El gobierno argentino habilita una base regional israelí en Buenos Aires, mientras empresas de Israel y Reino Unido avanzan con la explotación petrolera en Malvinas. Silencio oficial, pérdida de soberanía y una política exterior sin precedentes.
07/07/2025
Polo Sur
La alianza entre el gobierno de Javier Milei y el Estado de Israel se profundiza con dos movimientos simultáneos y estratégicos que reconfiguran el tablero geopolítico del Atlántico Sur. Por un lado, la instalación en Buenos Aires de una base regional de cooperación en defensa e inteligencia israelí; por el otro, el avance sin obstáculos del proyecto petrolero Sea Lion, liderado por la firma israelí Navitas Petroleum en sociedad con la británica Rockhopper Exploration, sobre aguas de las Islas Malvinas ocupadas por el Reino Unido.
Según reveló la Revista Petroquímica, el proyecto alcanzará un pico de producción de 150.000 barriles diarios, consolidando la explotación de hidrocarburos en una zona en disputa de soberanía. La mayor parte de las ganancias irán a accionistas de Israel y Estados Unidos, según publicó The Telegraph.
Lo llamativo es que el gobierno argentino no ha emitido reclamo alguno. No hubo notas diplomáticas, acciones judiciales, ni declaraciones en foros internacionales. Es la primera vez desde el retorno democrático que una administración permite en silencio semejante avance sobre un territorio que la Constitución Nacional reconoce como propio.
A este contexto se suma la reciente confirmación de que Buenos Aires será sede de una nueva base regional israelí, en articulación con Estados Unidos, como parte de un acuerdo estratégico enmarcado en la idea de “alineamiento con el mundo libre”. Así lo expresaron fuentes militares argentinas y el propio embajador israelí Eyal Sela, quien calificó a la gestión Milei como un “socio estratégico”.
Todo esto ocurre sin debate público y en el más absoluto hermetismo institucional, incluso tras un nuevo 2 de abril, fecha en la que el presidente no hizo mención alguna a la cuestión Malvinas.
La pregunta es ineludible: ¿puede hablarse de soberanía cuando se cede territorio para fines militares extranjeros y se permite el saqueo de recursos naturales en manos de empresas extranjeras, sin una sola objeción del Estado?
Este nuevo esquema geopolítico, que prioriza afinidades ideológicas y económicas con potencias extranjeras, desnuda una política exterior sin defensa activa de los intereses nacionales, ni en términos diplomáticos, ni ambientales, ni históricos.
Mientras el discurso oficial invoca la "libertad", los hechos muestran otra cosa: la entrega progresiva de soberanía y la instalación de un modelo funcional a intereses foráneos. El Atlántico Sur se convierte así, una vez más, en escenario de disputas donde Argentina aparece sin voz, sin reacción y sin estrategia.
El gobierno argentino habilita una base regional israelí en Buenos Aires, mientras empresas de Israel y Reino Unido avanzan con la explotación petrolera en Malvinas. Silencio oficial, pérdida de soberanía y una política exterior sin precedentes.
La presidenta del Superior Tribunal se habría reunido con jueces que luego firmaron una resolución a favor del camarista investigado por tenencia de pornografía infantil. Se impidió el peritaje de un celular sospechado de contener pruebas sensibles. La sombra del corporativismo judicial se extiende sobre el caso.
Una escritura reveló que dos jueces de la Cámara de Apelaciones de Tierra del Fuego son socios en un emprendimiento inmobiliario. Uno de ellos, Andrés Leonelli, está imputado por tenencia de pornografía infantil; el otro, Alejandro Fernández, firmó días atrás una resolución a su favor sin haberse excusado. La evidencia contradice declaraciones de la defensa y suma un nuevo capítulo de gravedad institucional en la causa.
Tras ver al Presidente en enero, Hayden Davis movió 500 mil dólares a una billetera virtual, además, antes del lanzamiento de la moneda, envió 1.275.000 a otra cuenta. A los días, Novelli abrió las cajas de seguridad.
El fiscal Fernando Ballester Bidau pidió anular resoluciones firmadas por el camarista Alejandro Fernández, quien no se excusó a pesar de mantener una sociedad comercial con Andrés Leonelli, el juez investigado por presunta tenencia de imágenes de abuso sexual infantil. La Fiscalía reclama que se perite el segundo celular secuestrado y se conforme un nuevo tribunal.
