Polo Sur
Hay contradicciones que ya no pueden explicarse únicamente desde la lógica política. Se transforman en un problema de coherencia institucional.
El jefe de Gabinete de Tierra del Fuego, Jorge Canals, volvió a reivindicar la importancia del diálogo, los consensos y la responsabilidad fiscal en un contexto complejo para las provincias. Sin embargo, sus declaraciones chocan de frente con una de las decisiones más cuestionadas de la actual gestión: el intento de avanzar con una reforma constitucional cuyo costo estimado supera los 8.000 millones de pesos.
La contradicción es evidente.
Por un lado, el Gobierno provincial manifiesta preocupación por la caída de los recursos coparticipables, la disminución de la recaudación y la necesidad de administrar con prudencia las finanzas públicas. Por otro lado, impulsó un proceso electoral extraordinario que implicaba destinar miles de millones de pesos a una discusión institucional que no figuraba entre las prioridades urgentes de la población.
La pregunta es inevitable: ¿dónde está la austeridad que hoy se reclama?
Si la situación financiera es tan delicada como reconocen las propias autoridades, resulta difícil justificar la intención de comprometer más de 8.000 millones de pesos en una elección constituyente, mientras la provincia enfrenta problemas mucho más urgentes.
Las prioridades parecen estar invertidas.
Tierra del Fuego atraviesa un escenario económico complejo. La actividad privada se desacelera, el empleo industrial enfrenta dificultades, los comercios sufren una retracción del consumo y las cuentas públicas se encuentran bajo una fuerte presión.
En ese contexto, la sociedad espera respuestas concretas en materia de empleo, producción, infraestructura, salud, educación y seguridad.
No espera nuevas elecciones.
No espera nuevas estructuras políticas.
Y mucho menos espera que se destinen recursos extraordinarios a debates institucionales que hoy no resuelven ninguno de los problemas cotidianos de los fueguinos.
Las declaraciones de Canals también abren otro interrogante: si la preocupación central es la sostenibilidad financiera, ¿por qué el Gobierno no comenzó por revisar el propio funcionamiento del Estado?
con mas de 2.000 funcionarios políticos que a los fueguinos le cuestan mas de $5.000 millones mensuales, esta claro que las prioridades del gobierno de Melella están en otro lado.
Hasta el momento no se conocen planes integrales orientados a reducir el gasto político, racionalizar estructuras administrativas o revisar la dimensión del gabinete provincial.
Antes de pedir esfuerzos a la ciudadanía, el primer gesto debería provenir del propio Poder Ejecutivo.
La discusión sobre la eficiencia del Estado no puede limitarse a discursos ocasionales ni a cuestionar el costo de determinadas decisiones nacionales. Debe comenzar puertas adentro.
La coherencia es una condición indispensable para construir credibilidad, no resulta consistente advertir sobre la necesidad de cuidar los recursos públicos mientras simultáneamente se impulsa una convocatoria electoral multimillonaria cuya prioridad es ampliamente discutida por la sociedad.
El problema ya no es solamente presupuestario, es político. Porque cuando un gobierno reclama prudencia fiscal, pero no aplica esa misma prudencia sobre sus propias decisiones, el mensaje pierde fuerza, la ciudadanía comprende perfectamente la diferencia entre una inversión estratégica y un gasto político, y en un contexto de incertidumbre económica, cada peso que administra el Estado adquiere una importancia mayor.
Las provincias necesitan previsibilidad, sí. Pero la previsibilidad no se construye multiplicando procesos electorales ni ampliando discusiones institucionales. Se construye ordenando prioridades.
La verdadera gobernabilidad no se alcanza sumando reuniones en Buenos Aires ni construyendo consensos para nuevas reformas. Se alcanza administrando con responsabilidad, ordenando el gasto público y poniendo en el centro las necesidades reales de la gente.
Porque ninguna reforma institucional tendrá legitimidad si antes no se resuelven las urgencias económicas y sociales que atraviesan miles de familias fueguinas.
Y ninguna apelación al diálogo será suficiente si la política continúa priorizándose a sí misma por encima de las necesidades de la provincia.
