Polo Sur
La aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto de Pampa Energía marca un nuevo capítulo en el desarrollo industrial argentino, pero también deja al descubierto una pregunta incómoda para Tierra del Fuego: ¿por qué una inversión de semejante magnitud nunca fue pensada para la provincia que produce el gas?
La compañía invertirá USD 2.700 millones para construir en Bahía Blanca una planta de urea granulada con capacidad para producir 2,1 millones de toneladas anuales, convirtiéndose en la mayor de América Latina y una de las más grandes del mundo.
El complejo demandará más de 3.500 trabajadores durante su construcción, generará unos 300 empleos permanentes, producirá fertilizantes para abastecer al mercado interno y exportará principalmente hacia Brasil, con un impacto económico estimado superior a USD 800 millones anuales en generación de divisas.
La paradoja vuelve a repetirse.
Mientras Tierra del Fuego produce gas natural y posee una ubicación privilegiada para transformarlo en productos de alto valor agregado, la industrialización se concentrará nuevamente a más de 2.500 kilómetros de distancia.
La planta utilizará gas proveniente de Vaca Muerta, pero el concepto es el mismo: transformar un recurso energético en una industria petroquímica capaz de generar empleo, exportaciones e innovación.
En Tierra del Fuego también existen reservas de gas, infraestructura energética y un régimen de promoción industrial que podría haber servido como plataforma para impulsar un proyecto de características similares.
Sin embargo, durante años la agenda provincial estuvo enfocada casi exclusivamente en sostener el esquema electrónico existente, sin avanzar en una estrategia de diversificación industrial vinculada al aprovechamiento de los hidrocarburos y un gobernador solo concentrado en su ombligo con la Reforma Constitucional.
La decisión de Pampa Energía demuestra que las grandes inversiones buscan previsibilidad, infraestructura y una estrategia clara de desarrollo.
Mientras otras provincias compiten por atraer proyectos de miles de millones de dólares, en Tierra del Fuego nunca se conoció un plan integral destinado a convertir el gas provincial en una industria petroquímica de escala internacional.
La producción de fertilizantes, metanol, amoníaco, hidrógeno o combustibles sintéticos aparece desde hace años en distintos estudios técnicos como alternativas posibles para agregar valor al gas fueguino.
Sin embargo, ninguna de esas iniciativas logró transformarse en un proyecto concreto de inversión.
La nueva planta generará miles de puestos de trabajo directos e indirectos durante su construcción y consolidará un nuevo polo industrial alrededor del puerto de Bahía Blanca.
La pregunta inevitable es cuántos de esos empleos podrían haberse radicado en Tierra del Fuego si la provincia hubiera impulsado una política agresiva de atracción de inversiones vinculadas al gas.
Más aún cuando el propio Gobierno provincial creó Terra Ignis con el objetivo de participar en el desarrollo energético y productivo.
Hasta el momento, esa empresa estatal no logró materializar una inversión industrial comparable con la que ahora desembarcará en Bahía Blanca.
Mientras el Gobierno nacional celebra la aprobación de un nuevo proyecto bajo el RIGI y Pampa Energía anuncia inversiones récord, Tierra del Fuego vuelve a quedar fuera de una de las transformaciones industriales más importantes de los últimos años.
La provincia continúa en declive productivo y exportando recursos naturales sin desarrollar plenamente cadenas de valor capaces de generar empleo calificado, tecnología y exportaciones de alto valor agregado.
La planta de Bahía Blanca comenzará a producir hacia fines de 2029.
Para entonces, la mayor fábrica de urea granulada de la región estará funcionando a plena capacidad.
Y en Tierra del Fuego volverá a instalarse la misma discusión de siempre: cómo aprovechar el potencial energético de la provincia antes de que las próximas grandes inversiones vuelvan a elegir otro destino.
