigamiento a jueces y uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas federales.
“Deseamos expresar nuestra profunda preocupación por lo que parece ser un esfuerzo organizado y deliberado para hostigar y castigar a jueces en represalia por su labor judicial”, afirma el texto oficial, publicado el 11 de julio.
La denuncia internacional se originó a partir del caso de la jueza Karina Andrade, quien reportó amenazas y campañas de desprestigio en pos de liberar a 114 personas detenidas en una protesta el 12 de marzo de 2025. De acuerdo a lo que explicó, las detenciones se realizaron “sin las garantías legales necesarias”, como la falta de notificación al tribunal y omisiones sobre el lugar, la hora y el motivo de las detenciones. Además, resaltó que “el derecho a la protesta, especialmente cuando se ejerce en defensa de grupos vulnerables, es un derecho protegido constitucional y convencionalmente”.
Debido a estos hechos, las autoridades del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia anunciaron que pedirían la destitución de Andrade. Además, el vocero Manuel Adorni, escribió en redes sociales: “La justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad. Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices”.
A partir del análisis de Naciones Unidas, se identificó una campaña de desprestigio contra la jueza: “Este patrón de estigmatización abusiva y ataques ad hominem por parte del Ejecutivo [...] incluirán acoso y abuso del público", con amenazas de muerte y violencia sexual contra la magistrada. La entidad agregó que estas represalias “parece ser un ataque directo a la independencia del Poder Judicial federal y de los jueces que integran el sistema”.
También denunciaron la situación del juez Roberto Gallardo, perseguido por limitar la participación de las fuerzas federales en operativos de seguridad.
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Karina Andrade, jueza que denunció amenazas y campañas de desprestigio por liberar a 114 personas detenidas en protesta
Los expertos señalaron que estas acciones podrían constituir violaciones graves a tratados internacionales. Advirtieron que criminalizar las protestas, aplicar leyes antiterroristas contra manifestantes y perseguir a jueces genera un efecto de represión generalizada. “Los actos de violencia aislados no bastan para tachar a toda una reunión de no pacífica. Las detenciones masivas son arbitrarias y constituyen castigos colectivos”, concluye el documento.
A la espera de una respuesta, la Organización de Naciones Unidas le exige al gobierno de Javier Milei que dé a conocer sus planes para proteger los derechos civiles, garantizar la libertad de expresión y evitar represalias. Hasta ahora, el Ejecutivo no respondió y pidió prórroga para presentar su descargo.
Más casos de represión y hostigamiento
Al margen del tema judicial, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió sobre un grave deterioro de las libertades desde diciembre de 2023, con la asunción del presidente Javier Milei. El comunicado menciona en particular el uso del protocolo antipiquetes, la aprobación del DNU 70/2023, la “Ley Bases” y otras reformas legales que, según los expertos, habrían generado un escenario de represión generalizada.
Entre enero y junio de 2024, el informe registra:
Al menos 80 personas detenidas arbitrariamente.
665 heridos, algunos con pérdida de visión por balas de goma.
Ataques a 47 trabajadores de prensa.
Más de 200 personas resultaron heridas en el operativo del 12 de junio, cuando “las protestas pacíficas fueron reprimidas con gases, postas de goma, bastonazos, detenciones al voleo y maniobras policiales peligrosas”. Además, el documento señala el uso de inteligencia artificial para vigilar manifestaciones y la presencia de agentes infiltrados en marchas, un hecho que investiga actualmente el Congreso.
Pablo Grillo, el fotógrafo herido durante los incidentes en el Congreso 20250401
Pablo Grillo, fotógrafo herido gravemente en la cabeza por un proyectil disparado por Gendarmería
El organismo también puso especial atención en la represión a personas mayores que se manifiestan cada miércoles en el centro porteño. Señaló casos de golpes, quemaduras por gas pimienta y detenciones arbitrarias, incluso de personas mayores de 80 años. A modo de caso emblemático, el fotógrafo Pablo Grillo fue herido gravemente en la cabeza por un proyectil disparado por un miembro de Gendarmería.
