P durante un espacio de discusión sobre la condena a Cristina Fernández de Kirchner, la abogada Natalia Volosin expresó su preocupación por la inhabilitación perpetua que se le impuso. Este caso, que investiga la adjudicación de obras viales en Santa Cruz a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015, ha generado controversia debido a la falta de pruebas directas en contra de la expresidenta. Según explicó Riccobene, la acusación se centró en sobreprecios, retrasos injustificados y obras inconclusas.
La fiscalía, liderada por Diego Luciani y Sergio Mola, había solicitado una pena de 12 años de prisión por cargos de asociación ilícita y administración fraudulenta. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal N.º 2 desestimó la acusación de asociación ilícita, absolviendo a Kirchner de esa imputación. A pesar de ello, la expresidenta fue condenada a seis años de prisión efectiva y a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que, según Riccobene, implica que no podrá desempeñar funciones en el ámbito estatal por el resto de su vida.
Volosin cuestionó la proporcionalidad de la pena, señalando que “se le otorgó la máxima sanción por el fraude a la administración pública, que es de seis años”. Para la abogada, resulta contradictorio que una persona reciba una pena de prisión limitada mientras que la inhabilitación para ejercer cargos públicos se extiende de forma indefinida. “Es un despropósito”, afirmó, y argumentó que la lógica detrás de la sanción perpetua es que se considera que existe un riesgo de reincidencia.
La abogada también subrayó que esta restricción no solo afecta a Kirchner, sino que también limita la posibilidad de que sus votantes la elijan para un cargo público en el futuro. “No solo se ve afectada ella, sino también aquellos que deseen apoyarla en una candidatura”, indicó.
Volosin diferenció esta situación de otros delitos más graves, como los que atentan contra el orden constitucional, donde considera justificada una inhabilitación perpetua. “Para otros delitos, la inhabilitación debería ser por el mismo tiempo que la pena de prisión”, agregó, enfatizando que la desproporción en este caso fortalece el argumento político de la expresidenta.
