Polo Sur
La investigación penal contra el juez Andrés Leonelli, integrante de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia, por la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil, se encuentra atravesada por decisiones judiciales controvertidas y señales preocupantes de encubrimiento institucional.
Según publico AIRE LIBRE FM, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, María del Carmen Battaini, mantuvo una reunión reservada en su despacho con los camaristas Alejandro Fernández y Aníbal Acosta. Pocos días después, ambos firmaron la resolución que bloqueó el peritaje de un celular clave secuestrado a Leonelli durante los allanamientos.
El único voto en disidencia fue el del juez Daniel Sacks, quien preside la sala y no fue convocado al encuentro. La medida favorece al magistrado investigado y evita que se acceda a información potencialmente comprometedora.
La defensa alegó una supuesta pérdida de la cadena de custodia, pero no presentó fundamentos técnicos sólidos ni explicó por qué Leonelli conservaba imágenes ilegales en su teléfono personal, fuera de los canales judiciales correspondientes.
Por otro lado, trascendieron vínculos inmobiliarios entre Leonelli y Fernández, quienes compraron departamentos en un mismo emprendimiento en Ushuaia junto al exjuez Javier De Gamas Soler. Aunque se niega que sean socios, el vínculo genera serios cuestionamientos sobre la imparcialidad en las decisiones adoptadas.
En un contexto de creciente desconfianza pública hacia el Poder Judicial, este caso revela una posible red de favores y encubrimiento al interior de la Justicia fueguina, y obliga a replantear con urgencia los mecanismos de transparencia, ética y rendición de cuentas.
