La presidenta del Superior Tribunal se habría reunido con jueces que luego firmaron una resolución a favor del camarista investigado por tenencia de pornografía infantil. Se impidió el peritaje de un celular sospechado de contener pruebas sensibles. La sombra del corporativismo judicial se extiende sobre el caso.
Actualidad07/07/2025
Polo Sur
La investigación penal contra el juez Andrés Leonelli, integrante de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia, por la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil, se encuentra atravesada por decisiones judiciales controvertidas y señales preocupantes de encubrimiento institucional.
Según publico AIRE LIBRE FM, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, María del Carmen Battaini, mantuvo una reunión reservada en su despacho con los camaristas Alejandro Fernández y Aníbal Acosta. Pocos días después, ambos firmaron la resolución que bloqueó el peritaje de un celular clave secuestrado a Leonelli durante los allanamientos.
El único voto en disidencia fue el del juez Daniel Sacks, quien preside la sala y no fue convocado al encuentro. La medida favorece al magistrado investigado y evita que se acceda a información potencialmente comprometedora.
La defensa alegó una supuesta pérdida de la cadena de custodia, pero no presentó fundamentos técnicos sólidos ni explicó por qué Leonelli conservaba imágenes ilegales en su teléfono personal, fuera de los canales judiciales correspondientes.
Por otro lado, trascendieron vínculos inmobiliarios entre Leonelli y Fernández, quienes compraron departamentos en un mismo emprendimiento en Ushuaia junto al exjuez Javier De Gamas Soler. Aunque se niega que sean socios, el vínculo genera serios cuestionamientos sobre la imparcialidad en las decisiones adoptadas.
En un contexto de creciente desconfianza pública hacia el Poder Judicial, este caso revela una posible red de favores y encubrimiento al interior de la Justicia fueguina, y obliga a replantear con urgencia los mecanismos de transparencia, ética y rendición de cuentas.
Con récord de semanas sin clases normales, jornadas reducidas y datos oficiales que el Gobierno provincial se niega a transparentar, Tierra del Fuego cierra uno de los peores ciclos lectivos de su historia. Mientras tanto, otras provincias como Santa Fe lograron garantizar 185 días de clases mediante acuerdos que premia EL PRESENTISMO y la continuidad pedagógica, dejando en evidencia que la crisis educativa fueguina no es inevitable, sino el resultado de decisiones políticas.
La Legislatura fueguina de Tierra del Fuego aprobó una nueva ley de acuicultura, que deroga la normativa vigente que limitaba la cría industrial de salmones en las aguas de la provincia. El proyecto fue impulsado por Melella en sociedad con los libertarios.
El reconocido militante ambientalista; pero además Doctor en Biología, licenciado en Filisofía, investigador del CONICET y docente en la UBA; tuvo una mirada crítica hacia el intento de reformar la Ley 1355 en nuestra provincia. Dijo, entre otras cuestiones, que “son proyectos que no tienen ningún tipo de justificación, salvo de grandes negociados, intentos desesperados de un sector político que ven eso, una entrada de dinero rápida y bajo ningún punto de vista, una proyección a cinco o diez años”. Además, señaló que “acá no se trata de la dicotomía conservar versus producir, sino que lo que estamos hablando son de las formas de producir”. ESCUCHÁ EL AUDIO COMPLETO DE LA NOTA
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La curva negativa con proyección ascendente de la percepción pública sobre la gestión de Gustavo Melella no es un fenómeno repentino ni producto del clima de coyuntura político nacional. Es, más bien, la consecuencia directa de una acumulación de errores, omisiones y promesas incumplidas que han erosionado cada vez más la confianza de los fueguinos sobre la propia figura del gobernador.
Mientras el Gobierno provincial da de baja pensiones del RUPE a personas con discapacidad, avanza con contratos por casi $500 millones para alquilar cuatro vehículos oficiales, profundizando un ajuste que golpea a los sectores más vulnerables.
Frente a las graves sospechas de coimas y la incautación de USD 700.000 que pesan sobre Ornella Calvete, su aval al Proceso Productivo de Celulares —rechazado por la UOM y el secretario General de ASIMRA por amenazar miles de empleos— carece de toda legitimidad. Exigir la anulación inmediata de todas las resoluciones de la exfuncionaria en la Comisión del Área Aduanera Especial, bajo la presunción de que sus decisiones fueron tomadas con fines corruptos y en detrimento de la producción nacional y la estabilidad laboral fueguina deben ser un imperativo de todos los fueguinos.
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