La presidenta del Superior Tribunal se habría reunido con jueces que luego firmaron una resolución a favor del camarista investigado por tenencia de pornografía infantil. Se impidió el peritaje de un celular sospechado de contener pruebas sensibles. La sombra del corporativismo judicial se extiende sobre el caso.
Actualidad07/07/2025
Polo Sur
La investigación penal contra el juez Andrés Leonelli, integrante de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia, por la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil, se encuentra atravesada por decisiones judiciales controvertidas y señales preocupantes de encubrimiento institucional.
Según publico AIRE LIBRE FM, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, María del Carmen Battaini, mantuvo una reunión reservada en su despacho con los camaristas Alejandro Fernández y Aníbal Acosta. Pocos días después, ambos firmaron la resolución que bloqueó el peritaje de un celular clave secuestrado a Leonelli durante los allanamientos.
El único voto en disidencia fue el del juez Daniel Sacks, quien preside la sala y no fue convocado al encuentro. La medida favorece al magistrado investigado y evita que se acceda a información potencialmente comprometedora.
La defensa alegó una supuesta pérdida de la cadena de custodia, pero no presentó fundamentos técnicos sólidos ni explicó por qué Leonelli conservaba imágenes ilegales en su teléfono personal, fuera de los canales judiciales correspondientes.
Por otro lado, trascendieron vínculos inmobiliarios entre Leonelli y Fernández, quienes compraron departamentos en un mismo emprendimiento en Ushuaia junto al exjuez Javier De Gamas Soler. Aunque se niega que sean socios, el vínculo genera serios cuestionamientos sobre la imparcialidad en las decisiones adoptadas.
En un contexto de creciente desconfianza pública hacia el Poder Judicial, este caso revela una posible red de favores y encubrimiento al interior de la Justicia fueguina, y obliga a replantear con urgencia los mecanismos de transparencia, ética y rendición de cuentas.
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El diputado es investigado por los 200 mil dólares que recibió de Fred Machado. El narcoescándalo tumbó su candidatura al frente de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y ahora lo compromete judicialmente.
El Decreto Provincial N° 2125, publicado en el Boletín Oficial N° 5911 de septiembre de 2025, dejó sin efecto la suspensión de aumentos para la cúpula del Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego. Gobernador, Ministros y Secretarios se aseguraron un incremento salarial basado en el Escalafón Profesional Universitario (EPU), mientras que a la base de la Administración Pública se la "ayuda" con una línea crediticia para refinanciar y cancelar deudas anteriores.
La candidata a senadora de Javier Milei en la Patagonia, Lorena Villaverde, aparece vinculada a causas por narcotráfico, ventas irregulares de terrenos y una detención en Estados Unidos por tenencia de estupefacientes. Su pareja es primo de Fred Machado, empresario argentino condenado por narcotráfico. El respaldo presidencial a su candidatura desató una ola de repudios dentro y fuera de La Libertad Avanza.
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